“Sigo con preocupación lo que está sucediendo
en Chile. Espero que, poniendo fin a las manifestaciones violentas, se utilice
el diálogo para encontrar soluciones a la crisis y hacer frente a las
dificultades que la han generado, por el bien de toda la población”, afirmó el Papa
en la audiencia general que presidió este miércoles 23 de octubre en la Plaza
de San Pedro en el Vaticano.
La violencia en Chile comenzó el lunes 14 con manifestaciones
de estudiantes en varias estaciones del metro de Santiago, en respuesta a la
convocatoria que alentó a ingresar al tren subterráneo sin pagar el pasaje que
aumentó a 830 pesos chilenos, alrededor de 1,17 dólares.
Esta acción se mantuvo durante la semana en distintos
horarios, hasta que el jueves 17, algunos grupos comenzaron a destruir los
molinetes de ingreso, dañar las estaciones y la vía pública.
Al día siguiente aumentó la violencia y esto
obligó a las autoridades a decretar el estado de emergencia y el toque de queda
para intentar restablecer el orden.
Detrás del alza del precio del transporte público hay una
problemática de fondo que se acentuó en los últimos años debido a una marcada
desigualdad social; fruto de los compromisos sin cumplir de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
El aumento de la
delincuencia, la dificultad para acceder a una vivienda propia, el alza en los
precios de los servicios básicos, la falta de un sistema educacional
equitativo, las pensiones de jubilación que bordean los 150 dólares, y el
sueldo mínimo de 415 dólares que obliga a las familias a endeudarse, son
algunos de los factores que afectan directamente a los chilenos.
Si bien se aprobó una ley para detener el alza del precio del
transporte público, que puede representar hasta un 30% del ingreso de una
familia, las manifestaciones en su mayoría pacíficas se mantienen en las calles.