09/08/2016 | 15:40

La gobernadora puso en marcha la cacería de los comisarios ricos


La gobernadora puso en marcha la cacería de los comisarios ricos

*Por Jorge Joury | De las 5951 declaraciones juradas presentadas por altos oficiales de la policìa bonaerense, hay 400 jefes que no cumplieron con el trámite y están bajo sospecha por ocultamiento de bienes. Pero además, ya hay algunas ollas humeantes que prometen salpicar con fuerza hacia arriba. Es el resultado de datos cruzados en investigaciones sobre la “maldita policía” y tienen que ver con el crecimiento patrimonial de los implicados en casos resonantes.

Uno de los escándalos que promete salir a la luz con fuerza, es el de los 36 sobres secuestrados en la Departamental La Plata, conteniendo más de 153 mil pesos y rotulados con los números de las comisarías. Por lo que ha avanzado la investigación, se tiene la casi certeza que esa suma sería producto de coimas que algunos comerciantes pagaban para tener custodia policial especial en sus negocios. La otra causa que empezó a entrar en ebullición, está relacionada con el juego ilegal en el partido de Malvinas Argentinas. En ese distrito, fueron desafectados de la fuerza un subcomisario, un subteniente y un capitán que brindaban protección a casinos clandestinos.

En estas dos cajas ilegales descubiertas, en el último tiempo se cruzaron informaciones clave y, aunque desde Asuntos Internos no adelantaron qué avances hubo, confirmaron que se trata de datos  fundamentales que comienzan a arrojar luz “para empezar a cazar a los denominados comisarios ricos”.

En el caso de la Departamental La Plata, si se tiene en cuenta que 56 dependencias policiales (entre comisarías, subcomisarías, destacamentos y puestos de vigilancia) dependen de la misma Jefatura, podría inferirse que la caja mensual de recaudación sería millonaria. En esa dirección, por las declaraciones juradas de los imputados, se habría establecido un crecimiento significativo de sus patrimonios en materia de propiedades, así como autos de alta gama, embarcaciones, viajes al exterior y gastos desmesurados en el régimen de vida, que no se condicen con los sueldos que percibían los funcionarios.

LA CADENA DE CORRUPCION POR CATEGORIAS

El dinero que se secuestró en los sobres, provendría de diferentes categorías de “comisarías aportantes”. En la jerga se las conocería como “posturas”. Entre ellas figurarían las principales seccionales de la ciudad, como la 1ª, consideraba un verdadero “banco” en materia de recaudación, con jurisdicción en la Municipalidad, la Legislatura y la Gobernación, entre otras dependencias oficiales. También aparece la 11ª, a cargo de los operativos en el estadio de Ciudad de La Plata cuando juega Estudiantes o se abre para un recital de gran convocatoria.

El fiscal Marcelo Martini viene remando con fuerza la investigación. Encomendó a instructores de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense que tomen declaración a policías que se desempeñaban en las comisarías y destacamentos de la ciudad. En esa dirección, 35 jefes de distintas seccionales de La Plata van a ser sometidos el 10 del corriente a un peritaje caligráfico. A lo que apunta, es a identificar las personas que depositaron los más de 150.000 pesos en sobres, todos rotulados en forma manuscrita y que fueron encontrados en la Departamental, ubicada en 12 entre 60 y 61. Allí figuran el remitente y el destinatario. Martini ha señalado que: “estoy seguro de que es dinero de procedencia ilícita. Tengo acreditadas denuncias de comerciantes que cuentan que policías pedían dinero mensualmente o semanalmente, a cambio de protección. Pero también hay plata relacionada a la prostitución y drogas. Son múltiples las fuentes del dinero ilegal”, aseguró el fiscal. “Son delitos difíciles porque es muy difícil contar con denuncias. La gente tiene mucho miedo porque son personas muy presionadas que sienten que se exponen mucho y así se dificulta la investigación”, reconoció.

Martini además puso énfasis en defender la medida por la que los uniformados, con grados de subcomisario y superiores en el escalafón, están obligados a presentar declaraciones juradas: “Cuanto más se blanquea mejor, no sé por qué no se hacía antes, es elemental. Son personas que se han enriquecido, no conozco a ninguno que sea pobre”, disparó.

