En el marco de su política de ajuste, el gobierno nacional dejó de pagar en los últimos tres años cerca de 127 mil pensiones por invalidez que decidió dar de baja y mantiene cajoneadas otras 51 mil que ya debería haber otorgado. De este modo, está pagando unas 178 mil pensiones menos de las que debería. A su vez, Desarrollo Social adelantó este mes que pondrá en revisión todo el sistema e incluso a asignaciones estímulos entregadas de manera vitalicia. Por lo tanto, es probable que para cumplir con el plan de déficit cero el número de beneficiarios se siga reduciendo.

Durante 2016 y 2017 el Ministerio de Desarrollo Social suspendió “preventivamente” 170.000 asignaciones hasta revisar los contratos con los beneficiarios. Esa práctica de primero cortar el pago y luego revisar la situación de la persona afectada fue frenada por la Justicia, la cual exigió la reinstauración de los beneficios. La cartera que conduce Carolina Stanley todavía no cumplió de manera plena ese fallo y solo restituyó 43.150 pensiones.

Por lo tanto, unas 127.000 personas no recuperaron su beneficio. Esos recortes se combinaron con una estrategia destinada a demorar indefinidamente el otorgamiento de pensiones. En los últimos tres años se acumularon 51.355 expedientes que siguen a la espera de una respuesta. Cuatro de cada diez solicitudes presentadas en 2018 para acceder a una pensión por invalidez quedaron sin resolver, cuando históricamente ese porcentaje fue cercano a cero.

A esta situación se suma la decisión oficial de desmontar los equipos barriales de asistencia y cerrar casi 70 oficinas de atención al público. El resultado es que cada vez menos gente inicia la solicitud. El año pasado la cantidad de solicitudes cayó un 51 por ciento, mientras que los casos aprobados se desplomaron 75,5 por ciento.

LF