Cuatro de cada diez establecimientos comerciales y de servicios en la Provincia de Buenos Aires no adhieren a la ley que determina la obligatoriedad de aceptar el pago con tarjeta.

Por ese motivo, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) intensifica las acciones de control en distintos puntos del territorio para verificar que los negocios cumplan con la legislación vigente.

La fiscalización abarca rubros como el gastronómico, hotelería, esparcimiento, turismo y comercio minorista ya que, de acuerdo al organismo, el 40% de los locales habilitados no ofrece a los consumidores todos los medios existentes para saldar una compra.

Según la normativa, los contribuyentes que vendan o presten servicios a consumidores finales, en forma habitual, deben aceptar como forma de pago las tarjetas de débito o medios equivalentes. Para ello, tienen que contar con terminales electrónicas de punto de venta (POS, MPOS, PIN PAD, otros métodos o dispositivos). La obligación rige para todas las operaciones a partir de los $100.

Verificarán la situación en Florencio Varela

El cuerpo de fiscalizadores comunales examinará locales comerciales del distrito para comprobar la implementación del sistema que permite abonar transacciones con tarjetas de débito o crédito.

El relevamiento permitirá evidenciar el cumplimiento del artículo 10 perteneciente a la Ley 27.253: la exhibición del formulario 960D y la constancia de AFIP que informa al cliente la posibilidad de utilizar los mencionados medios de pago.

De esta manera, comerciantes, prestadores de servicios, profesionales y monotributistas deben utilizar equipos de puntos venta -denominados posnet- para sus operaciones comerciales.

La resolución alcanza a todos aquellos negocios que realicen en forma habitual la venta de bienes para consumo final, brinden prestaciones de consumo masivo, realicen obras o locaciones de cosas muebles.

Promover la adopción del método descripto para efectuar cobranzas contribuirá a descongestionar los cajeros automáticos, erradicar el circuito tanto para la compra o la venta de mercadería e insumos en negro y optimizar el control tributario.

Además, facilitará la aplicación de los descuentos estipulados por la normativa vigente para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales que utilicen sus tarjetas.