Connect with us

Economía

Lo peor no terminó: el agua y el gas están muy por debajo de la inflación, según un ánalisis de la Universidad Austral

Indicó que ahora el principal desafío que enfrenta el gobierno es lograr que las tarifas sean atractivas para la inversión y a la vez aceptables para la sociedad.

En la Ciudad de Buenos Aires todavía se ubican 53% y 37%, respectivamente, por debajo del índice general de precios, a pesar de que los ajustes fueron de 560% para el agua y 371% para el gas., según explicó el economista Carlos Belloni, investigador del Área de Economía del IAE Business School de la Universidad Austral.
En el caso de la electricidad, sí se logró superar al IPC, con el ajuste de 1.000% que se hizo desde que asumió el gobierno de Cambiemos. En el año 2015 las tarifas registraban un atraso promedio del 80% respecto al índice de precios, indicó.
Según Belloni, el principal desafío que enfrenta el gobierno es lograr que las tarifas sean atractivas para la inversión y a la vez aceptables para la sociedad, sin impactar significativamente en el salario real.
“Hace poco menos de dos años el tema de las tarifas también estaba en boca de todos los medios debido a los importantes aumentos propuestos por el gobierno. Si bien todos concuerdan con que el ajuste es algo lógico y necesario en una economía inflacionaria como la argentina, la discusión sobre cómo hacerlo y cuánto modificar sus valores sigue generando un gran debate”.
Dijo que el gobierno sigue firme en su posición intentando acercar rápidamente el valor de las tarifas al verdadero costo real de los servicios.
“Detrás de esta idea no sólo está el objetivo de mejorar la capacidad de generación de energía del país sino también el de virar hacia una visión más federalista del costo de los servicios públicos y, por supuesto, la reducción del déficit fiscal ya que los subsidios económicos representan una gran proporción del déficit y su disminución contribuiría para alcanzar la nueva meta fiscal”, sostuvo.
Belloni destacó que la principal crítica del gobierno al proyecto de la oposición fue el impacto fiscal.
El proyecto opositor proponía que las tarifas se retrotraigan a noviembre de 2017. Luego las tarifas residenciales se ajustarían en la misma medida que los hacen los salarios y las tarifas para las PyMEs lo harían en base a los precios mayoristas.
Si bien la lógica del proyecto opositor era razonable, -agregó- esto sería ideal en un contexto donde no haya subsidios importantes en los precios. En la situación actual, esta propuesta no permitiría el ajuste gradual de subsidios pretendido por el gobierno impidiendo así mejorar las cuentas fiscales y manteniendo inalterado el valor de las tarifas en términos reales.
Desde el Ministerio de Energía estimaban que la implementación de ese proyecto generaría un costo fiscal total de $170 mil millones en los próximos 2 años ($80 mil millones en 2018 y $90 mil millones en el próximo año). Según un informe del IARAF, el costo fiscal en 2018 de este proyecto sería del 0,7% del PBI, magnitud equivalente a la mitad del esfuerzo fiscal requerido para cumplir la nueva meta de déficit primario del 2,5% del PBI.
La última oferta mediadora del gobierno consistía en mantener los ajustes tarifarios pero reducir a la mitad el IVA para usuarios residenciales de servicios de electricidad, gas y agua prorrogables por doce meses. El proyecto incluía también la reducción de 27% al 12% el monto del mismo impuesto para micro, pequeñas y medianas empresas. Como consecuencia el Estado resignaría la recaudación de unos $20.000 millones.
“Finalmente el gobierno ha vetado el proyecto aprobado por el Congreso y por lo tanto, los aumentos tarifarios seguirán vigentes. El impacto del aumento de las tarifas será sin dudas importante alejando al gobierno aún más de la meta inflacionaria del 15%”, remarcó.
Dijo que el gobierno está detrás de lo que considera la causa fundamental de la inflación, a saber, el déficit fiscal. La idea del gobierno es que el impacto del ajuste tarifario sobre los precios sería sólo temporal, mientras que la reducción del déficit fiscal colaboraría con la deseada desaceleración de la inflación en el mediano y largo plazo. Recordemos el especial foco y preocupación que el gobierno tiene por el indicador de inflación núcleo el cual deja en claro la importante inercia inflacionaria aún presente.
Según el economista, el impacto social más relevante viene por el lado de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Si bien el salario real se ha venido recuperando desde el segundo semestre del 2016, en los primeros meses de este año sufrió una caída importante y todavía se ubica por debajo del inicio de la gestión del gobierno.
Subrayó que mientras que el gobierno insiste en cerrar paritarias en 15%, la inflación esperada para este año estaría en torno al 25%, nivel similar al año pasado.
“Si el ajuste de tarifas se hace efectivo, en cambio, la inflación podría estar más cerca del 30%, el doble de la meta inflacionaria. La caída del salario real en este caso sería superior al 10% siendo aún más importante en el sector informal de la economía donde el poder de negociación del salario de los trabajadores es menor.”
Concluyó que el principal desafío que enfrenta el gobierno en esta materia es lograr que las tarifas sean atractivas para la inversión y a la vez aceptables para la sociedad, sin impactar significativamente en el salario real. La continuidad de las tarifas sociales es un punto clave que el gobierno deberá mantener en agenda si desea minimizar el impacto en los sectores más vulnerables.

Continue Reading
Advertisement

Destacadas