A la desaparición del joven de 22 años de Villarino, este fin de semana se sumaron los otros dos episodios fatales que tienen a la Policía Bonaerense como protagonistas.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un comunicado en el que alertó sobre la profundización durante el aislamiento obligatorio de las prácticas “violentas, arbitrarias y crueles” que perduran de manera estructural en la Policía Bonaerense y pidió revertirlas con urgencia y garantizar investigaciones transparentes.

Este fin de semana, a la desaparición de Facundo Castro Astudillo, el joven de 22 años que partió de Pedro Luro hasta Bahía Blanca a dedo pero nunca llegó a destino, se sumó un caso de presunto gatillo fácil en La Matanza y la muerte de un detenido en un calabozo de una comisaría de Chascomús y en todos los casos La Bonaerense está en el centro de las sospechas.

“Estos hechos que se conocieron en las últimas horas significan una alerta máxima sobre el accionar de la Policía Bonaerense, en un contexto en el que aún no hay noticias de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich y la misma fuerza policial acaba de ser apartada de la investigación por principal sospechosa”, señalaron desde la CPM.

De acuerdo al organismo oficial, en junio la Policía Bonaerense produjo la muerte por uso de la fuerza de una persona cada 40 horas, es decir de un total de 18 en el mes. Las cifras son preocupantes y se agravan mirando los detalles.

“La mayoría fueron varones, jóvenes y pobres. La cifra está en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel”, agregaron desde la CPM.

Por eso, reclamaron “que en estos y cada uno de los casos de asesinatos que involucren a agentes de la Policía Bonaerense, la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, que permita esclarecer cada uno de los crímenes, apartando a la fuerza policial de todo el proceso”. Esto por ejemplo ya ocurrió en la causa que investiga la desaparición de Facundo Castro.

Además, el organismo recordó que no sucedió “en hechos graves producidos durante la cuarentena como el homicidio de dos jóvenes en San Nicolás, o las torturas de jóvenes en Punta Indio y Mar del Plata, entre otros”.

“Preocupa que la falta de disposición de desafectaciones preventivas, en muchos casos, se expliquen desde la imposibilidad de tomar declaración a los policías afectados con motivo de la cuarentena”, dijeron.

Al mismo tiempo, advirtieron “el Ministerio de Seguridad bonaerense debe asumir la responsabilidad de esta política que, exaltando la centralización del mando policial y la gestión violenta de los territorios, provoca graves violaciones de derechos humanos”. Un llamado de atención al ministro Sergio Berni.

“Es imperioso revertir con urgencia estas políticas, apartar a aquellos agentes sospechados de estos crímenes y garantizar la no repetición de estos hechos. No hacerlo, solo garantiza la impunidad y habilita este accionar”, cerraron.

Rodrigo Gauna