El debate sobre si hay o no presos políticos en la Argentina ha levantado olas. Dividió las aguas en el Gobierno. No obstante, en la Rosada parecen conformarse con el escenario que siempre le quedó más cómodo al peronismo: que la disputa se desarrolle al interior del Gobierno.

La estatización del conflicto, incluso aunque parte de ese conflicto transcurra en palacio y otra parte en las calles, no le resulta problemática a Alberto Fernández.   

El Presidente es un hombre que viene del derecho y tiene en claro lo que dice la jurisprudencia para poner blanco sobre negro, y manejar los equilibrios. La biblioteca le susurra  de manera irrebatible que un “preso político” es una persona sometida a un proceso penal y/o privada de su libertad personal debido exclusivamente a su ideología política, sin que haya realizado ninguna conducta prohibida por el código penal.

En esa dirección, en nuestro país no existen presos políticos, sino políticos presos. Son personas que por su actuación en la función pública están siendo sometidas a un proceso penal por hechos en su mayoría de corrupción que sucedieron y dejaron sus huellas una trama oscura. Los casos más palpables son la tragedia de Once, los bolsos de José López, la venta de Ciccone, la toma de la comisaría de la Boca por parte del dirigente Luis D’Elía y el desfalco del proyecto Sueños Compartidos, por citar algunos ejemplos, pero la lista sigue.

En nuestro país, periódicamente la Corte Suprema de Justicia revoca sentencias en materia penal por ser arbitrarias garantizando el debido proceso sin que eso implique que las personas afectadas sean presos políticos.

Los especialistas coinciden en que si en Argentina hubieran presos políticos, el gobierno actual sería antidemocrático por permitir su existencia sin actuar de forma urgente enviando un proyecto de ley de amnistía al Congreso o dictando un indulto. según los casos.

Hay muchos personajes señalados por presuntos hechos de corrupción que buscan esa figura para victimizarse. Y aquí viene la primer pregunta:¿Por qué ningún diputado o senador oficialista presentó un proyecto de ley de amnistía?¿Por qué ningún oficialista promovió una acción de hábeas corpus que en nuestro sistema es una acción popular?. Sencillamente, porque no hay presos políticos en la República Argentina.

Ni para la Comisión IDH Milagro Sala es una presa política, sino que dicho órgano sostuvo que es una persona que tenía que estar bajo otras condiciones de detención mientras tramitaba un proceso penal.

Una cosa es defender ideales, convicciones y principios y otra diametralmente opuesta es  pasar la gorra  en  la“recolección” diaria de coimas y sobornos, prolijamente detallada en la causa de los cuadernos, por ejemplo, y corroborada por decenas de declaraciones testimoniales y de arrepentidos.

Sin embargo, esto no implica que no existían detenciones preventivas arbitrarias que deben ser revisadas o planteos de violación del debido proceso que deban ser resueltos.

El planteo que hace el presidente Alberto Fernández y su entorno es constitucionalmente adecuado. La existencia de presos políticos es la negación existencial del sistema democrático. Y por fortuna la democracia argentina goza de buena salud.

Durante la gestión de Macri, munerosos dirigentes kirchneristas fueron detenidos, llevados a prisión preventiva y en algunos casos condenados, aunque sin sentencia firme.

También la propia Cristina Fernández -que se dice víctima de una persecución impulsada por el anterior Gobierno- fue procesada en varias causas y ordenada su detención, que nunca se hizo efectiva por haber sido elegida senadora y tener fueros.

Desde la oposición sospechan que detrás de la movida habría acciones extorsivas del kirchnerismo para instalar el tema y presionar por una insólita ley de indultos. El fogoneo de la polémica es una brasa caliente. Afecta la imagen de moderación de la gestión, en momentos en que se negocia una cuestión tan sensible como la deuda externa. Por estas horas, nadie puede negar que lo que comenzó como una pulseada entre Santiago Cafiero y Julio De Vido, se está convirtiendo en un incendio de proporciones, a pesar de los pedidos del mismísimo Presidente porque dejen de cavar la grieta interna.

No quedan dudas que las esquirlas de este episodio ha sido un terremoto al interior del Gobierno. No es casual que el canciller Felipe Solá haya salido de inmediato a respaldar a Cafiero, al advertir que este incidente termina afectando la autoridad del Presidente. El mismo AF  dio la orden de no hablar más del tema.

Pero Sergio Berni también metió el dedo en la llaga al contradecir al Presidente para levantar la figura de Julio de Vido, histórico enemigo de Alberto en los gabinetes de Néstor y Cristina Kirchner. «Creo absolutamente en la inocencia de De Vido. Lo conozco desde hace muchísimos años y no tiene una investigación en las causas de corrupción», indicó Berni. Y de  Boudou, señaló: «he leído el fallo y no he encontrado un solo elemento que lo pueda vincular», agregó. 

Y para alimentar tensiones, en los últimos días, uno de los periodistas más alineados con el Gobierno se metió en la polémica. Y también contradijo a Fernández: “Si un poder del Estado los persigue por su pertenencia partidaria son presos políticos”, explicó su postura a través de Twitter Roberto Navarro.

“Si a diario surgen pruebas del ‘armado de causas’ y siguen encarcelados son presos políticos, Debemos luchar por su libertad. No negar la realidad”, concluyó Navarro contradiciendo la postura de Alberto Fernández, Santiago Cafiero y el ala más moderada del Frente de Todos.

La misma posición adoptó Víctor Hugo Morales, que señaló directamente al Jefe de Gabinete: “Lo escucho a Cafiero y me sacudo, me muevo y me indigno”, sentenció en una de sus editoriales.

Lo que se observa, es que hay un camino de antorchas, un fuego amigo altamente peligroso para una incipiente coalición variopinto que no debe mostrar fracturas tan sensibles en apenas poco más de 60 días de gobierno.

Alberto Fernández está firme. Sostiene que la presión del kirchnerismo puro, asegurando que Milagro Sala, Amado Boudou y Julio de Vido son “presos políticos”, sólo es “un problema semántico” y no implica una acción deliberada en los medios para delimitar su propio espacio de poder. El Presidente tiene una postura muy clara: “No pienso indultar a nadie. No está en mis planes”, dijo en tono terminante hace pocas horas.

Hasta aquí, ha demostrado ser un gran administrador de las tensiones. Lo hace de manera artesanal y nada se le escapa de control. Apela a la persuación más que al mando, gana terreno y marca el camino. Queda claro que por ahora no hay argumento para hablar de doble comando.

Es más, Alberto Fernández cree que «el día que me esté quedando sin tinta, Cristina me va a alcanzar un cartucho». AF necesita tiempo para construir su liderazgo, que en gran parte dependerá del rumbo económico,

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.     

LF