La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien seguirá detenido en el marco de la causa por la presunta malversación de fondos públicos a través de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).
Lo hizo la Sala II de la Cámara Federal porteña, que además rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del ex funcionario, que permanece detenido en el penal de Marcos Paz.
En su fallo, los camaristas señalaron la posibilidad de que, estando en libertad, pueda entorpecer la investigación que aún tiene medidas de prueba en curso.
"La libertad del imputado puede implicar un real obstáculo al cabal esclarecimiento de la maniobra y sus completos alcances", sostuvo el camarista Martin Irurzun.
En su voto, el camarista Leopoldo Bruglia también se pronunció por rechazar la excarcelación de De Vido por la gravedad del hecho de corrupción por el que se lo investiga.
"El tiempo de detención detentado a la fecha por el imputado Julio De Vido y la pena máxima establecida por el tipo penal que se le imputa sumada a su situación procesal en general signada por numerosas causas penales, no permitiría ´prima facie´ encuadrar su situación procesal en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 317 del Código Procesal penal de la Nación" como para excarcelarlo, expresó Bruglia.
E, incluso, sostuvo que evaluó la posibilidad de "imponer una medida menos gravosa" que la cárcel, pero advierto que "ella resultaría ineficaz a la luz de la motivación que acreditan los peligros procesales referenciados".
Junto al rechazo de la excarcelación, los camaristas además ratificaron el procesamiento por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y el embargo de 250 millones de pesos.
El tercer camarista, Eduardo Farah, votó en disidencia: "El riesgo de entorpecimiento debe ser real, no pudiendo presumirse con exclusivo fundamento en una circunstancia meramente objetiva como es el desempeño de un cargo público, actual o pasado", señaló.
En la causa se investiga malversación de fondos públicos para distintas obras en Río Turbio en el orden de los 26.000 millones de pesos entre los años 2006 y 2016, y se calcula que hubo un desvío de 265 millones hacia otros fines de los previstos.
