La semana próxima vence el decreto que congeló por 90 días el precio de los combustibles y del barril de crudo y el Gobierno ya tiene la decisión tomada de no prorrogarlo.

Los empresarios están a la espera de que venza la norma para definir nuevos aumentos de precios, ya que todavía mantienen un retraso en torno al 15%, coinciden en el sector. En diciembre, de hecho, la secretaría de Energía dispondrá un nuevo aumento de impuestos (otro 6%) que se trasladará a los surtidores, pero podría haber antes otra suba de las naftas entre 4% y 5%, dijeron fuentes de la industria.

Del último aumento del 5%, dispuesto a partir del 31 de octubre, casi 1% correspondió a una suba de impuestos (treparon 6%) y el otro 4% “se repartió entre los biocombustibles y las petroleras. Sería lógico que aumenten algo más para compensar a productores y refinadores y en diciembre vuelvan a ajustar el impuesto”, señalaron desde la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha).

Una vez vencido el decreto, será YPF la que tendrá que mover primero sus fichas, como lo viene haciendo en el último año. Si la petrolera estatal avanza con un nuevo incremento antes de diciembre, el resto (Axion y Raízen) seguirá sus pasos.

Si bien hubo varios aumentos en el año, estuvieron muy por debajo de la inflación y más aún de la devaluación. Mientras que en enero el litro de la nafta súper costaba, en Capital Federal, $ 38,60, hoy se ubica en $ 47,79, es decir que aumentó 24%, cuando el dólar subió más de 60% y la inflación se proyecta en 55% para todo el año.

El congelamiento del precio de los combustibles y el barril por 90 días, dispuesto como parte del paquete de medidas pos PASO, generó una fuerte resistencia por parte del sector petrolero y de los gobiernos provinciales, que se presentaron ante la Justicia con diversos amparos. La primera firma que actuó fue Vista Oil & Gas, cuyo CEO es Gastón Remy, pero luego le siguieron las otras, que presentaron, a través de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), una demanda en reclamo de la inconstitucionalidad de la norma.

Melisa Delgado Niglia