Las estadísticas oficiales empezaron a reflejar las consecuencias de la sequía y la corrida cambiaria, indica el informe de coyuntura de julio.

La perspectiva de dos años seguidos de crecimiento quedó frustrada, y la discusión económica giró hacia la duración y profundidad de la recesión, según un análisis del Instituto del Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala.
De acuerdo al informe, en julio a la debilidad del consumo masivo se sumó la caída del consumo durable, la construcción seguirá en baja de la mano del ajuste en la obra pública, y
la retracción del gasto en equipo durable de producción pondrá un techo a uno de los componentes de la demanda de mayor tracción: la inversión.
A su vez, el desplome del sector inmobiliario ocasionado por la devaluación
marcó el fin del boom de acceso a la vivienda.
Por otro lado, el informe reveló que las pocas señales positivas que enviaba el mercado de trabajo previo a la crisis están desapareciendo de manera prematura, y las primeras
estadísticas encienden luces amarillas.

“No solo se profundiza el deterioro de los ingresos reales, sino que incluso el empleo precario, que había compensado el deterioro de los puestos de trabajo de calidad, se estaría viendo afectado”, precisó.
Asimismo, indicó que de cara a una discusión de suma importancia como la del Presupuesto 2019, las finanzas públicas han sintetizado los efectos de dos años y
medio de gobierno de Cambiemos.

Según el informe, la fuerte presencia de los intereses de la deuda y el rol protagónico que está teniendo la seguridad social en el programa de ajuste son dos elementos clave.

“La pretensión que tiene el FMI de acotar las fuentes de financiamiento no hace más que agravar las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública”.
Mientras tanto, indica que la viabilidad de la contención inflacionaria sigue estando supeditada a la posibilidad sostener en el tiempo la estabilidad del tipo de cambio lograda en las últimas semanas.

Por otro lado, el informe sostiene que el activismo del banco central se vio reforzado con el cambio de autoridades, pero hasta el momento los fundamentos de la economía tuvieron modificaciones marginales.

A pesar de la devaluación, la posición del sector externo es todavía frágil. De materializarse un escenario más adverso para el tipo de cambio, los riesgos de una crisis de mayores proporciones no deberían despreciarse.

En el informe de Coyuntura de junio, ya habían anticipado las estadísticas oficiales del segundo trimestre del año que comenzaron a reflejar los efectos de la sequía y la corrida cambiaria.

En ese sentido, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se desplomó -5,8% anual en mayo, la mayor caída desde julio de 2009. Además, en la comparación con abril cayó -1,4% mensual (serie sin estacionalidad), acumulando la segunda caída mensual consecutiva.

De esta forma, en solo dos meses, la economía perdió todo lo ganado en los quince previos. Si se supone que la economía se mantiene en el nivel alcanzado en mayo, el año 2018
cerraría con una caída del PIB de -0,4%. Sin embargo, para junio ya se espera una nueva contracción del nivel de actividad.
Más allá de la sequía, que afectó de directamente al sector agropecuario, el resto de los sectores también mostró un mal desempeño en mayo. Muchos de los que venían creciendo se sumaron a la caída del agro.

Entre ellos se encuentran pesca, que cayó -29,2% luego de varios meses en alza, y transporte y comunicaciones, que se contrajo - 4,9%, acompañando en parte la caída del agro.

También la industria se sumó al grupo de los sectores que mostraron un retroceso, con un descenso de -1,4% anual, luego de un año consecutivo en alza.

Además, el informe indica que otros sectores desaceleraron fuerte su crecimiento en mayo. El comercio sólo aumentó 0,6% anual, luego de varios meses creciendo al 7%.
En junio, nuestro Indicador Mensual de Actividad (IMA)1 registró la caída más importante de los últimos cuatro años, con una baja de -1,6% mensual, profundizando de esta forma el episodio recesivo.
A su vez, la producción automotriz en su peor nivel desde 2006.
En miles de unidades en base a datos de ADEFA, varios indicadores industriales privados confirman esta contracción en el sexto mes del año.

El desplome de la actividad industrial es generalizado a nivel sectorial. Las industrias más golpeadas siguen siendo la textil, la química y del plástico, tabaco, alimentos y bebidas y
metalmecánica.

Además, se suma a la caída la producción automotriz, que en junio se contrajo -13,4% anual y exhibió la menor producción de vehículos para el mes en doce años, desde junio de 2006.

De acuerdo al análisis, los datos datos recientes muestran que se consolida la caída del salario real que empezó a fines del año pasado.

Desde noviembre de 2017 y hasta junio 2018 (estimado), el salario real de los trabajadores privados registrados perdió -3,5%, y acumula -6% desde que asumió el
gobierno de Cambiemos.
“Los aumentos de precios se aceleraron con la corrida cambiaria, alcanzando un incremento de 4% en junio de acuerdo con nuestro Índice de Relevamiento de Precios (29,6% anual), valores similares a los registrados por el INDEC. En tanto, los precios mayoristas subieron 6,5% en junio (44% anual)”.
De esta forma, durante los meses de junio y julio quedó completamente archivada la pauta salarial del 15%. También se frustró la nueva pauta del 20% que, en un hecho inédito, intentó impulsar el PEN por medio de un decreto presidencial. En los hechos, luego de los acuerdos de los sindicatos de alimentación y camioneros, el nuevo piso de discusión
quedó establecido en 25%, cosa que fue refrendada políticamente por el gobierno nacional con la homologación de la renegociación del acuerdo del sindicato de comercio, que agregó 10 puntos de aumento a la pauta original del 15%.
A la moderada evolución de los salarios, debe sumarse que los ingresos no laborales tampoco crecieron por encima de la inflación.

Por un lado, las asignaciones y jubilaciones subieron solo 9% anual en el primer semestre del año. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) -que miden los ingresos mínimos para no pertenecer a la indigencia o a la pobreza- subieron 13% y 16%, respectivamente.
Mientras los ingresos continúan cayendo, el empleo está evidenciando los efectos directos de la política económica. En lo que va del año y hasta el mes de mayo se perdieron 6.300 puestos de trabajo privados registrados y, a diferencia de lo que sucedió en 2016, el sector público dejó de actuar como contrapeso y también se volvió expulsivo. Asimismo, desde diciembre del año pasado se destruyeron 4.300 empleos registrados públicos (14 mil si se considera desde enero 2018).

Según el Instituto, la destrucción del empleo público es una consecuencia directa de la política de ajuste fiscal que está llevando adelante el gobierno nacional y que ha impuesto a los gobiernos provinciales a través del llamado Pacto Fiscal.