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La reforma tributaria que tiene media sanción en el Congreso prevé no solamente una menor recaudación para la nación, sino también para las provincias. En este último caso, la menor recaudación se produce vía menor recaudación de impuestos coparticipados y por reducción de impuestos provinciales. Es por ello que demandará coordinación con los gobernadores, sostienen expertos que afirman además que el déficit fiscal actual condiciona la sostenibilidad de la reforma en el tiempo, y proponen impuestos como “un IVA provincial compartido”.

Estas son algunas de las conclusiones del documento “Reforma tributaria: análisis del proyecto del PEN y recomendaciones sobre Ingresos Brutos”, elaborado por Walter Agosto, investigador principal del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC.

“El costo fiscal de la reforma tributaria será asumido por la nación, pero también por las provincias, vía menor recaudación de impuestos coparticipados o reducción de impuestos provinciales, por lo que demandará coordinación con los gobernadores” ,sostiene el informe.

Además, el déficit fiscal condiciona la sostenibilidad de la reforma a lo largo del tiempo, en función del marco de gradualidad en el que se planteó.

“El desafío de encarar una reforma tributaria no es menor, considerando que la presión tributaria rondará 33% del PBI este año, sobre la base de una estructura compleja e ineficiente, en una economía con niveles altos de informalidad. Por otra parte, el desequilibrio fiscal condiciona la propuesta y le da un carácter gradual, para que no altere el cumplimiento de las metas fiscales que el gobierno ha definido para los próximos años”, sostiene Agosto, quien además advierte que la iniciativa no incluye cambios sustantivos que simplifiquen la estructura tributaria.

Según el texto, las principales medidas incluidas en la reforma tributaria apuntan a reducir impuestos distorsivos que afectan la competitividad de la economía y a promover la generación de empleo: se baja la alícuota del Impuesto a las Ganancias corporativas en el caso de reinversión de utilidades; se reduce el plazo para la devolución del IVA; se computa lo pagado por Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias y se establece un mínimo no imponible para las contribuciones patronales (esto también apunta a reducir la informalidad). Además, se incorpora el denominado impuesto a la renta financiera y se modifica impuestos internos e impuestos a los combustibles.

Estas iniciativas de reforma tributaria se complementan con otras incluidas en el denominado consenso fiscal, donde las provincias se comprometen a reducir la incidencia de los impuestos a los ingresos brutos y sellos y a aumentar la imposición patrimonial.

En cuando a las modificaciones que las provincias deben implementar en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se vislumbra que se “reducirían los efectos distorsivos en el proceso productivo, eliminarían las aduanas internas y moderarían los regímenes de retención y percepción vigentes. Pero, no se contempla la alternativa de su reemplazo definitivo por otro impuesto más neutral”.

El documento de CIPPEC analiza diferentes variantes y aboga por “un IVA provincial compartido, que sustituya al Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

El paquete impositivo contempla medidas que apuntan a promover la inversión, dinamizar el empleo, gravar la renta financiera, preservar el medioambiente, disuadir el consumo de bienes demeritorios, y mejorar la administración tributaria. Todo esto generará efectos de diferente signo en la distribución del ingreso.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo nacional impulsa simultáneamente una reforma previsional y laboral y un nuevo marco para las relaciones fiscales entre la nación y las provincias, que tendrán que considerarse integralmente a la hora de definir los impactos distributivos en el ingreso de las personas y entre las diferentes regiones y provincias, alerta el informe.

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