En las últimas horas, la ONU denunció la existencia de un plan ejecutado por el gobierno de Juntos por el Cambio para amedrentar al Poder Judicial con actos de intimidación y presión a jueces, fiscales y al Consejo de la Magistratura: desde la manipulación de fiscales en la causa del Correo Argentino hasta el enjuiciamiento al juez Luis Arias. Por su parte, el Gobierno tiene 60 días para responder la denuncia.

El Relator Especial de las Naciones Unidas Diego García Sayan advirtió a través de un informe, que desde el Poder Ejecutivo se habría “obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial… disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.

“Teniendo en cuenta la información y alegaciones recibidas, quisiera expresar mi preocupación sobre las mismas. Los supuestos hechos incluirían presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo: la manipulación del Consejo de la Magistratura; la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales; la intimidación contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del poder ejecutivo; campañas mediáticas contra jueces y juezas, fiscales y abogados y abogadas; y los procesos de sustitución, suspensión y destitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos en los estándares internacionales, entre otras actuaciones», advierte el informe enviado al canciller Jorge Faurie,

En la denuncia, el representante de la ONU enumera las interferencias que se habrían cometido desde el Ejecutivo, como la «manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino«, en referencia al desplazamiento del fiscal penal Juan Pedro Zoni y los ataques contra la fiscal que interviene en el caso del concurso, en el expediente comercial Gabriela Boquin.

Asimismo, el informe hace referencia a los ataques hacia la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó y al juez federal Alejo Ramos Padilla, quien investiga una supuesta red de espionaje ilegal con posibles conexiones con funcionarios públicos, jueces, fiscales y periodistas.

Aparecen también las designaciones decretadas por el presidente Mauricio Macri de los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, como la «designación ilegal del juez Carlos Mahiques» en la Cámara de Casación Federal, «la designación ilegal del juez Leopoldo Bruglia» en la Cámara Federal y «ataques a jueces y abogados del fuero laboral».

Otros de los puntos de la denuncia de la ONU, fue el nombramiento en 2016 del Dr. Julio Marcelo Conte Grand como Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, función de máxima autoridad del Ministerio Público de la Provincia, incluyendo la jefatura de quienes deben investigar las denuncias contra los funcionarios del actual gobierno provincial y sus opositores.

El nombramiento de Conte Grand tuvo muchas críticas por ser un funcionario muy cercano a la gobernadora María Eugenia Vidal y al presidente Mauricio Macri.

Asimismo, el informe hace referencia a las Tarifas de Servicios Públicos. En este punto, la ONU alerta sobre aquellos magistrados que cuestionaron la constitucionalidad del aumento de las tarifas de servicios públicos esenciales dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en 2016 «fueron víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento».

Tal fue el caso del juez Luis Federico Arias, quien fue corrido de su cargo como titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, tras el fallo unánime del Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires luego de denunciar los tarifazos autorizados por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Según informaron, el gobierno nacional tiene 60 días para responder sobre las medidas adoptadas y denunciadas en la investigación de la ONU.

«A la espera de su respuesta, quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”.

LF