Después de la represión en La Plata temen que se caliente el Conurbano

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*Por Jorge Joury

Los violentos incidentes ocurridos en La Plata tras la movilización de los obreros del Astillero Río Santiago pararon las antenas de la guardia pretoriana de María Eugenia Vidal. El ministro de Seguridad Cristian Ritondo, le puso una carga de mayor dramatismo al episodio, al animarse a asegurar que fue un intento para copar la gobernación. Por carácter transitivo, el hecho retumbó en la Casa Rosada, agitando a los fantasmas tan temidos de la conflictividad social. Tanto desde el Gobierno como de los movimientos sociales, siguieron con atención los acontecimientos. La postal de la violencia, creen que también es caldo de cultivo al clima de malestar salarial que impera en las escuelas bonaerenses. Por estas horas, la mirada intranquila de los funcionarios está puesta en otra movida que puede desmadrarse. Se trata de una marcha multitudinaria de los movimientos sociales y agrupaciones docentes prevista para la semana próxima. Va a durar dos días y partirá desde el Obelisco hasta La Plata. Para tranquilidad de los automovilistas, los organizadores han prometido dejar algunos carriles libres, tanto en las autopistas y avenidas como en la autovía 2.
Mientras tanto, el clima en el Astillero Río Santiago después de los dramáticos momentos de la represión en el centro de La Plata, es el de una caldera. El descontento, la incertidumbre por el futuro de la fuente laboral y la tensión, conforman un coctel explosivo difícil de dominar .

SUAREZ LE PUSO EL SELLO DE LA MAFIA

Las organizaciones gremiales denuncian que los contratos firmados por la gestión anterior se frenaron porque el macrismo no les dio curso, ignorando que se trata de compromisos asumidos por el Astillero y por el país. Desde la vereda del oficialismo, Federico Suárez, ministro de Asuntos Públicos y hombre de Marcos Peña, contestó con un misil que crispó más a la cúpula gremial: “Queremos que Astillero trabaje, no vamos a echar a nadie, pero no podemos permitir la mafia”. La calificación de “mafia” caló hondo y reavivó el mal clima.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas trató se apagar el fuego. “Denunciaban que al Astillero Río Santiago lo íbamos a privatizar, vender y cerrar. Ninguna de las cosas va a suceder”, garantizó.
El titular de ATE Ensenada, Francisco Banegas, respondió de inmediato: “Es importante que lo diga, sería bueno que también lo ratifique la gobernadora y que nos reciba y podamos charlar para sacar el Astillero adelante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que no haya despidos con un Astillero paralizado?. El presidente, en vez de estar trabajando en el Astillero, está de vacaciones en Salta, los gerentes en la semana van a trabajar dos días, ¿cómo hacemos si se sigue provocando con estos hechos que van sacando conceptos (códigos salariales) que tienen 30 años y que están en el convenio colectivo de trabajo?”.
Luego disparó : “Tenemos una paritaria para dialogar y la cortan ellos mismos. Eso hace que nos impulsen a la calle y hasta ahora no están demostrando que realmente no quieren despedir y que realmente quieren reactivar el astillero. Necesitamos inversión”.
Desde el movimiento sindical sostienen que a pesar de ser una empresa del Estado bonaerense, el gobierno de María Eugenia Vidal continúa bloqueando las cartas de crédito del Banco Provincia para la construcción de remolcadores y mantiene atrasada una partida para compra de insumos que estaba asignada en el presupuesto de este año.

