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La presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Teresa García, radicó una denuncia en el Juzgado N° 3 de La Plata contra la Gobernadora María Eugenia Vidal para que sea investigada por la presunta comisión de los delitos de Usurpación de identidad, Falsificación de documentos, Lavado de activos y Violación de Secretos y Privacidad.


La presentación judicial tiene que ver con el escándalo de los aportes y aportantes “truchos” en la campaña electoral 2017 revelado por la investigación periodística de Juan Amorín. Allí se constató 476 nombres de beneficiarios de programas sociales que supuestamente habían aportado a la campaña pero que, sin embargo, aseguran nunca haber participado financieramente de ella.
Además, las mismas personas, en su mayoría habitantes de barrios humildes del conurbano bonaerense, figuran como afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires.
“La Gobernadora Vidal es la presidenta del PRO en la Provincia de Buenos Aires, un partido político que está sospechado de haber financiado su campaña electoral en 2017 con aportes y aportantes truchos. Es gravísimo porque estamos hablando de varios delitos, entre ellos lavado de activos” aseguró Teresa García.
Cabe recordar que la mandataria bonaerense fue una de las máximas responsables de la campaña bonaerense en 2017, que llevó a Graciela Ocaña y Hector “Toty” Flores como candidatos a diputados y Esteban Bullrich y Gladys González como candidatos a senadores.
“De comprobarse, está claro que Vidal no podía ser ajena a este escándalo como máxima autoridad del PRO bonaerense. Le estamos pidiendo a la justicia que investigue inmediatamente a la Gobernadora” completó la senadora con respecto a la denuncia.
Mientras tanto, la Justicia imputó en las últimas horas a los responsables de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires por las irregularidades detectadas en el financiamiento electoral, donde unas 400 personas figuran como aportantes sin saberlo. El fiscal Carlos Stornelli pidió que se investigue al ex intendente de Laprida, Alfredo Irigoin y Silvia Chabán, responsables financieros de la última campaña de Cambiemos para las elecciones de medio término del año pasado.
Frente a este cuadro de situación, el juez federal Sebastián Casanello abrió un investigación, por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito sobre los responsables financieros de la campaña de 2017 de Cambiemos, Alfredo Irigoin y Silvia Chabán.
Por el momento son los dos únicos imputados en la causa que surgió tras a la investigación periodística de Juan Amorín, en el Destape Web. Dicha investigación reveló que 476 personas que percibían planes sociales figuraban como aportantes en la última campaña política de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, con la investigación en curso, la pregunta gira en torno a quiénes podrían ser los futuros nombres que se incluyan en la causa y las miradas de la oposición se fijan en la gobernadora María Eugenia Vidal, principal figura durante la campaña proselitista, y que aún no ha hecho mención alguna sobre estas denuncias.
Por otra parte, el fiscal Jorge Di Lello recibió un informe que ratificaría las denuncias realizadas por el medio de Roberto Navarro acerca de los falsos aportantes y afiliados de cambiemos. Además se pudo comprobar que el 99,9% por ciento de los supuestos aportantes también habrían estado afiliados irregularmente al PRO.
Amorín, le habría acercado a la fiscalía 205 nombres para que el fiscal di lello los envié a la cámara electoral. En estas horas llegaron los resultados que no parecen ser para nada alentadores para el oficialismo, ya que se pudo comprobar que el 99% de los aportantes estarían afiliados al Pro, partido político que forma parte de la coalición de gobierno que compone gran parte de cambiemos.
Por ahora, este frente de la investigación preliminar podría implicar posibles delitos de violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero también a otros delitos, como falsificación de firma y/o de documento.
El fiscal de la causa, Di lello, espera también un informe realizado por la gendarmería que determina las condiciones económicas de los aportantes que va a determinar las posibilidades de estas personas de realizar aportes a una campaña electoral.

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