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*Por Jorge Joury

La situación social está muy caldeada en el territorio bonaerense. Es una realidad que hay agitadores trabajando en las sombras para alterar el clima social. No solo a través de robos organizados a supermercados, sino que sembrando el miedo con amenazas telefónicas sobre presuntas bombas en las escuelas. En los penales bonaerenses el clima también es tenso por la superpoblación de reclusos. Hay muchas cárceles al borde del colapso donde la sirtuación puede tornarse inmanejable. Frente a este escenario, en la mañana del viernes desde el propio Servicio Penitenciario se había activado el rumor que el Ministerio de Justicia que encabeza Gustavo Ferrari, quería mandar a sus casas a 1.421 presos con el beneficio del arresto domiciliario bajo tobillera electrónica. Esto desató una verdadera tormenta en el terreno legislativo, a tal punto que desde la cartera tuvieron que salir a desmentir la versión de manera tajante. Hay quienes dicen que era un plan elaborado y que se lanzó el rumor a modo de off de récord, para medir las reacciones en el torrente sanguíneo de la política.
Sin embargo, se terminó admitiendo que lo que sí existió es una lista con 1.421 reclusos, que enfrentan procesos por delitos menores, que estarían en condiciones de obtener las salidas transitorias. Esa nómina fue elaborada por Justicia, pero no como una “recomendación”, sino como un informe que se entregó a los jueces correccionales.
“De ninguna manera el Gobierno provincial recomienda enviar presos a prision domiciliaria”, manifestaron las fuentes. Además precisaron que ese número corresponde al 2 por ciento de los reclusos del SPB que “están enmarcados en lo que dice el art 10 del Código Penal de la Nación para prision domiciliaria (enfermos, mujeres embarazadas, mujeres con hijos menores a 4 años, etc)”.
No obstante, reconocieron que se toman medidas para evitar la superpoblación carcelaria, por ejemplo la “devolución” de unos 300 reclusos extranjeros a sus países de origen, o el aval del servicio penitenciario Federal para obtener cupos que la provincia necesita de manera imperiosa, habida cuenta de que hay más de 40 mil reclusos y sólo 28 mil plazas.
Desde la oposición se dispararon todas las alarmas y reclamaron que no se aplique la medida. “El camino es prevenir el delito y construir las cárceles que faltan”, aseguró el diputado massista Ramiro Gutiérrez. Su compañero de bancada Jorge D’Onofrio sostuvo que en el Gobierno “carecen de creatividad, o tienen miedo de que se vea su pésima política en materia de reinserción social de los presos”.
“Me gustaría escuchar a Ferrari explicando si el estado de las cárceles es parte de la pesada herencia, ya que fue parte del gabinete de Scioli, o si es desidia y abandono de la actual gestión”, dijo D’Onofrio, y remató: “para que esto no pase, el que se tiene que ir a la casa es Ferrari, no los presos”.
FRASES QUE AGITAN DEMONIOS
Mientras tanto, en medio del tembladeral económico, hay sectores que apuestan a que cuanto peor mejor. Son los menos, pero colaboran en crear intrigas y agregan leña al fuego con discursos explosivos. No ayuda por ejemplo que Hugo Moyano diga que “Macri tiene ganas de rajarse”. O que Luis D’Elia agregue que ” el Presidente se tiene que ir mañana”. Tampoco que Elisa Carrió argumente que “están utilizando pibes de las villas para que saqueen” y que “en el 2001 los muertos los puso Duhalde”. Son frases altisonantes que agitan a los demonios de la desestabilización, siempre dispuestos a meter miedo en la sociedad y sacar su tajada.
El intendente de Ensenada, el ultrakirchnerista Mario Secco manifestó ” que repudio esas fantasías conspirativas de Carrió”. Y se preguntó: ” ¿Qué intendente querría suicidarse promoviendo saqueos en su propio distrito? “. El peronismo está lejos de cualquier plan conspirativo.
Pero los agitadores existen.Siempre están al acecho. La situación se hace más grave hoy , porque el narcotráfico domina muchas zonas y también pone su cuota de violencia. Cuando el país anda mal y los gobiernos sufren procesos de desgaste, siempre están los que eligen los distritos más castigados para abrir las puertas del infierno. No es casualidad que el conurbano sea elegido como el territorio para alterar la paz social. Simboliza para gran parte de la gente una suerte de Far West, con tiroteos permanentes, robos y privaciones. Allí la política durante décadas apeló al clientelísmo, manteniendo una deuda social manifiesta, difícil de reparar en el corto plazo. Con notables carencias de agua potable,vivienda digna, cloacas, pavimento y otros servicios elementales, allí se alzan decenas de villas donde viven millones de personas en la indigencia y hoy jaqueadas por la inflación. Son seres humanos condenados a la buena de Dios, porque la corrupción hizo lo suyo y los privó de lo más elemental para llevar una vida digna.
ESCENARIOS APOCALIPTICOS
Frente a este escenario, en una geografía habitada por cuatro millones de pobres, el gobierno bonaerense trabaja puertas adentro en un clima de máximo alerta para prevenir cualquier intento de alterar la paz social. María Eugenia Vidal formó un Comité de Crisis. Es una forma de estar con la guardia alta para evitar situaciones límite. Moreno, La Matanza, Quilmes, Florencio Varela, Lomas de Zamora, San Martín, Merlo, Tres de Febrero y Mar del Plata, son observadas con una lupa. Existen indicios de que los últimos brotes violentos vienen de lugares oscuros, pero más ligados a la delincuencia común. No obstante, no se descarta que se pueda desatar una ola de ataques a supermercados en las zonas mencionadas. En esa dirección, la gobernadora convocó a todos los intendentes para que le den un cuadro de situación. Luego se elaborará un plan de contención en los barrios, no solo a través del refuerzo de las partidas de comida, sino también de dispositivos de seguridad.
Vidal también es cauta a la hora de señalar a probables agitadores. Pero al igual que su ministro Cristian Ritondo, no descartan una mano negra operando en las sombras con algún tinte político. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es más frontal. Llegó más lejos advirtiendo que detrás de los grupos que promueven este delito siempre se encuentra “algún referente del kirchnerismo”. Bullrich argumentó que hay sectores que buscan generar incertidumbre y “una especie de guerra de guerrillas”, algo que por ahora suena delirante. No obstante subrayó que el Gobierno va a “actuar con autoridad” para “no dejar que se avasalle la democracia ni las instituciones”.
MISTERIOSOS GRUPOS DE WHATSAPP EN LA MIRA
Mientras tanto, en La Plata los hombres de Cristian Ritondo trabajan día y noche monitoreando el mapa bonaerense en busca de pistas. El criterio es que por ahora hay algunos episodios de eventuales saqueos, pero son confusos. Aseguran que se trataron de casos aislados y de “robos organizados”. Desde esa cartera, ya reforzaron los operativos de seguimiento para evitar que convocatorias por redes sociales que “aprovechen” la coyuntura para cometer desmanes.
Hasta el momento, durante los incidentes de Mar del Plata hubo seis detenidos. Allí se registraron una serie de ataques a comercios y supermercados que, en un primer momento, fueron catalogados como “saqueos” por los medios locales. Pero voces cercanas a la investigación aportaron que “no se trata de gente necesitada sino de individuos convocados por las redes sociales que aprovechan la coyuntura para robar”. La hipótesis por ahora se halla encuadrada en la del robo piraña. Es el más confundible con un saqueo, ya que hay participación de “mujeres con chicos y de jóvenes”.
En tanto, por el ingreso al supermercado Día % de Villa Pineral en Tres de Febrero, se logró dar con la responsable y se secuestró su celular. En Seguridad entienden que del aparato se “desprenderá datos valiosos para saber quién estuvo detrás en este hecho”. También confirmaron que la decisión tanto provincial como de la Nación es actuar en espejo y “judicializar todos los episodios”.
La investigación puso el ojo en que se detectaron grupos de WhatsApp creados “en el sur del país” que contienen celulares “de personas que viven en la provincia de Buenos Aires”. Se trata de beneficiarios de AUH y de garrafa social. Por lo que los hombres de Ritondo sospechan, es que se estarían usando bases de datos que pertenecieron al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
La metodología que se implementa cuando aparecen estos casos a través de actividades en las redes sociales, es armar inmediatamente un operativo de prevención en la zona. El protocolo de actuación contempla llegar, disuadir y restablecer el orden.
UNA RED ARMADA PARA ALTERAR EL ORDEN
En las últimas horas, Patricia Bullrich presentó dos denuncias judiciales sobre dos redes de Whatsapp . Dijo que ya tienen identificado a otro grupo que actúa en Facebook en diferentes puntos del país que no son centrales.
Una fuente confiable explicó que “hay una situación de aprovechamiento por parte de marginales, desde sectores políticos opositores al gobierno y una red armada detrás que está muy aceitada”.
Otro funcionario de alto rango advirtió que “el problema no son los piqueteros que quieren reclamar más fondos para los planes sociales, sino aquellos grupos marginales que hay detrás de ellos, pero que se tornan ingobernables”.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio habló de “saqueos de carácter delictivo”. Es decir, aquellos que sólo apuntan al robo de productos ajenos a la canasta básica alimentaria. Así, tanto Vidal como Macri diferenciaron estas situaciones de lo ocurrido durante el 2001, donde había casi un 50% de la población sumergida en la pobreza.

