La Defensoría de Casación Penal presentó el Informe 2017 del Registro de Casos de Tortura y Tratos Inhumanos y la Policía Bonaerense se anotó primera con 456 hechos, con 134 casos de torturas a niños. "La sistematización de los datos suministrados por integrantes de la Defensa Pública muestra que la tortura en la Provincia es continua en el tiempo, generalizada en el espacio y sistemática en su comisión", resalta negativamente el Informe.
Este jueves la Defensoría de Casación Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Mario Coriolano publicó el Informe Anual 2017 del Registro de Casos de Tortura y Tratos Inhumanos, que funciona sin interrupciones desde el año 2000 en la Defensoría de Casación Penal y sistematiza datos relevados por integrantes de la Defensa Pública en todos el territorio bonaerense.
En el período 1/1/2017 a 31/12/2017 se recibieron 733 casos, organizados bajo cuatro indicadores: "tortura/trato inhumano", "agravamiento de las condiciones de detención", "causa fraguada/prueba falsa" y "obstaculización de la defensa".
Unos 682 casos corresponden a hechos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de los cuales, según los registros, 297 fueron puestos en conocimiento de otro funcionario judicial además del Defensor.
Al día 31 de diciembre del año 2017, existía en nuestro Registro un total acumulado de 12.457 casos bajo el indicador "Tortura/Tratos Inhumanos".
El Informe ha sido ordenado en dos grupos según autor: casos de agentes de policía y del servicio penitenciario provincial.
En el año 2017, 456 hechos de tortura o tratos inhumanos habrían sido cometidos por funcionarios de la Policía, 163 casos por penitenciarios y 63 de otras instituciones.
En cuanto a los que se denuncia intervención de la Policía provincial, se informan 134 casos de torturas a niños, 23 a mujeres cisgénero y 1 mujer transgénero.
La modalidad más repetida son golpes (383 casos). Se relevaron 5 casos de asfixia, 6 dequemaduras, 2 de picana (paso de corriente eléctrica), 1 de abuso sexual y 7 de agresiones con proyectiles. Sólo unos 145 casos fueron comunicados a otros funcionarios y 311 optaron por mantenerlos en reserva con su defensor, en la mayoría de los casos manifestando temor a represalias.
En cuanto a los casos del Servicio Penitenciario, la modalidad más repetida son los golpes (119 casos) y se registran 45 casos de aislamiento como modo de tortura, 5 casos de quemaduras, 1 de asfixia y 6 de agresiones con proyectiles. De los 163 casos, fueron comunicados 127 y los restantes 36 se mantuvieron confidenciales.
En niños -tomando los casos totales- se relevaron 158 casos. En sólo 41 del total relevado, las víctimas accedieron a que su defensor pusiera el hecho en conocimiento de otros funcionarios
Se han informado, además, condiciones de agravamiento de detención tanto en comisarías -donde no deberían alojarse personas- como en establecimientos penitenciarios (superpoblación, hacinamiento, falta de atención médica, traslados constantes, entre otros), incumplimiento de orden de clausura judicial de comisarías y tratos inhumanos que afectan gravemente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
La sistematización de los datos suministrados por integrantes de la Defensa Pública muestra que la tortura en la Provincia es continua en el tiempo, generalizada en el espacio y sistemática en su comisión.
El cuadro descripto, coloca en situación de incumplimiento al Estado de los estándares a los que se encuentra obligado por los tratados internacionales que son parte de la Constitución Nacional y exige una reformulación de las políticas públicas en esta materia. Por su naturaleza humanitaria, se trata de cuestiones impostergables y de inexcusable cumplimiento.
"Advertimos con preocupación la retroalimentación de la violencia institucional y social",señalaron desde la Defensoría de Casación Penal y sostuvieron: "Creemos que debe atenderse en forma prioritaria, a través de articulación de espacios interagenciales y multidisciplinarios, con visión integral de derechos humanos, atención primordial del interés superior de jóvenes-niñas, niños y adolescentes- y perspectiva de género".
"En el caso particular del Registro de Casos de Tortura -con la potencialidad y especificidad de recibir datos de integrantes de la Defensa Pública, con reserva de confidencialidad por secreto profesional- , promovemos el diálogo, coordinación e intercambio con otros registros que relevan la información que se denuncia: Registro de Violencia Institucional (Ministerio Público), Registro de Hábeas Corpus (Suprema Corte), Comité Nacional para la Prevención de la Tortura", consideraron", consideraron.
Por último, desde la Defensa Pública que lidera Mario Coriolano entendieron que "la impunidad en las causas en las que se denuncian casos de violencia institucional, es uno de los factores que coadyuvan a su proliferación".
El informe completo y las medidas peticionadas a las diversas autoridades se encuentra disponible para su consulta y descarga en la web www.defensapublica.org.ar
