por Dante Avaro
El sábado 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Entre la consagración como presidente electo, y su asunción, se abrió una brecha de 4 largos meses, fenómeno que se conoce como transición entre administraciones. Será esta la última vez que eso ocurra ya que, recientemente, por medio de una ley, se modificó esta temporalidad; pero dicha norma entrará en vigencia una vez que AMLO finalice su mandato.
Así pues, respecto de esta transición, además de los clásicos compromisos y negociaciones, parece haber habido dos fenómenos relativamente novedosos. Primero, una inusual exposición pública entre el presidente electo y el constitucional. Segundo, una instalación de la agenda del nuevo gobierno, antes de asumir formalmente el poder.
Lo primero, quizá, tenga bastante que ver con una opinión pública y audiencias más ávidas por el espectáculo, la noticia y lo instantáneo. Lo segundo implica algo mucho más profundo, que puede ejemplificarse en cuatro asuntos.
Primero, AMLO instaló audiencias públicas para tratar temas referidos a la seguridad, derechos humanos y la pacificación-reconciliación. Aunque su éxito es incierto lo relevante aquí es que se hizo durante la transición.
El segundo punto es la presión ejercida para la sanción del presupuesto en el Honorable Congreso de la Unión, jugada astuta sin lugar a duda, pero que elimina la posibilidad de echarle la culpa a la administración anterior si tiene escasez de recursos durante su primer año de gobierno.
Recientemente, los colaboradores de AMLO se han percatado de dicha escasez y lo pusieron de manifiesto en la negativa a bajar, en el futuro, el precio de las gasolinas, tema preponderante y recurrente en la campaña electoral.
El tercer asunto es la injerencia directa de AMLO en la sanción e implementación de la ley que fija topes salariales a los burócratas (empleados públicos federales), que ya comenzó a regir y cuyas consecuencias son difíciles de prever.
El cuarto aspecto novedoso de la transición entre Peña y Obrador es la implementación y ejecución de dos “consultas populares” que se denominaron Consulta Nacional Ciudadana. La primera, se desarrolló entre el 25 y el 28 de octubre y su objetivo manifiesto consistió en obtener una legitimidad “directa” del “pueblo” para proceder a cancelar el desarrollo del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). La segunda, se desarrolló los días 24 y 25 de noviembre y constó de 10 ítems, desde la creación de un tren que recorrería 500 kilómetros uniendo los principales centros turísticos-arqueológicos de la cultura Maya, hasta la propuesta de instalación de wifi en edificios y plazas públicas, pasando por becas a los estudiantes de secundaria y bachillerato.
Sobre la cuestión de las “consultas populares” por parte de AMLO, es importante advertir un fenómeno que tiene dos caras, que interactúan y que presentaré en forma de preguntas. Por un lado, qué piensa el nuevo presidente mejicano sobre la complementariedad de los mecanismos de democracia directa con la institucionalidad de la democracia representativa; por otro, qué lugar ocupará en su gestión de gobierno el conocimiento experto y los expertos (especialmente aquellas instancias de gobierno fundadas en la delegación por expertise).
Es muy difícil asir estas preguntas, aunque los hechos disponibles permiten una reflexión preliminar. Durante las elecciones federales de medio término en 2015 MORENA, el partido que abandera AMLO utilizó una estrategia de democracia directa innovadora. Implementó el mecanismo de sorteo (es este caso una tómbola) para escoger, mediante el azar, una porción de los candidatos plurinominales entre más de 3000 líderes distritales.
En las elecciones de 2018 nuevamente se utilizó la insaculación, es decir, eligieron de adentro de un saco, o bolsa, a 10 nuevos diputados seleccionados mediante el azar. Más allá de las evaluaciones que se pueden hacer del criterio descrito, hay que destacar que no hubo ningún tipo de controversias ante el Tribunal Electoral ya que se ajusta a lo establecido en el Art. 228 de la Legislación al respecto.
Algo diferente parece ser la Consulta Nacional Ciudadana, que también se aplicó en la transición. Llevada adelante con unas urnas que sólo tenían la leyenda “Transición México 2018-2024” y al parecer financiadas por MORENA, resulta un ejercicio participativo difícil de encuadrar en términos constitucionales. Pero no sólo eso. Para una gran parte de los expertos y especialistas no se ajusta si quiera a los procedimientos establecidos y dispuestos por el Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad competente en esta materia.
Sea como fuere, parece haber una compleja disposición, por parte del actual presidente mejicano, según la cual valora positivamente los mecanismos de democracia directa, pero los combina en forma ambigua con la institucionalidad de la democracia representativa. Ambigüedad que, estimo, deja impávido hasta al más redomado de los direttistas (en términos de Giovanni Sartori).
En resumen, este asunto de adelantar la agenda y, en parte, el ejercicio del poder antes de tomar el gobierno, no sólo tiene efectos sobre el próximo gobierno de AMLO, sino, intuyo, en el devenir de la propia democracia mexicana. Resulta un riesgo notable que un presidente electo aproveche las transiciones para hacer aquellas negociaciones, acuerdos y compromisos que, aun siendo onerosos, les resultan posibles, y rentables, porque todavía no son presidentes en funciones.
El adelantamiento de la agenda de gobierno de AMLO es, o bien, el resultado de una jugada magistral que nadie está viendo; o, en su defecto, se trata de una trampa que él mismo se está tendiendo. Sólo el tiempo lo dirá. Ah, y a propósito del tiempo venidero: un nuevo estudio de El Universal (26/11/2018) muestra que la aprobación del futuro presidente cayó 9 puntos entre agosto y noviembre.
