Por Jorge Joury
Un estado elefantiásico es un palo en la rueda para el despegue de la economía de un país. Pero no por eso, se puede dejar sin empleo de manera abrupta a miles de personas utilizando herramientas rápidas que terminan en escenarios explosivos. Por esta cuestión, los gremios que nuclean a los trabajadores estatales se mantienen vigilantes y con pintura de guerra. En el último mes detectaron que hubo más de 24 mil despidos. Comprende a los ámbitos nacional, provincial y municipal.Desde el sindicalismo sostienen que no se trata de ñoquis en todos los casos, como pretende instalar el relato oficial. Insisten que hay mucha gente que trabajaba y quedó colgada. Lo que preocupa a la dirigencia, es que la "máquina de despedir", también tenga que ver con la discriminación ideológica, algo que significaría un retroceso y una flagrante actitud antidemocrática.
En esa dirección, hay indicios de una suerte de caza de brujas. Tiene que ver con el ocultamiento de información y falta de chequeo acerca de las tareas o el horario que cumple cada empleado. El escenario podría adquirir visos de mayor gravedad en marzo, cuando venzan por lo menos 40 mil contratos que fueron prorrogados por tres meses. Desde el Gobierno alegan que se enfrentan al déficit fiscal más alto del último medio siglo, que financia empleo público para cuatro millones de personas y que no hay manera de que las cuentas cierren.
Ese número significa el 30% de quienes están en actividad en el país. Si bien es cierto que la cifra es alta, no se pueden provocar despidos de un plumazo. Sería como querer estirar más lo que da la frazada y quedar con los pies afuera. Antes de provocar un foco de desocupacion, seguido de intranquilidad social, el Gobierno tiene que buscar otros caminos. Debe alentar inversiones privadas o motorizar la obra pública para fabricar un espacio para los que se quedaron con las manos vacías. Si Macri pregonó en campaña llegar en su mandato a pobreza cero, tendrá que resguardar los índices de ocupación.
"PERSECUCION ABIERTA"
Frente a a los síntomas de ajuste, UPCN y ATE, acordaron que realizarán acciones conjuntas si las cesantías continúan. Por el momento, las áreas en el Estado nacional que sufrieron el achicamiento son el Senado (2045), el Centro Cultural Néstor Kirchner (600), Ministerio de Justicia (489), Ministerio de Seguridad (215), Secretaría de Comercio (200), Jefatura de Gabinete (130), Diputados (100), Ministerio de Trabajo (100), Afsca (135), Indec (70), Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (35), Organismo de Control de Concesiones Viales (30), Sepyme (25) y Desarrollo Social (10).
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital denunció que los funcionarios "no tienen criterio para lo que están haciendo. A los delegados gremiales les preguntan si están dispuestos a colaborar en identificar gente con participación política. Esto ya está instalado. Es una persecución abierta”, agregó.
Las alarmas volvieron a sonar en las últimas horas frente a otras 500 cesantías en el Ministerio de Justicia. Desde la cartera sostienen que el personal despedido había ingresado después de julio del 2015 y nunca se habían presentado a trabajar desde que Macri tomó la conducción del país. Gran parte de la purga tuvo lugar en la Secretaría de Derechos humanos y en el área de acceso a la Justicia, (CAJ) .
También hubo desvinculaciones en Verdad y Justicia, dedicada al seguimiento de los juicios por delitos de lesa humanidad y el portal de noticias Infojus, el órgano de difusión del Ministerio. ATE salió con los tapones de punta y señaló que "la gente fue echada injustamente.Tenemos comprobado que la inmensa mayoría trabajaba en Justicia. Muchos de ellos llevaban 4 y 6 años de antiguedad. Hasta que el ministro Garavano no nos demuestre lo contrario, para nosotros todos son empleados que deben volver a sus puestos".
EL TEMIBLE DECRETO 254
Las fuentes consultadas puntualizaron que la medida que está detrás del achicamiento del Estado es el Decreto 254/2015. Allí se establece que se revisarán todos los contratos de menos de tres años de antigüedad por un lapso de tres meses . Los que superen ese tiempo, se renovarán por 12 meses. También se revén los concursos ganados por trabajadores. En realidad, el Decreto no es necesario en términos formales, porque los contratos vencen y el Estado tiene la facultad de no renovarlos. Algunos delegados reflexionan que "se trata de una forma de instalar una psicosis generalizada". Encima ni siquiera se respeta dicho Decreto, porque los despidos por lo general no tomaron en cuenta el período de los tres meses de supuesta evaluación, sino que explotaron inmediatamente.
Los sindicalistas sospechan que el macrismo, bajo la excusa de echar ñoquis, encubre un plan de despidos masivos que no tiene techo. Requieren por lo menos un censo de personal. Es la manera de detectar fácilmente si alguien asiste o no a cumplir tareas. Pero nada de eso ocurre, sino que las cesantías son automáticas y generalizadas.
Inquieta también que en algunos casos se profundizan a través de interrogatorios inherentes a la simpatía política o la militancia, lo cual convierte a la situación en una suerte de caza de brujas.
En ese contexto, muchos trabajadores se cubren y modifican su perfil de Facebook y Twitter para que no queden rastros de sus posicionamientos ideológicos.
