Dirigentes de la oposición de Quilmes denunciaron en la fiscalía de turno un hecho que identificaron como «persecución política». Según manifestaron: «Hace 20 días estábamos acompañando a una delegación de ATE por un reclamo que vienen haciendo desde enero, luego del despidos de 500 trabajadores de la municipalidad, por la reincorporación de dos delegados y una delegada de ATE», relata Eva Stolzing, del FPV-PJ. Y agrega: «Como la Justicia falló a su favor, fuimos a la dirección de personal para saber si habían sido notificados y ver de qué manera la municipalidad iba a instrumentar la reincorporación de los trabajadores».


Según contaron los presentes, entre los que se encontraban los también concejales David Gutiérrez (Polo Social) y Gabriela Fernández (GEN), tres hombres comenzaron a sacarles fotos dentro del palacio municipal. «Los compañeros de ATE hicieron una marcha al otro día y uno de los que sacaba fotos estaba uniformado en el operativo de la bonaerense custodiando el poder judicial», explicó la edil.
Por su parte, Gutiérrez aseguró que «lo tomé con naturalidad. Los había visto antes pero pensé que eran de ATE. Lo que da bronca es, justamente, naturalizar estas acciones. Nos acostumbramos a esto porque en Quilmes cuando se tuvo que reprimir, no hubo problemas; y cuando a los trabajadores les objetaron los que hacían en sus redes sociales, tampoco. El mensaje que está dando hoy la fuerza política es que tienen libertad de acción. Por eso este no es un caso aislado. Hay que estar alerta y romper con esta forma que tienen de querer neutralizarte el pensamiento».
Pese a que nadie del Gobierno local hizo mención de lo ocurrido, los concejales aseguran que la presencia de inteligencia en el municipio es algo habitual. Stolzing sostiene que «ante cada movilización al edificio municipal, la seguridad cierra todas las entradas y la gente que va a hacer algún trámite, no puede ingresar por ninguno de los accesos. Además, desde hace 15 días, en jornadas normales, las personas que entran con mochilas o carteras son requisadas por personal de seguridad o la policía».
Finalmente, la concejal pidió «que se investigue si eran miembros de la policía. Lo que queremos es saber por orden de quién estaban ahí. Hay una persecución política y queremos las respuestas del caso».

Ezequiel Bértola