CALLE CALIENTE CON RECORD DE PIQUETES
Otro dato a tener en cuenta es que la calle se está poniendo muy caliente. En agosto se registraron 507 piquetes, lo que representó un “salto” de 21% respecto de julio. Con esa cifra, el 2018 se encamina a marcar un nuevo récord desde 2009, cuando la ONG Diagnóstico Político comenzó a contabilizar las protestas callejeras. En los ocho meses del año ya hubo 3.858 piquetes, contra 3.274 de igual período de 2017, un 18% más. “El 2018 se sigue perfilando para superar holgadamente la cifra de cortes del año pasado”, remarcó el informe. El año pasado cerró con 5.221 cortes de tránsito. En nueve años fueron más de 45.000.
En la Casa Rosada aseguran que esta reacción de los movimientos sociales era esperada por los coletazos inevitables de la tormenta económica. “Pero el problema no son los reclamos sino los grupos que no pueden controlar los piqueteros y que empiezan a aceitar una metodología de funcionamiento para realizar saqueos y crear un clima de intranquilidad social”, admitió una fuente confiable.
De hecho, la inquietud del gobierno ante este fenómeno delictivo llegó al extremo de ser abordado por la Mesa de Seguridad Nacional en la que participaron funcionarios de Seguridad, el Ministerio de Defensa, Justicia, la Agencia de Inteligencia Federal y la jefatura de Gabinete. En el oficialismo hay rostros de preocupación, pero recalcan que la foto está lejos de parecerse a la del 2001.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Su correo electrónico es jorgejoury@gmail.com. Si querés consultar su blogs, podés dirigirte al sitio: Jorge Joury De Tapas.

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