Carta abierta a los legisladores: ¡no condenen a muerte a los jubilados!

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*Por Jorge Joury| El gobierno de Cambiemos está por reestrenar en la cartelera política 2017, la misma película de terror que se vio durante el gobierno de la Alianza. Por rara coincidencia, aquella vez, por octubre del 2000, Patricia Bullrich, era ministra de Trabajo y en su medida más recordada e impopular, le recortó el 13 por ciento a los salarios de los trabajadores estatales y jubilados. Paradójicamente, durante ese año, también se batió el hito de personal suspendido y recorte de horas laborales. Casi 18 años después, con el acuerdo con sus aliados de la Coalición Cívica, Mauricio Macri decidió avanzar con la reforma previsional que había sido aprobada en el Senado, sin introducirle cambios y se votaría la próxima semana en la Cámara de Diputados. Esta vez, la poda para la billetera de la clase pasiva, será por 100 mil millones de pesos para tapar un agujero financiero. Es la suma anual que aconsejó el Fondo Monetario Internacional y la fórmula más cómoda que se encontró, para buscar la solución a un problema de caja. ¿No era mejor acaso, volverle a poner las retenciones a las mineras, que tienen récord de ganancias y contaminan todo a su paso?. ¿O buscar recursos en los nichos de la patria financiera?.

La quita a los jubilados, es la medida más impopular que se recuerde. La fórmula de movilidad, alcanza a más de 17 millones de personas, si contabilizamos jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH.

En lugar del ajuste semestral, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, se usará el 70% de inflación y 30% de suba de los salarios formales (Ripte). Y en lugar del aumento semestral, se aplicará por trimestre.

Para que se entienda y sin anestesia, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, se aplicará la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%. Poco más de seis puntos menos. Esto lleva a que en el inicio del cambio de ecuación, hay una merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste de los beneficios. De esta manera, para 2018 allí salta a todas luces el “ahorro” para el Estado de casi $ 100 mil millones.

Con la fórmula hoy vigente, a un haber medio de $ 10.000 le correspondería un aumento aproximadamente de $ 1.200 en marzo de 2018. En cambio, con el proyecto oficial, la mejora sería de 570. La quita de $ 630 sobre $ 1.200 es del 52,5%.

Por estos motivos, por aplicar un retroactivo que implica, además, una merma en los beneficios, los abogados constitucionalistas sostienen que el cambio es “inconstitucional”.

En la Casa Rosada asumen que la reforma abre la puerta a que los jubilados inicien nuevos juicios contra el Estado. En efecto, el oficialismo reconoce que hay argumentos jurídicos para reclamar por el ajuste sobre jubilaciones, asignaciones familiares y beneficios de la Asignación Universal por Hijo.

“Si, sabemos que pueden haber juicios por la reforma. Siempre los hay con este tipo de cambios”, manifestó un funcionario de primera línea. Por un lado, reconocen que la nueva fórmula de haberes, basada en 70% de inflación y 30% de suba de los salarios formales (Ripte), puede generar juicios ya que los jubilados pierden poder adquisitivo en comparación con la fórmula actual, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación.

Además, aceptan que hay un desfasaje ya que en marzo de 2018 los jubilados percibirán 6% menos de lo que deberían percibir con la fórmula actual. En Casa Rosada asumen que habrá reclamos justamente por esa merma, cuando se comience a aplicar el cálculo oficial.

En definitiva se modifica tanto el período como los índices de ajuste en forma retroactiva y se agrega un retraso de 5 meses.En el mismo proyecto de ley, la garantía del 82% es sobre el salario mínimo, vital y móvil y se aplicará a quienes al momento de la jubilación hayan reunido 30 años de aportes efectivos.

Actualmente esa relación es del 81,8%, por cuanto el haber mínimo es de $ 7.246 y el salario mínimo de $ 8.860. Así, cada vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, ANSeS ajustará los haberes de los alcanzados por esta garantía. Quedan excluidos los que se jubilaron por moratoria y a quienes no les correspondió el beneficio de la PBU ( Prestación Básica Universal). De aquí se infiere que quedan fuera de esta garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores que estaban activos y las pensiones por fallecimiento del trabajadores que estaban en actividad que no se calculan en base a la PBU. También los que se jubilaron con más de 65 años, compensando años de aportes.

Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 años, y recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite del retiro jubilatorio. Los estatales quedan excluidos. Las mujeres hoy tienen la opción de jubilarse a partir de los 60, con 30 años de aportes, y pasa a ser obligatorio a los 65. Si se aprueba el proyecto, podrán jubilarse entre los 60 y 70. Y los varones la opción rige entre los 65 y los 70 años. Actualmente, la intimación del empleador sólo puede concretarse si el trabajador reúne dos requisitos: tener como mínimo 65 años y al menos 30 años de aportes.

Un reciente informe de la Asociación de abogados y abogadas laboralistas concluye además que la reforma previsional es “inconstitucional, regresiva y que vulnera los derechos humanos de los trabajadores”. Horacio R. González y Luciano González Etkin advierten que la aplicación retroactiva de la fórmula aprobada en el Senado vulnera el derecho constitucional a la movilidad jubilatoria y el derecho de propiedad, tutelados en los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. La propuesta de sustituir la fórmula de movilidad por otra incluye aplicar la nueva en forma retroactiva respecto de un período ya cumplido, casi en su totalidad (julio-diciembre de 2017). Se actualizarán los montos considerando la inflación trimestral con un rezago de seis meses.

Antes de poner la firma, los legisladores deben pensar que están condenando a muerte el futuro de los jubilados, los que se rompieron el lomo toda la vida para construir un país digno, que en vez de premiarlos, ahora los castiga a comer menos y tener menos remedios. Señores: a los que nosotros les dimos el poder del voto, hablen con sus conciencias seriamente, porque tal vez no puedan volver a salir a la calle, sin que los ciudadanos les recuerden de manera permanente quién los parió…

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Su correo electrónico es jorgejoury@gmail.com. Si querés consultar su blogs, podés dirigirte al sitio: Jorge Joury De Tapas.

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