El ajustazo en PAMI pone en serio riesgo la vida de miles de jubilados

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*Por Jorge Joury

Está claro que en la Argentina serán muy pocos los que tendrán una ancianidad sin sobresaltos. Hoy miles de jubilados viven una pesadilla. Es para poder abastecerse de los remedios indispensables para resguardar su calidad de vida. La dramática situación tiene que ver con que el PAMI recortó de manera brutal la cobertura de medicamentos para sus afiliados. Forma parte del plan de achicamiento del gasto público. Algunos aseguran que se profundizará,después de las elecciones de octubre. El organismo también interrumpió la provisión gratuita de anteojos, eliminó programas de prevención de enfermedades recurrentes en los adultos mayores, redujo las prestaciones de trasplantes y limitó la cantidad de alimentos que entrega a los centros de jubilados.
Como parte de la estrategia para “contener gastos” en los servicios que contrata a prestadores privados, el Instituto modificó en abril el sistema modelo de pago para las clínicas y profesionales. A nivel nacional la medida golpea a más de cinco millones de personas.La decisión fue implementada a través de la resolución 395/2017 y tuvo como correlato un ajuste de entre 22,9 y 36,9% del financiamiento para estudios diagnósticos.
Esta es la fórmula, que ha encontrado el PAMI para poner en caja a los prestadores privados y a los laboratorios, en consonancia con las políticas ordenadas desde la Casa Rosada.
LOS JUBILADOS EN RIESGO TOTAL
Pero lo que hay que apuntar, es que ese plan de recortes no solo no mejora las cuentas, teniendo en cuenta la magnitud del déficit, sino que perjudica y pone en riesgo la vida de los jubilados y pensionados. “Sentimos que nos están condenando a una muerte lenta”, coincidieron algunos de los consultados. Pusieron énfasis en casos verdaderamente dramáticos. Uno de ellos, tiene que ver con el recorte de la entrega gratuita de la bolsa calónica, con la que deben convivir 24 horas quienes fueron operados de cáncer de colon. Denunciaron que en enero, sin que medie ninguna explicación, PAMI recortó la entrega gratuita de este dispositivo de ostomía, que hace las veces de colon, al conservar los desechos biológicos. No obstante, la hija de una afiliada a la obra social explicó que la bolsa colónica cuesta entre tres y cuatro mil pesos, precio que deben abonar mes a mes junto a sus hermanos. “Una persona que trabajó toda su vida no tiene derecho a este padecimiento que pone en riesgo su vida”, señaló. También apuntaron que cada trámite es someterse a largas esperas, “donde después los empleados complican todo con cualquier excusa, porque tienen órdenes de embarrar la cancha y patear todo para adelante”.
EL SEÑOR DEL AJUSTE
Al asumir, en marzo pasado, el interventor del PAMI Sergio Cassinoti, declaró que no iba a recortar beneficios para los afiliados. Pero hoy la realidad demuestra lo contrario. Por ejemplo, un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria advierte que “las consecuencias de estos cambios para los afiliados son la disminución del acceso y de la calidad de los servicios que se ve reflejada en la dificultad para obtener turnos, el desgaste de los pacientes y el aumento del gasto de bolsillo”.
Durante el primer mes de vigencia del nuevo sistema varias clínicas privadas de La Plata,el conurbano bonaerense, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Salta recortaron la atención para los afiliados del instituto. A pocas semanas de asumir como nuevo interventor del PAMI, Sergio Cassinotti, que venía de ejercer la conducción del IOMA, firmó la resolución que modificó el modelo de financiamiento de las prácticas garantizadas a sus afiliados a través de prestadores privados. La normativa reemplazó el esquema de pago por prestación con un sistema de pago por cápita para los servicios básicos. Desde el PAMI sostienen que el cambio apuntó a simplificar procesos, aportar mayor previsibilidad en los ingresos de los profesionales y obtener un mejor control financiero de las erogaciones para mejorar la calidad de los servicios que brinda a sus afiliados.
UN PASADO OSCURO
Hay que señalar que el presidente Macri no apartó a Carlos Regazzoni, el antecesor de Casinotti en el PAMI por dilapidar 447 millones de pesos en nuevos cargos jerárquicos, como denunciaron en su momento fuentes gremiales. De hecho también fue felicitado por haber cumplido a rajatabla el primer ajuste en la mayor obra social del país. Macri le pidió la renuncia para que se enfoque en las elecciones de octubre y caminar la Provincia en la campaña. De esa manera, la gobernadora María Eugenia Vidal tuvo que cederle a su titular del IOMA, Sergio Cassinotti, otro experto en ajustes que además fue denunciado por profundizar la corrupción en perjuicio de los dos millones de afiliados que posee esa obra social. Cassinotti no es un improvisado. Quienes lo conocen sostienen que conoce al dedillo los nichos oscuros de la industria de los medicamentos, ya que dirigió la Cámara Argentina de Droguerías y Distribuidoras Especializadas. Desde hace tiempo que incursiona en la salud privada. Primero con Accord, en la Unión de Personal Civil de la Nación(UPCN) y luego en Nativus SRL, dedicada a la asistencia de prepagas, comercialización de software, equipos médicos y la organización de eventos y contratación de servicios hoteleros hospitalarios en el país o en el extranjero.
RESTRICCIONES QUE SUPERAN EL 36%
El ex viceministro de Salud de la Nación, Nicolás Kreplak, que encabeza la Fundación Soberanía Sanitaria, trazó un cuadro de situación dramático sobre la realidad en el PAMI. Señaló que “cuando este tipo de reestructuración es realizada garantizando el acceso y la calidad del servicio prestado, se puede hablar de una mejora en la eficiencia del sistema. Pero si no logra sostener estos dos parámetros (calidad y acceso), no son más que recortes presupuestarios que afectan directamente la salud y calidad de vida de la población”.
