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El tema de la inseguridad también mostró en las últimas horas otra postal de una dramática realidad. Según un informe del Ministerio de Seguridad Bonaerense, en las seccionales policiales de la Provincia hay capacidad para albergar a 1.003 presos, pero en la actualidad hay 3.773 detenidos, es decir, “un excedente del 276, 2 por ciento”.


La comprobación la realizó el Ministerio de Seguridad bonaerense, en el marco de una serie de clausuras de calabozos en comisarías platenses, por hacinamiento de detenidos y las pésimas condiciones en que se encontraban sus estructuras edilicias.
El documento oficial se elaboró en respuesta a un pedido de la jueza Liliana Torrisi, del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, que había iniciado una causa por la superpoblación de personas privadas de la libertad en la seccional octava, de las calles 7 y 74.
En ese informe se da cuenta que la orden de clausura de ese establecimiento “no habría sido cumplida en tiempo y forma, por lo que, con fecha 11 de abril pasado, decidió denunciar ‘la flagrante comisión del delito de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público’ ante la fiscalía que se encontraba en turno, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo”.
Las fuentes indicaron que la orden de clausura y desalojo había sido comunicada a la Jefatura Departamental La Plata; al propio Ministerio de Seguridad; a la Gobernadora, María Eugenia Vidal; a la Subsecretaría de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad de la Suprema Corte y al Comité Permanente de Seguimiento Departamental.
Se explica además que “la jueza Torrisi, al constatar la falta de colchones ignífugos y matafuegos en la comisaría octava, entre otras graves falencias e irregularidades, con cables a la vista, que le impedían contar con ‘las condiciones mínimas de habitabilidad para la detención de personas, sin luz natural y escasa ventilación’, había dispuesto, el 27 de diciembre de 2017, que ‘se arbitren los medios para se proceda a trasladar a la totalidad de los detenidos a otras dependencias, sean policiales o carcelarias’”..
Posteriormente se señala que “sin embargo, meses después, la respuesta que llegó desde la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales del Ministerio de Seguridad, con una nota firmada por el comisario Francisco Hernán Pintos y el subcomisario Cristian Silva, desnudó una cruda realidad: ‘Las plazas habilitadas para el alojamiento de personas privadas de la libertad en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires resulta ser un total de 1.003, con una cantidad de detenidos existente de 3.773’, que al día de ayer se redujeron a 3.754, según indicaron los voceros consultados.
Luego se indica que “Ante la situación descripta y al anoticiarse de que no sólo no se habían clausurado ni refaccionado los calabozos, sino que se aumentó la cantidad de detenidos, la jueza Torrisi volvió a ordenar la clausura de la octava e impulsó la denuncia penal”.
Se recuerda finalmente que “Hace una año, la magistrada había adoptado una medida similar en la comisaría segunda, de 38 entre 8 y Plaza Olazábal de La Plata”, que “tiene una capacidad para 11 presos, pero había 24, una ‘superpoblación que generaba condiciones infrahumanas’”.

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