*Por Jorge Joury

En el territorio de las cuentas que maneja la Casa Rosada, nada es gratis. Amainada la tormenta política que generó el caso Triaca, Mauricio Macri se vio obligado a anticipar su plan de reducir un 25 por ciento los cargos jerárquicos que creó su propia gestión. No obstante, la medida en líneas generales representa un 0,01 por ciento del presupuesto nacional: es decir, no tiene un impacto real, sino que se trata de una señal hacia los sindicatos y otros gobiernos provinciales a los que el Presidente llamó a sumarse al ajuste.
Inmediatamente, tanto la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fueron los primeros en adherir al decreto que prohíbe a los ministros designar a familiares en el ámbito del Poder Ejecutivo. Pocos sabían de antemano en la Casa Rosada que se venía una poda de esas características. La mayoría de los ministros no estaban enterados, tanto por el tiempo que tienen sus parientes para abandonar los cargos, como cuales estarán a salvo. Por eso, debieron pedir pormenores para saber el alcance de la medida, que estipula que los padres, hijos, hermanos, nietos, abuelos, cónyuges, suegros, nuera y yerno de los ministros no pueden tener cargos en ninguna dependencia de la Administración Pública Nacional, Organismos Descentralizados, ni tampoco en las empresas públicas, una manera de ponerle fin al nepotismo.
También hay que decir que ninguno de los funcionarios que durante 2018 verá sus sueldos congelados por orden presidencial tendrá problemas para llegar a fin de mes. Los cargos alcanzados, de subsecretarios a ministros, cobran mensualmente entre 152 y 183 mil pesos. Nadie trepa, igualmente, al salario del presidente, unos 208.207 pesos que percibió en septiembre, último mes de pago de sueldos publicado por el Ministerio de Modernización.
Algunos señalan que la movida oficial obedece a la intención de dar una señal de austeridad después de la andana de criticas que recibió el Gobierno por la reforma jubilatoria, el tarifazo que arraca los primeros días de febrero y el revalúo y el impuestazo inmobiliario que paralizó el pulso de los bonaerenses. Son hechos que abonan el malhumor social imperante. Pero nada es casual en la cantera del oficialismo. Lo hacen también en momentos en que la totalidad de los consultores en campañas electorales coinciden en que existe una nítida caída de la imagen del gobierno y del presidente Mauricio Macri que lo ubica entre 40 y 42 puntos, uno de los promedios más bajo desde que asumió. Algunos la sitúan en diez puntos y otros incluso piensan que la pérdida es mayor. Pero el punto de debate entre los consultores y encuestadores está en si la caída es coyuntural o se trata de un fenómeno que llegó para quedarse.
Pero lel oficialismo detrás de su movida de parientes cero mantiene otro secreto bajo siete llaves. En esa dirección, se cocina a fuego lento un plan que levantará olas gigantescas en el plano gremial. Todo indica, que la verdadera voluntad del Ejecutivo resulta ser la reducción del personal contratado y la eliminación de programas, en general, de perfil y abordaje territorial. Así trascendió a través de un dossier del Centro de Economía Política Argentina (Cepa). En el paper se da cuenta que el objetivo declarado del Gobierno es eliminar “gradualmente” unos 70 mil contratos temporarios que se renuevan todos los años. Desde el Ministerio de Modernización negaron esa cifra, pero en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) estiman que los despidos podrían trepar a los 20 mil a lo largo de este año.
El informe del Cepa se titula :“Dos meses negros para los trabajadores estatales”. De su lectura se infiere la llegada de un tiempo de conflictividad inminente y detalla lo sucedido en diciembre del año pasado y el primero de 2018. En diciembre de 2017, los despidos en el sector público “motorizados el Poder Ejecutivo Nacional, junto con organismos descentralizados de la administración y la provincia de Buenos Aires”, acumulan 1904 casos: en organismos descentralizados alcanzan a 654 trabajadores, otros 557 en la Administración Publica Nacional –repartido entre distintos ministerios– y 564 cesantías en distintas áreas del Gobierno bonaerense.
En lo que va de enero, se pone de manifiesto que “la proliferación de despidos continuó con más fuerza”, como en los casos del Inti y del Senasa, el Hospital Posadas, en el yacimiento Río Turbio y en las orquestas bonaerenses, entre otros, todavía sin cuantificar.
El estudio del Cepa hace referencia a un artículo del diario La Nación del último día de 2017 en el que el Gobierno anticipa el ajuste sobre el gasto público y en particular el despido de trabajadores. “La excusa”, sostiene el Cepa era el recorte de “la política”, es decir una reducción del 20 por ciento de los 3500 cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional. “Pero que enmascara” lo que el artículo revela: la reducción sistemática de personal con el objetivo de lograr “dotaciones óptimas para cada ministerio y organismo”, lo que implica “la reducción gradual en los próximos años de unos 70.000 contratos temporarios que se renuevan todos los años, donde sí existen empleados públicos de viejas gestiones”. Para el Cepa, los anuncios realizados por Macri el lunes pasado aceleraron la puesta en marcha el plan.
En el Ministerio de Modernización negaron que este ajuste de cargos jerárquicos vaya a ser acompañado por despidos masivos de contratados. Pero para ATE el proceso de despidos ya arrancó la semana previa a la Navidad, con la cesantía de 520 contratados, mientras en lo que va de 2018 hubo 34 despidos en los canales Encuentro, DeporTV y Paka Paka, además de otros 180 en el área de contenidos del TDA. A estos, se le suman los 260 que quedaron sin trabajo en Fabricaciones Militares en Azul (Fanazul), 400 echados en el Yacimiento Río Turbio, 130 en el Senasa, 120 en el Hospital Posadas y 250 en el INTI. En base a borradores de documentos oficiales que circularon y que hablan de obtener “dotaciones óptimas” en distintas áreas del Estado, en ATE calculan que las cesantías podrían llegar a 20 mil este año.
En su informe, el Cepa también advierte que los cambios anunciados por el Gobierno pueden ser solo “cosméticos”. Ya que como sucedió en el Ministerio de Cultura, los cargos jerárquicos eliminados son trocados por puestos menores en el organigrama ministerial con sueldos similares a los anteriores y donde se refugian los funcionarios con fuertes vínculos políticos y periodísticos. Lo mismo que sucede en Planificación, encargado de diseñar las “dotaciones óptimas” y los despidos de personal.
En el caso de Cultura, el dossier del Cepa recoge información de ATE y suma la propia. Las cesantías en es Ministerio, según el gremio, alcanzaron en diciembre a 64 trabajadores de distintas áreas de “trabajo territorial” que facturaban bajo la modalidad de contrato de locación, muchos con más de 10 años de antigüedad. Cepa suma un cuadro de cómo en 2016, Cultura le asignaba a esas áreas presupuestos con la propia subejecución bajo la modalidad de “compromiso”, pero cuya asignaciones fueron directamente eliminadas de los presupuestos 2017 y 2018. Datos, sobre los cuales, desde ATE estiman en casi 20 mil la sangría de trabajadores estatales en 2018.
Mientras tanto, con el regreso de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo a la sede Azopardo, la CGT ya comenzó a pintarse la cara y convocó a las regionales para coordinar la marcha del 22 de febrero. Buscan aprovechar el descontento para generar una movilización multitudinaria a la cual ya se sumó el poderoso gremio de los bancarios.
Además, las que vienen serán paritarias calientes y difícilmente la reforma laboral encuentre ámbito propicio para su tratamiento.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Su correo electrónico esjorgejoury@gmail.com. Si querés consultar su blogs, podés dirigirte al sitio: Jorge Joury De Tapas.