Las investigaciones que llevaron a cabo ese equipo de especialistas establecieron que, más allá del cambio de modelo, lo que se observa es un ajuste los fondos destinados a financiar esas prestaciones. Agregaron que el financiamiento para análisis clínicos de laboratorio de baja y alta complejidad se redujo 22,9 por ciento. En el módulo de ecografías el recorte alcanza al 25,4 por ciento respecto del sistema anterior y para las prácticas de radiología trepa hasta 36,9 por ciento.
Una reducción similar a la experimentada por esos prestadores de servicios se realizó a las clínicas privadas con las que trabaja el PAMI. Las empresas estiman un gasto mensual de 650 pesos por afiliado y con la nueva resolución pasarán a recibir 420 pesos. “Esto estimula una disminución de los prestadores disponibles y de los servicios que brindan. Además los que permanecen en la cartilla terminan desarrollando estrategias como la restricción de horarios de atención, la implementación de turnos cuando antes era libre demanda y el recorte de prestaciones que eran gratuitas”, agregó Kreplak.
CLINICAS QUE DEJAN DE ATENDER
En otro de sus puntos más crudos, el documento indica que en la zona norte y oeste del conurbano donde se atienden cerca de 900 mil afiliados, las clínicas privadas han dejado de atender PAMI denunciando una caída de hasta 50 por ciento de sus ingresos. Lo mismo sucede en Tierra del Fuego donde los efectores privados dejaron de dar prestaciones a los afiliados y su atención quedó únicamente a cargo del subsector público de la salud. En Salta, los kinesiólogos suspendieron la atención a afiliados del instituto denunciando que el pago se redujo a 0,57 pesos por sesión.
“Las medidas llevadas adelante por PAMI están muy lejos de contemplar las necesidades de los más de 5 millones de jubilados. Sólo parecen tener por objeto la reducción del gasto público”, señala el informe al indicar que “a esta lógica de administración–gerenciamiento que se basa en recortes de prestaciones y medicamentos así como en obstáculos en el acceso a tratamientos, subyace la idea de una salud para pocos, con un Estado que se corre de su rol de garante de derechos y que entiende al proceso salud–enfermedad como un bien sujeto a las leyes del mercado. Atrapados en esta lógica mercantil quedan los jubilados”.
El cambio también alteró a los intendentes de la Provincia que, obviamente, temen recibir menos plata de la que le facturaban al PAMI por atender a los abuelos en los hospitales locales. Pero la alarma se encendió con mayor intensidad en el casi medio centenar de alcaldes que tienen en su distrito un solo efector de salud. Es que para éstos, si el monto de la cápita no alcanza a cubrir la atención del mes, serán los municipios los que deberán afrontar el faltante. La medida también generó una ola de incertidumbre en el interior bonaerense.Uno de los distritos que más resistencia presentó es Junín. Allí el Circulo Médico decidió no adherir al convenio, ya que según la entidad, implica un recorte del 40% sobre el dinero que recibían los médicos especialistas.
TAMBIEN PEGA EN MEDICAMENTOS
También los especialistas en salud señalan que las restricciones en la cobertura de medicamentos y tratamientos redundan en un aumento del gasto de bolsillo de los adultos mayores. Entre 2003 y 2014, las políticas públicas de acceso a medicamentos y el incremento en los ingresos de los jubilados y pensionados permitieron reducir de 65 a 52 por ciento la incidencia del gasto de bolsillo en medicamentos.
Los cambios introducidos por la gestión de Carlos Regazzoni, el primer funcionario designado por Mauricio Macri como interventor del instituto, redundaron en un incremento en esos gastos.
“Los medicamentos y la atención en salud tienen una demanda demasiado inelástica. No es posible para los jubilados hacer recortes por la importancia que reviste y porque el paciente suele no tener conocimiento suficiente para elegir en qué recorta”, explicó Nicolás Kreplak al advertir sobre los riesgos.
También hay que señalar que partir de 2016, el PAMI restringió el alcance de la cobertura del 100 por ciento en medicamentos, redujo la cobertura máxima gratuita de 10 a 4 remedios y eliminó del listado más de 160 principios activos que estaban entre los más requeridos como los antiartrósicos y aquellos destinados a la prevención del deterioro cognitivo. Además, la cantidad de cajas entregadas que no tenía restricciones fue limitada a dos unidades. Si bien el Instituto contempla la posibilidad de tramitar excepciones, la Fundación Soberanía Sanitaria advierte que “esto representa una barrera para el acceso a la salud que puede llevar a que muchos jubilados y jubiladas tengan que abonar las cajas extras al verse en la necesidad de evitar el engorroso trámite por la demora que conlleva”.
Otra de las modificaciones que crea demoras de más de dos meses en las entregas, se debe al nuevo circuito de autorizaciones de los medicamentos para enfermedades crónicas como VIH, cáncer, hemofilia y trasplantes que, según advierte la Fundación.
Finalmente, en el marco del achicamiento hay que sumar el retaceo de los insumos para los afiliados diabéticos en el programa Remediar y los aumentos de precios registrados en las farmacias como consecuencia de la menor intervención estatal. En síntesis, sangre, sudor y lágrimas y largas esperas para trámites cada vez más tortuosos, conforman la telaraña en la que están atrapados injustamente los jubilados. Nuevamente son víctimas de un ajuste incomprensible y descarnado en la obra social más grande de la Argentina. La que más recauda después del ANSES y la que ha sido botín de guerra de los diferentes gobiernos.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP. Su correo electrónico es jorgejoury@gmail.com.

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