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Lorenzino cree que el nuevo aumento del gas pone en riesgo la paz social

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, insistió con un pedido para suspender la aplicación de aumentos en las tarifas de gas, que se terminará de cocinar una vez que se haya sorteado la fase burocrática de audiencias públicas, que se desarrollan en la Capital Federal y en otros puntos del país.


El pedido de las empresas varía entre 30 y 62 por ciento, sobre facturas que ya se hicieron impagables durante este invierno. Pero Lorenzino pide suspender cualquier aumento en nombre de la “paz social”. “Se lo vamos a plantear a los funcionarios: la gente no está pudiendo pagar las boletas”, señaló.
“Si no hay responsabilidad por parte de los funcionarios, me parece que ponemos en riesgo la paz social”, alertó, aunque admitió que “el aumento ya está, porque este gobierno tomó la decisión de dolarizar la energía. Al eliminar los subsidios, el valor del gas es internacional, al valor dólar” y esto “ya produjo un aumento en los cargos fijos y en el consumo”.
“Tienen que parar la pelota, estabilizar la economía, dar previsibilidad y pensar de qué manera los servicios públicos vuelven a ser pagables la gente no puede pagar y tampoco puede achicar más”, insistió Lorenzino, junto a una feroz crítica al Gobierno: “han sido torpes, arteros, en cargar todo el costo del cuadro tarifario en la gente y no en las empresas, que tampoco hacen las inversiones que dijeron que iban a hacer”.
Más allá de los aumentos en sí, el funcionario bonaerense reiteró el pedido de que las audiencias públicas tengan carácter vinculante “para que lo que allí se debata tenga algún efecto en los cuadros tarifarios y no un mero formalismo”, habida cuenta de que, con las actuales reglas de juego, los consumidores son perjudicados.
“Como el marco de legalidad está garantizado, los lugares que uno tiene de fuga para reclamar son pocos. Nosotros los hemos explorado todo: acciones administrativas, judiciales, y nunca hemos tenido respuestas más allá de dilaciones, de medidas cautelares. Pero la discusión de fondo, que es cómo se aumentan los servicios, el gobierno la cerró y no se puede dar”, finalizó.

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