El Gobierno decretó reducir los trámites que deben realizar las empresas ante el Estado

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El ministro de Producción, Francisco Cabrera, anunció hoy la publicación del  decreto. Las medidas fueron elaboradas por ocho ministerios, dos organismos descentralizados y el Banco Central.

 Por medio de un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno oficializó hoy la derogación de 19 leyes y modificó otras 140, para “simplificar” las operaciones del Estado y así terminar con “los trámites excesivos”, según anunció el  ministro de Producción, Francisco Cabrera.

La medida busca reducir la cantidad de trámites que deben hacer empresas y privados ante el Estado nacional.

El decreto agrupa 170 artículos en 22 capítulos, en las áreas de gestión de ocho ministerios (Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía), dos organismos descentralizados (la AABE y la ANSES) y el Banco Central.

“Estamos simplificando el Estado para crear empleo. Estamos en guerra contra el Estado que obstruye, somos aliados de la producción. Hacer las cosas fáciles es una obsesión de este gobierno a la hora de los trámites.Cada traba o cada demora burocrática puede ser un trabajador que no consigue empleo”, afirmó el ministro.

Entre las normas se eliminó el Registro Industrial de la Nación (RIN), creado en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial y mejorar el diseño de las políticas públicas. Ese objetivo nunca se cumplió.

En el Régimen Automotor Argentino, se eliminó la necesidad de que el Presidente de la Nación autorice la instalación de nuevas terminales automotrices o si hay un cambio de dueños.

Se simplificó y se hace más rápido el proceso para obtener marcas en lo que hace a los formatos de presentación. Por ejemplo, se permite presentar dibujos digitales o fotografías. Y se podrá resolver sin ir a la justicia, en 60 días, controversias que antes podían durar entre tres y cinco años.

En cuanto  al transporte, el Ministerio propone modificaciones en las áreas de aviación comercial, puertos y tránsito y seguridad Vial.

En primer lugar, unifica la prestación de servicio de tráfico aéreo en la empresa estatal EANA (actualmente existen dos prestadores: EANA y el Ministerio de Defensa).

De esta manera, se incorporan nueve aeropuertos al sistema de control de tráfico aéreo de EANA (Tandil, El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds, Moreno, Río Cuarto, Termas de Río Hondo, Río Gallegos y Sauce Viejo).

Con respecto al tránsito y la seguridad vial, see habilita el aumento de la capacidad de los camiones y se permite el uso de los llamados “bitrenes”, formaciones compuestas por un camión y dos remolques. Estas formaciones permiten transportar más carga, ahorrar tiempo e incrementar la productividad del transporte.  En total, permiten reducir costos logísticos en más de 20%.

Además, se modifica el decreto que reglamenta la Ley de Tránsito y Seguridad Vial.

Se regula además la circulación de cuatriciclos (se los caracteriza, se le solicitan requisitos de seguridad específicos y circulación circunscripta a terrenos públicos delimitados por autoridades locales), algo reclamado durante años.

Se incorpora a la Ley vehículos eléctricos de fabricación nacional (incluye bicicleta con pedaleo asistido) y se quita exclusividad de circulación vial y preferencias de estacionamientos a funcionarios públicos tanto de nivel nacional como provincial, dado que eran privilegios injustificados.

Mientras que antes había dos licencias nacionales de conducir (una para todos y otra para conductores profesionales) emitidas por dos organismos distintos, ahora ambas se unifican en la Agencia de Seguridad Vial lo que permite cruzar bases de datos de infractores, inhabilitados, etc, mejorando el control en el proceso.

Por otro lado, se elimina la necesidad de un decreto presidencial para habilitar puertos. Actualmente, muchos puertos públicos, construidos y/o licitados por el Estado nacional, no se encuentran habilitados.

De los 31 puertos públicos existentes, sólo han sido habilitados siete. Con esta medida, se agiliza el proceso de habilitación para los puertos públicos y particulares con trámite avanzado y, para el resto, pasa a depender del Ministerio de Transporte.

En la agroindustria, un tercio de las normas sobre sanidad y calidad agroalimentaria están desactualizadas.

Son más de 50 normas que se actualizan o derogan porque ya no aplican. En este DNU se eliminan normas obsoletas como tres leyes y dos decretos que ya no tienen utilidad, algunos con fechas como 1888, 1891 o 1898, sobre enfermedades exóticas en animales o la lucha contra la plaga de langostas.

