Un escándalo de proporciones sacude al gobierno de María Eugenia Vidal. Tiene que ver con una denuncia penal, originada en la Presidencia de la Suprema Corte bonaerense, pone en una difícil situación al Ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, por el pago de obras millonarias que nunca se realizaron.
Según dio cuenta el sitio Infocielo, el ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, y todo el gobierno de María Eugenia Vidal, sigue con preocupación el avance en los tribunales de la Provincia de una denuncia por el presunto desvío de caudales públicos que se debían destinar a obras para el Poder Judicial. La denuncia fue formulada por el propio titular de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, a instancias del fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo.
La denuncia se presentó el viernes mismo, y si no tomó estado público es por el interés manifiesto de las partes involucradas de mantenerlo a resguardo hasta el término de las elecciones de mañana domingo. Surgió luego de que la Corte constatara que una serie de cinco obras que se ejecutan a través de Infraestructura con fondos del presupuesto del Poder Judicial, se pagaron con certificados de avance de obra a pesar de que no se había colocado ni un solo ladrillo.
En el expediente se lee : “Corrobora (la Suprema Corte) que el Ministerio de Infraestructura Provincial (comitente de la Suprema Corte) se pagaron con certificado obras que que no se realizaron”.
Uno de los casos se encuentra en La Matanza. Se trata de la obra del complejo del Edificio Fuero de Familia, que se certificó en su totalidad por 11.738.945 pesos a pesar de que “las tareas no se encuentran ejecutadas”, según el informe que sustenta la denuncia. En esa obra se puede analizar el “modus operandi” del presunto desfalco al que se somete al Estado.
Los peritos de la corte informaron que “las observaciones referidas a obras complementarias son las más frecuentes y las de mayor valor, y que por sus características serían aquellas que podrían resultar pasibles de acopio”. Por ejemplo, juntas de dilatación por las que se pagaron más de 7 millones de pesos y que brillan por su ausencia.
La Corte pidió explicaciones al Ministerio de Infraestructura, que derivó la inquietud a Carlos Colombini, titular de la Dirección Provincial de Arquitectura. A Colombini se le solicitaron informes que nunca fueron respondidos, en tanto que el máximo responsable de la cartera, Roberto Gigante, contestó por escrito, aunque dejó más dudas que certezas.
El 22 de octubre, Gigante envió una comunicación en la que traslada “consideraciones que atribuye al Secretario de Obras Públicas”. El funcionario en cuestión es Guillermo Cristóbal, un hombre del círculo íntimo del Ministro, con larga trayectoria en constructoras privadas de gran porte. A pesar del vínculo, Gigante no dudó en soltarle la mano.
“Debo dejar aclarado que las razones invocadas por el Sr. Subsecretario, así como las justificaciones dadas respecto de cada una de las obras no son avaladas por mi parte y me encuentro a la espera del informe final de la auditoría encomendada al contador Carlos Colombini para tomar las decisiones correspondientes”, escribió.
También adelantó que elevó las actuaciones al Fiscal de Estado de la Provincia para que “determine la existencia de delitos de acción pública en los hechos de análisis y actuar, en su caso, en consecuencia”. Desde el Gobierno provincial admitieron que están siguiendo el tema y que también se presentaron en la Justicia para que investigue.
