Los vientos de Comodoro Py comenzaron a soplar fuerte contra el Gobierno.

Las causas que más preocupan a la Casa Rosada y a la familia presidencial se movieron esta semana en dirección contraria a los intereses del Poder Ejecutivo y de sus integrantes.

Los movimientos de mayor impacto ocurrieron en las causas conocidas como «Correo Argentino» y «Soterramiento del Sarmiento». Pero hay más: podría resucitar un proceso judicial contra el ex funcionario Luis «Toto» Caputo por supuestos desmanejos de los fondos del Anses.

Un informe de la Auditoria General de la Nación (AGN) aprobado pocos días después de las PASO sería la llave para reabrir una denuncia contra el ex secretario de Finanzas que había sido desestimada por el juez Luis Rodíguez, a instancias del fiscal Eduardo Taiano, que decidió no dar impulso a la acción penal.

El juez Rodríguez envió un oficio al titular de la AGN, Oscar Lamberto, en el que le requirió una copia certificada del informe. Fuentes judiciales confirmaron a Cenital, que una vez recibido el escrito será remitido al fiscal Taiano para que determine si representa un elemento nuevo y si esta vez corresponde abrir la investigación. Se mueven las piezas en Comodoro Py al compás de una nueva melodía.

La denuncia había sido formulada en 2017 por el entonces titular de la Unidad fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel De Vedia, quien aseguró que Caputo favoreció que se invirtieran unos 500 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES en un fondo de inversión con el que había estado vinculado en el mundo privado y que con ese dinero se compraron Lebacs, lo que implicó el pago de comisiones innecesarias. Exactamente lo mismo que ahora terminó de analizar la AGN.

¿Qué dice el informe de la Auditoría? Que en 2016, mientras integraba Comité Ejecutivo del FGS, Caputo propició la colocación de parte del dinero en fondos comunes de inversión (FCI), como Axis Ahorro Plus, del cual había sido presidente hasta diciembre de 2015.

Y que esos FCI estaban integrados en más de un 99 por ciento por títulos públicos de los cuales la mayoría son Lebacs emitidos por el Banco Central a los que el FGS podría haber accedido sin tener que pagar comisiones. Lo único que cambió entre aquella denuncia y este informe es el contexto político.

El horizonte judicial de Caputo se presenta nublado. Pesa sobre él, por ejemplo, un pedido de indagatoria formulado en diciembre pasado por el fiscal Federico Delgado por «negociaciones incompatibles con la función pública» por haber favorecido a entidades internacionales con las que tuvo vínculos, como Deutsche Bank y el JP Morgan, en la colocación de deuda.

Quizás allí esté la explicación de por qué se la escuchó en una cena privada a Silvia Majdalani anticipar que «Toto» podría ser uno de los más comprometidos judicialmente ante una eventual pérdida de poder de Cambiemos, dato que reveló Iván Schargrodsky en la última edición de Off the record.

El informe de la AGN también fue reclamado por juzgado a cargo de Sebatián Casanello, según pudo saber Cenital de fuentes tribunalicias. Allí se encuentra radicada una causa avanzada en la que se investiga a al ex titular del FGS, Luis María Blaquier, porque durante su gestión se compraron obligaciones negociables de Cablevisión S.A y de Arcor, dos empresas en las que ocupó cargos directivos hasta diciembre de 2015. Otro hecho que también detectó ahora la auditoría.

El caso también había sido denunciado por el fiscal De Vedia, que además señaló que la compra fue perjudicial para el Estado y que comenzó a gestar antes de que Blaquier dejara sus cargos en el mundo privado.

Agenhoy