En esa dirección, la gobernadora María Eugenia Vidal meterá bisturí a fondo sobre cerca de 400 jefes policiales que hicieron ocultamiento de bienes y no presentaron sus declaraciones juradas en término. En su afán por desterrar los focos de corrupción de la fuerza, Vidal le bajó linea al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, para que se comience a analizar caso por caso. En pocos días, se podría empezar a aplicar sanciones a estos uniformados, que incluyen suspensiones y descuentos salariales. Fuentes confiables reconocieron que fueron 390 los uniformados de alto rango que no declararon sus bienes ante la Dirección de Asuntos Internos, ni en la Escribanía General de Gobierno. La cifra es sobre un total de los 6.340 que debían cumplir con esa obligación.

CASO POR CASO Y CON LA LUPA

A partir de ahora, se pondrá la lupa sobre ellos, para determinar los motivos por los cuales no cumplieron con las disposiciones legales . Y si se determina que no existen atenuantes, se dispondrán las sanciones previstas en el decreto y las resoluciones ministeriales. El gobierno bonaerense tiene previsto denunciar ante la Unidad de Información Financiera a los policías que no presentaron sus declaraciones juradas. De esta manera, se abrirá una investigación sobre posible lavado de activos. Además, se les iniciarán sumarios administrativos y podrán ser suspendidos con quitas salariales incluidas.

Fuentes confiables revelaron que la mayoría de uniformados que no cumplió el trámite tiene los grados de subcomisarios hasta comisarios mayores. Todos ellos perciben sueldos de entre 27.000 y 50.000 pesos. Sobre estos sueldos, en forma proporcional, se descontarán los días de suspensión. Los comisarios generales y las máximas jerarquías ya cumplieron con la obligación.

El decreto 116, obliga a declarar bienes a uniformados con rango igual o superior al de subcomisario o equivalente, personal de categoría inferior a cargo de una comisaría, personal que maneja fondos públicos o que administre patrimonio público, entre otros. No obstante, luego la Provincia buscó darle mayor soporte legal y por esa razón giró una proyecto al Parlamento. La exigencia no sólo alcanza a policías, sino que comprende además a otros funcionarios.

Según establece la normativa, están obligados a la presentación de esta declaración, “aun cuando se desempeñen en el cargo en forma transitoria”. Va de arriba hacia abajo, ya que comprende a la gobernadora, vice, ministros, secretarios y directores, hasta fiscales de Estado y miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo. También están contemplados, el  personal superior de la Administración Centralizada y Descentralizada  y del Servicio Penitenciario “con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría”.

INMINENTE DEFINICION DE LAS PENAS

Las penas por los incumplientos del trámite en la policía, la definirán en estos días entre el auditor general y la gobernadora Vidal. Por lo que se sabe, será de entre cinco y diez días de suspensión. Esto significa que no tendrán que ir a trabajar y que no cobrarán por esos días. El plazo para la presentación en Asuntos Internos culminó el 31 de julio. No obstante, cuando los policías iban a sacar turno a la Escribanía General de Gobierno, les daban para un mes más adelante, lo que motivó quejas del personal, que llegó a obstruir la entrada al organismo en señal de protesta.

En diciembre, los 6341 policías de alto rango deberán actualizar sus declaraciones juradas, pero no tendrán que trasladarse a la capital provincial ni hacerlo por el correo de las departamentales, como lo hicieron esta vez. Se prevé que para esa fecha el sistema sea más ágil y se puedan hacer las actualizaciones  mediante una plataforma web.

La Auditoría General de Asuntos Internos busca firmar un convenio con la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para cruzar los datos y poder investigar a los policías por lavado de dinero. Para ello, en estos días se reunirán el subsecretario Berra y la vicedirectora de la UIF, María Eugenia Talerico. El cerco sobre “la maldita policía” se va cerrando de manera inexorable. Desde el Ministerio de Seguridad, prometen hacer públicos los informes sobre el saldo de la cacería. “En muchos casos será para el asombro”, vaticinó una fuente confiable.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP. Su correo electrónico es jorgejoury@gmail.com.

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