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“Si prosperan las subas de ingresos brutos e impuesto inmobiliario, que se habilitan en el nuevo consenso fiscal, inevitablemente se van a resentir el consumo y la actividad económica del año próximo”, dijo Fabián Tarrío, presidente de Came.

La ilusión de una reducción en la presión impositiva sobre las pymes podría durar muy poco: como las provincias resignaron recaudación en el reciente pacto fiscal firmado con la nación, muchas analizan aumentos en los tributos de recaudación propia, especialmente ingresos brutos e inmobiliario.
La primera señal de alerta llegó desde salta, que plantea elevar ingresos brutos al comercio desde la actual alícuota del 3,6% al 5% en 2018, y lo mismo en otros sectores como la construcción o la industria. se trata de un impuesto distorsivo y regresivo que el gobierno había convenido trabajar en su restricción.
pero las puertas para que aumenten están completamente abiertas. en el capítulo iii del nuevo consenso fiscal firmado a mediados del mes pasado, se establecen topes máximos de alícuotas a los ingresos brutos que en el ramo comercio y servicios están muy por encima de las actuales, y que frente a la falta de recursos, las provincias están comenzando a aprovechar.

En la sección “mayorista, minorista y reparaciones” para 2018 no se establece tope y para los años siguientes un límite del 5%, que supera ampliamente al promedio de las tasas actuales (3%-3,5%).
Para el sector “primario” e “industrial” se pone un tope del 2% disminuyendo gradualmente a 0% recién en el 2022. una tasa de 2% supera lo que aplican muchas provincias (1,5%). es el caso de salta, donde la industria se grava con 1,5% y ahora se planea arrancar 2018 en 2%.

Otro dato preocupante, indicó el organismo, es lo que sucede con el impuesto inmobiliario ya que el consenso fiscal establece que se adoptarán procedimientos y metodologías de valuación uniformes, establecidas por el organismo federal. las provincias asegurarán a la institución acceso a los registros catastrales y locales para que sea quien fije la nueva cotización, y se determine un tope de entre el 0,5% y 2% del nuevo valor.
Explicó que n estas condiciones, el año 2018 encontrará a la población con más impuesto inmobiliario y a las pymes con más presión de ingresos brutos. eso derivará inevitablemente en menos consumo, mayor costo de vida y menor actividad económica.
Ni las pymes ni la población tienen soporte para aguantar una mayor carga tributaria. la única solución de la argentina es mejorar la competitividad y eso requiere medidas fiscales que acompañen y alienten

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