EL INFLADOR PORTEÑO
La historia dice que Macri no es la persona indicada para rasgarse las vestiduras con ejemplos de austeridad. El Presidente faltó a la verdad cuando reveló durante una entrevista al diario español El País, que en ocho años se fueron 20 mil personas y se incorporó otro tanto, mientras él era jefe de Gobierno.
Sin embargo, las cifras oficiales del Ministerio de la Modernización del Gobierno de la Ciudad hasta diciembre del 2015 demuestran que el empleo estatal aumentó durante la gestión de Macri. Una prueba es el incremento en la cantidad de docentes, médicos y policías. Si se consideran los cargos públicos creados, la Ciudad es una de las jurisdicciones del país donde más crecieron.
Al asumir Macri en el 2007, el Gobierno de la Ciudad realizó un censo de personal que arrojó como resultado que el total de empleados de planta permanente superaba los 125 mil. Entre ese año y el el 2015 pasaron a casi134 mil. Según datos oficiales en base a la liquidación de sueldos, se estableció que son casi nueve mil los trabajadores nombrados en ocho años.
En ese período Macri dejó de tener 6.948 empleados administrativos e incrementó en 15.636 los dedicados a servicios públicos, en áreas como administración de hospitales, control de tránsito, servicios de maestranza en escuelas y seguridad.
Además, en el 2008 la Ciudad creó la Policía Metropolitana. En la práctica significó más empleados para cubrir ese servicio. No obstante, hay otros dos factores que muestran que la cantidad de estatales es mayor.
En primer lugar, las estadísticas oficiales del Ministerio sólo considera a los empleados de la administración central, pero no tienen en cuenta a los de otros sectores como la Legislatura o el Poder Judicial porteño.
En segundo término, no suma tampoco a los que tienen contratos de locación o de servicios en ninguno de los dos años. Técnicamente son personas que también trabajan para el Estado porteño.
SALTO LA BRONCA EN LA PLATA
En la órbita municipal, también hubo situaciones que dejaron en evidencia el apresuramiento por achicar el Estado. Fue el caso de la Municipalidad de La Plata, que tuvo que recontratar después de un pormenorizado análisis a 2.600 personas sobre 4.500 despedidos. Fue el corolario de una airada protesta en las calles que terminó con una violenta represión por parte de la Gendarmería. El secretario de Gobierno, Javier Mor Roig confirmó en las últimas horas que se mantienen las categorías que tenían y si es necesario otros serán recategorizados en función de otra tarea que estén desempeñando. Pero nada aún ha dicho el intendente Julio Garro sobre la suerte que correrán el resto de los despedidos.
UNA FAMOSA EN LA LISTA
En las últimas horas también adquirió visos de escándalo el caso de la vedette Moria Casán, que según el periodista Iván Ruíz del diario La Nación, es una de las beneficiadas con la categoría de ñoqui en la gestión sciolista. El colega contó que mientras Bahía Blanca sufría hace algunas semanas por la falta del suministro, la empresa estatal Aguas Bonaerenses, ABSA, pagaba a la diva un salario mensual por promover la candidatura de Daniel Scioli.
En esa dirección, un estudio privado disparó las alarmas. Según la compañía número uno en la Argentina en la contratación de personas, Forensic Services de KPMG, entre el 5 Y 7 % de la planta del Estado nacional, son ñoquis. Se trata de empleados fantasmas que cobran un promedio de 8 mil pesos mensuales.
Para cruzar estos guarismos la empresa puso en marcha un 0800-ñoquis. La repercusión fue asombrosa, ya que los empleados que trabajan ven con muy malos ojos a aquellos que cobran sin pisar las oficinas. Llegaron a la conclusión entonces que habría en esta condición unas 210 mil personas que le cuestan al Estado 20.160 millones de pesos anuales por salarios, sin contar aguinaldo y vacaciones.
A modo de comparación,viene al caso tener en cuenta que por la asignación Universal por hijo el Estado pagó 24.196 millones. Sin los ñoquis entonces podría aumentarse un 50% el monto de la AUH.
Otro que aportó números al fuego de la polémica, fue el ex presidente del Banco Central, el massista Aldo Pignanelli. Culpó al kirchnerismo de despedirse "con un festival de nombramientos y de despilfarro del gasto público", Revelò además que en el Estado nacional hay al menos 100 mil ñoquis de la Cámpora, en su gran mayoría que hasta los gremios quieren que no estén".
Las denuncias abundan. No obstante, hay que tener cuidado con medidas sin anestesia. Antes de achicar el Estado, es necesario hacer un estudio pormenorizado. Hay que separar la paja del trigo. Nadie quiere ñoquis, pero que tampoco terminen pagando justos por pecadores. Quienes prometieron un cambio, deben dar un salto de calidad. Es vital terminar con el clientelísmo. No obstante, los despidos indiscriminados, y más aún si tienen tinte ideológico, pueden generar una situación social explosiva. El Presidente podría correr el riesgo que la protesta sindical termine en las calles. No es bueno para la paz social. Menos, para un Gobierno que apenas desembarcó hace poco más de 40 días.La desocupación siempre termina ampliando las fronteras de la pobreza,
Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP. Su correo electrónico es jorgejoury@gmail.com. Quienes quieran consultar su blogspot, pueden dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.
