Por Mara Laudonia

El 2016 es un año que arrancará con un nuevo gobierno que dio un viraje en la política oficial al revelar que iniciará negociaciones con los fondos buitre a principios de enero. El último día hábil del año que culmina, la administración de Mauricio Macri avanzó un paso más y anunció que contratará a un nuevo buffet de abogados para asesorar al país en el tema fondos buitre y remarcó que que en caso de alcanzarse un acuerdo, el mismo se remitirá al Congreso una propuesta de ley para que sea refrendada por los legisladores.
La mayor parte de 2015 transcurrió sin señales de acercamiento entre el gobierno saliente y los fondos buitre, en un contexto en el que los holdouts volvieron a presionar a través de demandas elevadas ante el juez Thomas Griesa, a raíz de la emisiones de bonos locales, como el Bonar 24, que según ellos, violan el fallo Pari passu y son deuda externa, algo que la Argentina y los bancos extranjeros -en su rol de colocadores- salieron a rechazar. En el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, en septiembre se concretó la aprobación de nueve principios para las reestructuraciones de deuda soberana que, sumado a las nuevas prácticas avaladas por el mercado internacional, que buscan crear un marco de referencia legal para futuras reestructuraciones de deuda de países. Estos principios de soberanía, imparcialidad, transparencia, buena fe, trato equitativo, acatación de mayorías, inmunidad, legitimidad y sostenibilidad, buscan poner límites a los fondos buitre y acreedores que especulan con el vacío legal en la quiebra de países. En medio de esto, a mitad de año, dentro de la saga quedó atrapado el Citibank, que se encontraba en la mira de Griesa en uno de los juicios relacionados que enfrentaba por el default de la Argentina y que, por tal razón, había efectuado un acuerdo con los fondos buitre para salirse del negocio de custodia de bonos de la Argentina. Esa actitud fue considerada por el gobierno argentino de "ilegal", lo que desencadenó el alejamiento -a través de un pronunciamiento del Banco Central- del titular de la entidad bancaria, Gabriel Ribisich. En la medida que las causas conexas crecían, el juez Griesa continuó agrandando la lista de quiénes son los beneficiarios del fallo "pari passu", esto es, a lo que se obliga a la Argentina es a pagarle a los fondos buitre el 100% de lo adeudado, si se le paga a los bonistas del canje u otro acreedor de deuda externa de la Argentina. Del puñado original de fondos buitre y otros que lograron una sentencia por 1330 millones de dólares actualizables en febrero de 2012, la cifra de la sentencia pari passu pasó a la friolera de 8.000 millones de dólares en noviembre último, cuando el juez neoyorquino incorporó a los "me too", que suman alrededor de 550 litigantes. En dicha audiencia, Griesa expresó su deseo de que la próxima administración que comenzó el pasado 10 de diciembre, y los fondos buitre, tuvieran voluntad de sentarse as negociar. Cuando dijo esta último, Griesa desconocía aún el resultado de las elecciones argentinas pero sostuvo que "el Tribunal, por supuesto, no puede ordenar a un acuerdo; pero quiero decir en esta sala antes de que el grupo entero aquí que la manera de resolver este litigio en última instancia, tiene que venir a través de Acuerdo". Y prosiguió: "Es muy importante que las partes, incluyendo la República, participen en las negociaciones del acuerdo. Y voy a suponer que lo que pudo haber sucedido en el pasado, acerca de negarse a participar en dichas negociaciones... tengo que suponer que esa actitud ha terminado con y que las partes interesadas, todas ellas, participarán en las negociaciones de acuerdos". Luego, ni bien se conoció que ganó la contienda electoral Mauricio Macri, el presidente electo -a través del equipo económico designado que comanda Alfonso Prat Gay- buscó rápidamente dar señales en torno a la voluntad de alcanzar un acuerdo con los fondos buitre-holdouts.
En ese marco, Luis Caputo, actual secretario de finanzas, viajó a Nueva York y se entrevistó en dos oportunidades con el mediador designado, Daniel Pollack, para expresar la voluntad de la Argentina de sentarse a negociar. En el cierre del año, lo único concreto es que a mediados de enero comenzarán las negociaciones con los holdouts -en un juicio en el que monto total ya araña los 10.000 millones de dólares- y que el gobierno argentino proyecta sumar a un nuevo buffet de abogados al existente en la actualidad, para ampliar la estrategia del país en pos de alcanzar un acuerdo que permita liberar las trabas que enfrenta para tomar financiamiento en el mercado internacional.
La última revelación fue que, en lo que respecta a los abogados que asesoran actualmente al país, el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, se decidió a incorporar para la nueva etapa de conversaciones a un nuevo buffet, que aún no está designado, "porque el anterior fue parte de la mala negociación que se hizo".
En tren de precisiones, dijo que el estudio Cleary Gottlieb "seguirá a cargo de algunas cuestiones pero para la tarea que queda se convocó a otros abogados", dando por sentado que el nuevo estudio de abogados tendrá a su cargo la tarea principal de asesoramiento. Entre los nombres en danza se encuentran los del estudio Shearman & Sterling, y el buffet Watchel-Lipton.