Un nuevo escándalo tomó estado público en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, donde se denunciaron maniobras fraudulentas con las que se incrementaron de forma irregular años de servicios de más de 70 agentes docentes y no docentes, con el objeto de acceder en forma indebida al beneficio jubilatorio.
La cartera educativa radició una denuncia penal el 3 de diciembre en la UFI 15 de La Plata, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield, aunque recién trascendió en las últimas horas. Las irregularidades se detectaron a partir de un proceso de digitalización de los trámites de certificación de servicios, entre ellos los necesarios para el beneficiario jubilatorio.
En este marco, se descubrió que 400 cargas de servicios realizadas entre noviembre 2017 y septiembre 2018, que corresponden a más de 70 agentes, no contaban con toda la documentación respaldatoria correspondiente y se habían ingresado al sistema de forma irregular.
De acuerdo a la informado por la Provincia, se detectaron "certificaciones de servicios con fechas anteriores a la creación de las escuelas y cargos declarados, y agentes sin antecedentes en los establecimientos y desconocidos por las autoridades".
Los expedientes de certificación de servicios de los más de 70 agentes se encuentran paralizados y a disposición de la justicia para su investigación.
Asimismo, los empleados de la Dirección de Escuelas involucrados en la denuncia fueron sumariados y se encuentran suspendidos preventivamente.
Cabe señalar que un docente para jubilarse debe contar con 25 años de servicio y 50 años de edad y un empleado de la Ley 10.430 tiene que tener 35 años de servicio y 60 años de edad.
En este punto, la Policía detuvo en La Plata a un hombre y una mujer que aparecen como sospechos en el expediente. De la requisa se logró el secuestro de teléfonos celulares, notebooks y documentación con membretes del Ministerio de Educación.