También establece que los expedientes digitales tienen la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos. Y hace obligatorio el uso de expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional, entre otras medidas.

Se deroga la Ley de Abastecimiento, de octubre de 1952, que permitía y promovía la producción agropecuaria e industrial por parte del Ejército Argentino, para que pudiera autoabastecerse en caso de un conflicto bélico. De ahora en más, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podrá decidir cuál es la mejor manera de aprovecharlos.

Se le dan además  al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo que administra los ahorros de la ANSES, herramientas e instrumentos ágiles y apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas, sin dejar de privilegiar el fin social para el que fue creado. Por ejemplo, ahora el FGS podrá crear fideicomisos.

El objetivo de esta modificación es que el FGS pueda invertir el dinero del sistema previsional con la mayor eficacia posible. Esto incluye desarrollar sistemas para expandir el programa de créditos ARGENTA, que otorgó casi cuatro millones de créditos a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares por más de 70.000 millones de pesos.

Para agilizar las licitaciones de obra pública, los llamados iniciales ya no tendrán que publicarse, además de en el Boletín Oficial de la República Argentina, también en los boletines oficiales de las provincias y/o municipios afectados. Alcanzará con el boletín oficial nacional y en el sitio web del organismo que licita. También se reducen de diez a cinco los días de anticipación para publicar licitaciones de hasta 100 millones de pesos.

A su vez, el Código Civil y Comercial establece la obligación de que las sociedades comerciales presenten de manera encuadernada sus libros contables. Se elimina esta obligación. Pueden ser reemplazados por libros digitales. Se introducen también cambios en la Ley de Sociedades para avanzar en la transparencia en línea con las recomendaciones del GAFI y la OCDE.

Los reclamos por servicio ante el Enargas podrán hacerse en cada provincia. Antes solo se podían hacer en la Ciudad de Buenos Aires.

En el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) se publican las sanciones por informalidad laboral y otros conflictos laborales. El DNU reduce la sanción de inscripción en el REPSAL a 30 días (hoy puede ser de hasta 120 días). Además, obliga al REPSAL a dar una respuesta más rápida. Esto permitirá a las empresas sancionadas regularizar su situación con más velocidad.

En el DNU se simplifican los trámites y se reducen las prerrogativas estatales ante artistas, galeristas y otros exportadores e importadores de arte. Se podrán exportar hasta quince obras de arte como equipaje acompañado, sin mayor trámite que un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura (o una licencia especial, en el caso de obras de autores muertos más de cincuenta años antes).

También se crea la Secretaría de Simplificación Productiva dentro de la órbita del Ministerio de Producción,  que tendrá el objetivo de colaborar con todas las áreas del Estado en su relación con el entramado productivo.  La nueva Secretaría intervendrá en todos los registros, reglamentos y procedimientos que afectan la vida de las empresas. El nuevo Secretario será Pedro Inchauspe.

Asimismo, a través de una resolución de la Secretaría de Comercio que incorpora el nuevo nomenclador adoptado por el Mercosur para el Comercio Internacional y reordena más de 300 posiciones arancelarias que a partir de ahora tendrán licencias más simples. La nueva nomenclatura se ajusta a la actualización internacional de posiciones arancelarias que el Mercosur adoptó recientemente. La modificación de licencias abarca a insumos difundidos como laminados de acero, aluminio semi elaborado, polipropileno, poliestireno, pvc e hilados de algodón, entre otros. Son materiales utilizados por industrias que se beneficiarán como la automotriz, de electrodomésticos, maquinaria en general y maquinaria agrícola, construcción, envases, juguetes, piezas y partes, imprenta, y tela. La medida busca favorecer la producción, mejorar la competitividad y dar previsibilidad a las industrias. La resolución no modifica aranceles para la importación.

Además de insumos para la producción, entre las posiciones que dejan de requerir licencias no automáticas se encuentran productos como patines para hielo, muebles de bambú, pesas para básculas o filtros electrostáticos que por su especificidad y baja demanda no ameritan un trámite en profundidad.

Como parte del acuerdo  con la industria de motos firmado en 2017 para aumentar la producción y el patentamiento en el país, la actual disposición incluye también el cambio de status para 5 tipos de motocicletas que podrán ingresar a través de licencias automáticas manteniendo también los aranceles acordados.

 

 

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