La empresa AYsa propuso al gobierno un aumento de 48% en dos tramos para el año que viene: para enero se estima un 17% y desde mayo, un 27% más. 'Primera mañana' dialogó con Walter Martello, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
"Ayer se hizo la audiencia pública como paso previo a la homologación del aumento, que si bien no es vinculante, se expresan las voces a favor y en contra", dijo Martello: "Nosotros rechazamos este aumento porque hay un contexto socioeconómico desfavorable, y AYsa es una empresa del Estado, no puede trasladar sus costos operativos a los usuarios, debe tomar otras medidas".
Además señaló que "AYsa desde 2016 aumentó casi un 600% en sus tarifas, con lo cual ya no puede alegar atrasos tarifarios, y además realizó inversiones sólo en un 172%, una cuarta parte del aumento. Creemos que este aumento no es viable".
"Hay un alto grado de situaciones vinculadas al no pago de la tarifa por el hecho de que la gente no puede hacerle frente", afirmó el defensor adjunto.
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Sobre los cortes en el servicio que son persistentes pese a los constantes aumentos, Martello dijo: "No se hicieorn inversiones", manifestó: "Los aumentos deben ir acompañados de inversiones, y tampoco hay soluciones; no hay una contemplación de los usuarios y una empresa que tiene un 95% de composición estatal debería tomar otras medidas".
"El Estado se está corriendo de la política de subsidios trasladándoles todo a los usuarios, y lo hace en un nivel que violenta el sentido común", remarcó el entrevistado: "Hay un fallo de la Corte que establece que los cuadros tarifarios propuestos tienen que tener una lógica respecto de los ingresos de la gente; está bien discutir los subsidios pero no en estos términos".
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