LA SOSPECHA DE UNA PRIVATIZACION

Lo cierto es que con la asunción, hace tres meses, del nuevo titular del astillero, Daniel Capdevila, el conflicto se agravó. Fuentes sindicales argumentan que “no trajeron ningún financiamiento para continuar con las obras iniciadas, lo que tiene una intención evidente que es la de provocar que Venezuela inicie un juicio y puedan decir que otra vez el astillero no cumple”.
La fábrica se encuentra virtualmente desactivada y lo que se denuncia es que “se nota el afán privatizador del Gobierno que, mientras importa buques para la defensa nacional, avanza sobre los derechos laborales, recortando fuentes de trabajo y realizando descuentos incluso en los montos por los días de vacaciones”. Observan que un hito en ese sentido fue el decreto de diciembre de 2017 con el que Macri vetó dos artículos vertebrales de la ley para la promoción de la industria naval y la marina mercante sancionada por el Congreso. Creen que cuando el presidente Macri dijo en Mar del Plata que “al astillero habría que dinamitarlo”, mostró las verdaderas intenciones del Gobierno.
El Astillero Río Santiago tiene una rica historia. Ubicado en la localidad de Ensenada, fue creado en 1953 por el gobierno de Juan Domingo Perón, junto con Fábricas Navales del Estado. En sus talleres nacieron en los años 50 algunos símbolos nacionales como las fragatas Azopardo, Piedrabuena y Libertad, junto con buques de guerra y mercantes. Pero también hay que anotar el techo del Estadio Único de La Plata, las columnas de iluminación de la cancha de Gimnasia y las turbinas de Yaciretá, entre otros trabajos.
Durante la última década, el astillero se posicionó como motor de la industria naval argentina y se consolidó en el mercado naviero internacional. Quedó demostrado con la fabricación de cinco buques graneleros para una empresa alemana de 27 mil toneladas de porte bruto realizadas en esa planta industrial, y con la construcción –que quedó trunca tras el triunfo de Cambiemos– de los buques petroleros Eva Perón y Juana Azurduy luego de un contrato firmado con la Venezuela de Hugo Chávez. “A los dos barcos les falta el toque final, un diez por ciento, pero es evidente que el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal no tienen intenciones de entregarlos al presidente Nicolás Maduro”, explicaron en su momento trabajadores y dirigentes gremiales .

TEMEN UN COLETAZO EN EL CONURBANO

Las primeras espadas de María Eugenia Vidal temen que la mecha encendida de este conflicto, pueda tener un coletazo por el Conurbano bonaerense. Allí también la situación es compleja y las necesidades crecen con el correr de los días por la falta de trabajo y las changas. La pobreza está pegando con rigor frente a la recesión y el ajuste. Los comedores y merenderos se ven cotidianamente desbordados. Las autoridades siguen con atención los reclamos de las organizaciones sociales. Se comenta que frente a este escenario, el gobierno nacional dará en octubre un aumento para los planes sociales. Pero hoy nada alcanza. El dirigente social, Daniel Menéndez fue terminante para describir la situación: “Siempre dijimos que antes de discutir diciembre hay que sentarse en septiembre”.
Menéndez, es la voz cantante de Barrios de Pie, una de las organizaciones con diálogo cordial la ministro de Desarrollo Social, Carolina Stanley. No obstante, a la hora de analizar la situación Menéndez es pesimista. “Lo que quieren hacer, no se puede”, resume en referencia al ajuste impulsado por la Casa Rosada.
Sostiene que “el estallido social tiene una particularidad: no se puede prever”. Desde su análisis, “ajuste, más inflación imparable, más devaluación, recesión y baja del consumo, sumados a la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), conforman un cóctel explosivo. Nos quieren dar una aspirina para una enfermedad terminal”, asegura.

UN AUMENTO QUE NO ALCANZA

En la Casa Rosada están tomando nota de todo. Macri ya reconoció un aumento en la pobreza por la devaluación y la altísima inflación que se verá reflejado en el próximo índice del INDEC, previsto para el mes que viene.
Frente a este escenario, en octubre se dará un aumento en los planes sociales, que abarcan a unos 400 mil beneficiarios. Se irá de $5.500 a $5.750 para terminar a fin de año en $6.000.
Para los dirigentes barriales es insuficiente. Fue parte de lo que se discutió en la última reunión formal, hace poco más de un mes, entre Stanley y su viceministro Carlos Pedrini y los dirigentes Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán; Esteban Castro, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Mariela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha, además de Menéndez.
Las autoridades reconocen que la situación es crítica porque también se frenaron las pequeñas obras en los municipios, como recambio de luminarias, que eran costeadas con fondos locales y encaradas por cooperativistas y cuyo presupuesto ahora se destina a alimentos o subsidios de emergencia. Hay cierto retraso además en el presupuesto que destinan Nación y Provincia de Buenos Aires.
Para el próximo año tampoco hay augurios de recuperar el optimismo. El presupuesto que se empezará a discutir en el Congreso el mes próximo incluye recortes –aunque menores en comparación con otros ministerios– en Desarrollo Social, justo en época de campaña. Y hay duda en torno a las transferencias alimentarias a las provincias.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Su correo electrónico esjorgejoury@gmail.com. Si querés consultar su blogs, podés dirigirte al sitio: Jorge Joury De Tapas.

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