En la Argentina no existe un plan de largo plazo para el sector eléctrico, expresado en forma pública y transparente y faltan incentivos a la competencia en la generación y comercialización minorista, algo que perjudica a los consumidores.
Así lo considera la consultora Cippec, que estima que que los consumidores asumirán un costo extra de USD 2.700 millones en los próximos doce años por la forma en que el Gobierno nacional licitó nueva capacidad, a través de la Resolución 21/2016, para evitar cortes en los picos de demanda
Por caso, el Gobierno nacional continuó con la política de financiamiento, instalada en la gestión anterior, a través de contratos de compra de energía (PPA, por su sigla en inglés), para garantizar la disponibilidad de generación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) "sin explicar la racionalidad de esta modalidad", apuntó la consultora.
Se estima que ese tipo de contratos de inversión provocará que los consumidores asuman costos adicionales por USD 2.700 millones en los próximos doce años.
La estimación forma parte del documento denominado Repensar la política regulatoria ante el retiro de los subsidios por electricida", elaborado por Diego Bondorevsky, investigador principal del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC, quien resalta que "falta un estudio integral de los costos de una política de generación distribuida para identificar los cambios regulatorios necesarios.".
“Dado que los usuarios afrontarán estos costos en los próximos años, independientemente de si consumen en el pico de demanda, los contratos PPA pueden ser vistos, desde su óptica, como una deuda compulsiva y encima muy cara para todos los consumidores”, sostiene Bondorevsky.
El documento parte de una descripción de cómo evolucionó la regulación del sector eléctrico desde 1992 para luego abordar la actual coyuntura y, en particular, la de la generación eléctrica.
La privatización de la industria eléctrica argentina es un caso ponderado internacionalmente. En 2001 el país tenía un margen de reserva de potencia instalada sobre demanda máxima del 80%, que iba en aumento.
Esto da cuenta de la alta confiabilidad que tenía el sistema eléctrico. El margen de reserva cayó abruptamente a partir de 2003 por el aumento sostenido de la demanda y el estancamiento de la capacidad instalada.
Si bien ciertas intervenciones discrecionales morigeraron temporariamente los problemas de generación durante la década pasada, el margen de reserva respecto a la potencia disponible estaba en un punto crítico en 2015 cercano al 10%.
"La eliminación de los subsidios a la electricidad debe hacerse pero con un plan de largo plazo expresado en forma pública y transparente", subraya Bondorevsky, quien además llama a plantear cómo las políticas regulatorias del sector afectan a los consumidores.
"La actual política de reducción del déficit energético se enfoca en cuánto de los costos actuales se trasladan a los consumidores y no tanto en qué costos se trasladan; hay que poner la conducta del consumidor en el centro de la escena regulatoria, como principal fuente de reducción de costos y de competencia en la comercialización minorista de electricidad", enfatiza el investigador principal de CIPPEC.
"El consumidor debe dejar de ser pasivo como lo fue cuando se beneficiaba de tarifas bajas", sostiene y plantea que muchos países han liberalizado la oferta minorista de electricidad y fomentado el uso de la generación distribuida logrando una eficiencia notable en la producción de energía: los consumidores pueden generar y controlar el uso de la energía con dispositivos para eficientizar el consumo y la exportación hogareña de energía.
Por caso, Cippec sostiene que en EEUU, las nuevas tecnologías basadas en el manejo de la demanda por parte de los consumidores han podido bajar en un 90% los precios en horas picos.
En tanto, la reciente Ley 27.424 ("Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública", sancionada en diciembre último), limitada a los usuarios regulados conectados a las distribuidoras, define las condiciones para que los usuarios puedan generar energía eléctrica renovable para su autoconsumo y garantizar el libre acceso a la red de distribución cuando sea necesario. Pero no garantiza una política de Estado basada en la generación distribuida que potencie la liberalización de la oferta minorista de electricidad.
"El retorno a la Ley 24.065 ("Régimen de generación, transporte y distribución de electricidad", sancionada en diciembre de 1991) debe lograrse con incentivos a la competencia en la generación y comercialización minorista y subsidios focalizados en la demanda por capacidad de pago y voluntad de ahorro de energía de los usuarios", concluye Bondorevsky.
