*Por Jorge Joury
Parece que el Gobierno está aprendiendo de las picardías del peronismo para hacer política. El mismo día en que la jueza electoral María Servini intervenía el PJ nacional y mientras un sector partidario se disputaba la sede histórica, el macrismo ponía en marcha su plan para expropiar terrenos y legalizar la situación de quienes habitan en villas y asentamientos. Luis Barrionuevo y José Luis Gioja peleaban a brazo partido por un edificio simbólico, sin advertir que en ese mismo instante se les estaban colando por el patio de atrás con un anuncio de neto corte popular que involucra a unos tres millones y medio de personas carenciadas. Una postal similar había ocurrido en la elección del año pasado, cuando mientras se dirimía la interna entre kirchnerismo y peronismo tradicional, Cambiemos perforaba históricos bastiones del PJ en el conurbano para ganar por primera vez en sectores marginales a los que hasta entonces nunca había accedido.
Luego de obtener en ese territorio un sorprendente caudal de votos y apelando al pensamiento del general Perón, el Gobierno ahora busca otra vuelta de rosca para consolidarse en esos sectores sociales desde una actitud simbólica muy fuerte, como es otorgar el pasaporte legal para consolidar el sueño de la casa propia.
La figura central que mueve las piezas en el tablero, es la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley y el objetivo que se persigue es la reparación para 3,5 millones de personas que desde hace años están en una situación de extrema precariedad. Ya pasó mucho tiempo desde que el macrismo desistió de su vieja idea de relocalizar las villas y adoptó el concepto menos controvertido de la urbanización. La iniciativa exhibe un gesto muy fuerte hacia las organizaciones sociales, con las que viene trabajando desde hace un año y medio en el censo de los asentamientos, y que en los últimos meses habían adoptado un mensaje francamente crítico hacia la Casa Rosada.
El vínculo de esas agrupaciones con Stanley es fundamental, ya que muchos mencionan a la funcionaria como la posible acompañante de la fórmula presidencial con Macri en el 2019, en lugar de Gabriela Michetti.
En esa dirección, ahora la Casa Rosada podrá sacar de la galera una medida ante quienes la cuestionan por "gobernar para los ricos". Mucho más después de la interminable catarata de tarifazos que repercutieron fuertemente en las clases medias y bajas, y que generaron inusuales reacciones entre los socios del radicalismo y de la Coalición Cívica.
También significa un tiro por elevación hacia el Vaticano, de donde siempre surgen versiones oficiosas sobre la preocupación del Papa por la falta de sensibilidad social del macrismo. Lentamente parece recuperarse cierta sintonía entre Macri y Francisco, quien casualmente tiene entre sus predilectas a Carolina Stanley.
Mientras el Gobierno avanza mirando hacia el 2019, la intervención del PJ nacional por parte de la jueza electoral María Romilda Servini le sube las acciones al kirchnerista sello de Unidad Ciudadana como paraguas del pan peronismo en diáspora. También le cede gentilmente a Barrionuevo el manejo de los fondos de campaña, los aportes del Estado a los partidos políticos y hasta el control de los espacios publicitarios que tendrá el PJ el próximo año en caso de presentar candidatos propios.
El escenario parece extraído de otra época. Basta con acudir al archivo para visibilizar que Servini y Barrionuevo fueron dos personajes prominentes durante el menemismo. La jueza federal –quien tiene 81 años y viene resistiendo las presiones para jubilarse– es desde hace casi tres décadas quien decide en materia electoral en el ámbito nacional. Tiene varios fallos polémicos en su haber, pero esta vez traspasó una frontera delicada.
Respondió como un relámpago a una presentación cautelar que hizo el lunes el triunviro de la CGT, Carlos Acuña, mano derecha de Barrionuevo. Servini, con gran cintura, resolvió en horas y sin dar vista ni al fiscal ni a las partes, como si hubiera alguna urgencia de por medio.
Esta situación le viene como anillo al dedo al Gobierno y aparece justo en momentos en que el PJ buscaba la unidad. Ahora vendrá una guerra judicial y la consiguiente perdida de tiempo en resolver la cuestión partidaria, mientras en Cambiemos ya están en campaña con varios cuerpos de ventaja.
Faltan catorce meses para la inscripción de alianzas electorales para la elección nacional del 2019 y entre judicialización y tramiterío resulta poco probable -o imposible- que antes de esa fecha, el partido Justicialista pueda estar normalizado. Si la intervención queda firme, no hay PJ en la presidencial algo que le sirve a Cambiemos que apuesta a -y trabaja para- que haya más de una oferta peronista.
El terremotolo político en el peronismo que desató la medida podría provocar una estampida de dirigentes hacia Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner. El fallo, además, asoma como el preludio de la intervención del PJ de la provincia de Buenos Aires, una medida que podría resultar devastadora para las aspiraciones de la oposición en las elecciones 2019.
La figura de Barrionuevo además es como una piedra en el zapato de cara a la reorganización del peronismo con el objetivo de las elecciones 2019. Su perfil está asociado a la quema de urnas en Catamarca, a la burocracia sindical y al "hay que dejar de robar al menos por dos años", su celebre frase. Para los observadores, el jefe de la CGT Azul y Blanca detona todos los puentes en medio de incipientes negociaciones en busca de la unidad del pan peronismo para disputarle el poder a Mauricio Macri. "Nadie en su sano juicio va a querer ir con el sello PJ el próximo año si la cara del partido es Barrionuevo. Su designación significa para potenciar la dispersión de los afiliados", sostienen cerca de José Luis Gioja.
La primer foto que aparece en escena es una corrida peronista hacia el kirchnerismo. Cristina se debe estar frotando las manos, ya que tiene armado el frente electoral Unidad Ciudadana sin el PJ, el sello que le cedió a Florencio Randazzo para evitar la Primaria en las legislativas 2015. La ex presidenta es además la única que le garantiza a los intendentes bonaerenses siempre necesitados de blindar la gobernabilidad en sus territorios un piso electoral del 35%. Este escenario se transforma en un negocio electoral redondo para la Casa Rosada en su aspiración de polarizar con Cristina en las presidenciales del próximo año. Sin renovación ni unidad en el peronismo, Cambiemos estaría en condiciones de alcanzar una victoria en primera vuelta. En el peor de los escenarios, y con Cristina de candidata, podría acariciar un triunfo en el balotaje.
Más allá de la posesión por la histórica sede de la calle Matheu, todos los caminos de la intervención del partido llevan a pensar en una maniobra presuntamente orquestada por la Casa Rosada. El fallo De Servini, presenta muchas aristas sospechosas. Se pierde en consideraciones políticas y hasta sociológicas, pero es lo suficientemente dañino, como para dejar al peronismo rengo en una instancia clave de cara al 2019.
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Además, fue declarado personalidad destacada del periodismo por el Concejo Deliberante de La Plata. Su correo electrónico es jorgejoury@gmail.com. Si querés consultar su blogs, podés dirigirte al sitio: Jorge Joury De Tapas.
