El Gobierno envió anoche a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para modificar el régimen de jubilaciones especiales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y de los integrantes del Servicio Exterior.

A través de la iniciativa, se modifican las leyes 24.018 que abarca a integrantes de la Justicia Nacional, Fiscalía de Investigaciones y también del Ministerio Público y la 22.731 que comprende a funcionarios de sedes diplomáticas y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Estos proyectos fueron anunciados por el presidente Alberto Fernández durante la aprobación de la ley de Emergencia Económica por parte del Congreso, en medio de una fuerte polémica.

En la iniciativa se especifica que en el régimen correspondiente al Poder Judicial, existen 17.600 funcionarios y magistrados en actividad que aportan en promedio $ 32.600 mensuales.

En tanto que 7.000 son los beneficiarios, que perciben un haber medio jubilatorio de $289.000, excluidas las pensiones.

La jubilación ordinaria de mayor cuantía abonada es de $ 770.100, lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido en $14.068; y más de 7 veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a $ 103.064.

El colectivo correspondiente al Servicio Exterior está comprendido por casi 1.100 funcionarios que aportan en promedio $39.000 por mes y por poco más de 700 beneficiarios que perciben mensualmente un haber medio jubilatorio de $ 396.000, sin considerar las pensiones.

La jubilación ordinaria de mayor cuantía abonada es de $ 616.476, lo que equivale a 44 veces el haber mínimo garantizado SIPA; y a 6 veces el haber máximo de dicho sistema.

En el mensaje enviado al Parlamento, el Ejecutivo sostuvo que el propósito es «fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando, al mismo tiempo, la sustentabilidad económica, financiera y actuarial del mismo en el largo plazo».

«Debe advertirse que el creciente déficit que exhibe el sistema previsional, que ha alcanzado en los últimos años valores cercanos a los 2 puntos porcentuales del PBI, impone la necesidad de tornar las medidas conducentes a la corrección de tales desequilibrios», agregó.

Para justificar el envío, el Gobierno indicó que el objetivo es «reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que impactan».

Entre los cambios propuestos al régimen previsional especial para el Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación se destaca la limitación de su ámbito de aplicación personal, el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años.

También se aplica un incremento de los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio y el aumento de los aportes personales adicionales y la uniformización de la base reguladora de la jubilación ordinaria con la del régimen general, así como de los requisitos y condiciones de acceso a las pensiones por fallecimiento.

Agenhoy