Por Jorge Joury

El movimiento sindical se declaró en estado de máximo alerta. Algunos dirigentes sostienen que se está cocinando a fuego lento en el Gobierno un intento de flexibilización laboral de características más graves al de la década del 90, que fogoneó Carlos Menem. Por estas horas, no hay duda para la cúpula gremial que del modelo de reforma de concepciones neoliberales que ponga en marcha Brasil en esta materia, la Argentina lo replicará en espejo. En esa dirección, el Presidente Mauricio Macri habría dado instrucciones a sus primeras espadas de armar un mecanismo para ser implementado después de las elecciones de octubre. El objetivo es no levantar olas que en este momento podrían espantar al votante medio.

Por lo que se sabe, el proyecto de flexibilización laboral avanza de la mano de Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda y del jefe de Gabinete, Marcos Peña. A lo que se apuntaría a grandes rasgos, es a la baja de las cargas sociales, aumentar la edad jubilatoria, eliminar los aportes a sindicatos y extender el régimen de contrataciones temporales. En el mundo sindical, se califica a la movida de un avance hacia la "precarización laboral extrema".Hace unas semanas, Macri señaló con contundencia que "hay que bajar el costo argentino”. Lo hizo a la hora de señalar los “problemas estructurales” del trabajo en nuestro país. Siguiendo los pasos del modelo brasilero implementado por Michel Temer, el mandatario nacional calienta motores para que después de las elecciones legislativas se sancione en el Congreso esta reforma, que incluye una fuerte flexibilización en los Convenios Colectivos de Trabajo y que terminaría con muchos de los derechos consagrados en las últimas décadas.

La creciente conflictividad social de las últimas semanas, que se pudo observar en la represión a los trabajadores de Pepsico, ha hecho que el proyecto esté guardado bajo siete llaves en la Casa Rosada y no se lo quiera dar a conocer aún. De todas maneras, las primeras espadas del Presidente ya han instalado a través de declaraciones públicas en todos los medios, el "enorme costo laboral para las empresas, que por esta razón no toman gente". Hay quienes sostienen que Macri está muy enojado con el mundo empresario, que no manda buenas señales, sobre todoen lo que tiene que ver con la política de precios.

Los dirigentes sindicales consultados señalaron que una de las cuestiones que más polémica genera, es sin dudas la pretensión de aumentar la edad jubilatoria a los 70 años para los hombres, y a 65 años para las mujeres. Esto es visto como un regreso a los años 90 con las AFJP, medida que ya le fue recomendada a Macri en diciembre pasado en un documento  del Fondo Monetario Internacional (FMI). Otro de los frentes que eriza la piel de la dirigencia, es la eliminación parcial o total de los aportes a sindicatos y cámaras empresariales, desguazando en la práctica la representatividad gremial. También se motoriza extender el régimen de contrataciones temporales, lo que llevaría a que las pasantías, que hoy tienen tres meses de duración, pasen a tener el lapso de un año y se habla con fuerza sobre la sustitución de las in­demnizaciones para los trabajadores que son echados de sus empleos.

En esa dirección, se apuntaría a poner en marcha un fondo especial para desempleados, la creación de la figura del monotributista dependiente y exclusivo, que es aquel que prestaría servicios para un solo empleador sin un lazo laboral fijo. Se da cuenta además, de una ofensiva sobre los períodos vacacionales, reduciendo los mismos, así como también la imposibilidad del cobro de horas extras si no se llega a la productividad deseada. Frente a este escenario, los dirigentes que forman parte de la CGT regional La Plata consensuaron un documento que incluye severos cuestionamientos a la iniciativa de Cambiemos. En uno de sus puntos centrales se rechaza de manera terminante "todo intento de modificar leyes propias de los trabajadores, sin la lógica intervención de sus representantes y el respeto a los pactos, convenios y otras normas que se encuentran vigentes por la legítima participación democrática”.

Hay que decir además que la CGT regional se ha fortificado a través de un proceso de unificación que derivó en la conformación de la denominada “mesa sindical”. Allí confluyeron los secretarios generales que estaban al frente de cada una de la centrales obreras, en este caso Carlos Quintana de UPCN y Julio Castro, del SOSBA. Los representantes gremiales dejaron en claro que "el movimiento obrero le hará frente a las eventuales represalias que se intenten imponer o aplicar desde la Casa Rosada contra las organizaciones sindicales. “No cederemos ante cualquier forma de presión sobre los sindicatos, como las que estamos viviendo en estas duras épocas de decadencia económica y social”.

También se puntualizó que “fieles a sus convicciones, los nostálgicos de la década más amarga desde la recuperación de la democracia dieron un primer paso con la modificación a nivel nacional de la llama Ley de las ART, rechazada casi unánimemente en nuestra Provincia por el pronto y acertado accionar de la CGT regional, que alertó y demostró las posibles consecuencias de una adhesión sin debate ni estudio previo de sus consecuencias”.

Los referentes gremiales además remarcaron que "parece como si quisieran regresar en el tiempo a fuerza de falsas situaciones que afectan la producción y los servicios. Pretenden avasallar premisas básicas, como lo hicieron las dictaduras o distintos gobiernos ilegítimos. Y lo estamos viendo en Latinoamérica, donde la crisis económica no puede ser superada por la negativa de los grandes intereses económicos a bajar su nivel de ganancias, concentrando la riqueza en pocas manos”. En otro de los puntos se sostiene que “los trabajadores nucleados en la CGT saben y conocen las consecuencias vividas como resultado de experiencias similares que terminaron con miles de desamparados, marginación social y violencia institucional extrema, demostrando lo inútil de este tipo de iniciativas degradantes de la condición humana, que condenan a millones de ciudadanos y cuyas consecuencias resultan casi irreversibles, como lo demuestran los datos estadísticos en la materia”.

No obstante, existen relevamientos de opinión pública conocidos en las últimas horas, que pueden agregarle tensión a la decisión del Gobierno de avanzar con la reforma laboral, más aún a menos de un mes de las PASO. Fabio Rodríguez, economista de la consultora de opinión pública MyR & Asociados recuerda que el temor a perder el empleo viene ocupando el tope de las preocupaciones (33%) sobre inseguridad (27%) e inflación. La del empleo pasó al frente en abril de este año. "Con la notoriedad de los casos de las plantas grandes como la de PepsiCo, la situación elevó más la preocupación de la gente", acotó.

La política tendrá que leer antes de apoyar el proyecto de flexibilización laboral, que el termómetro social está muy sensible. Sobre todo, con el agravamiento de la crisis económica, la pérdida cada vez más notoria del poder adquisitvo, una inflación sin control y medidas oficiales que no dan en el centro de la solución a los problemas reales. La  pobreza no hace más que aumentar, alcanzando a más de 13 millones de ciudadanos, a los que se suman 2,7 millones de indigentes. Esto último empeora si se tiene en cuenta el hecho de que con el macrismo 600 mil habitantes cayeron en la indigencia, es decir, un argentino cada 73 segundos, un dato crudo que sirve para graficar el fuerte deterioro social que sufre el país y que afecta a más de un tercio de la población.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP. Su correo electrónico es jorgejoury@gmail.com. Quienes quieran consultar su blogs, pueden dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.