Diputados aprobó la ley que castiga la corrupción empresaria

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El proyecto penaliza a personas jurídicas que cometan delitos contra la Administración pública.

El Frente Renovador y el bloque Justicialista acompañaron al oficialismo.

La Cámara de Diputados convirtió en ley por amplia mayoría el proyecto que castiga los actos de corrupción cometidos por empresas.

El proyecto recibió apoyo del Frente Renovador y del bloque Justicialista, luego de haber pasado por el Senado donde se introdujeron numerosos y profundos cambios al texto original.

La iniciativa fue aprobada por 144 votos a favor, seis en contra y 31 abstenciones, del Frente para la Victoria-PJ y un integrante del bloque Justicialista, el pampeano Gustavo Fernández Mendía.

De esta forma los se castigarán los delitos contra la administración pública cometidos por empresas de capital nacional o extranjero. Puntualmente, se penalizarán los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances.

Las multas van de dos a cinco veces el beneficio obtenido de manera ilícita; la suspensión total o parcial de actividades -con un máximo de diez años-; la prohibición por diez años de participar en concursos o licitaciones estatales; y la disolución de la personería gremial cuando hubiese sido creada al solo efecto de delinquir, entre otras sanciones.

El proyecto aprobado establece además que la persona jurídica deberá responder por la persona humana que hubiese cometido el delito aún cuando ésta haya fallecido.

También habilita los “acuerdos de colaboración eficaz”, donde la persona jurídica podrá comprometerse ante el Ministerio Público Fiscal a colaborar y brindar “datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el recupero del producto de las ganancias del delito”, a cambio de la reducción de la pena.

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