La Legislatura bonaerense sancionó nueva Ley de Ministerios solicitada por Vidal

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La norma le permitirá a la Gobernación un ahorro de 600 millones de pesos.

El oficialismo opinó que el plan de contención de gastos impulsado por la gobernadora, mediante esta reforma ministerial, se complementó bien con los 2.500 millones de pesos, encarado en su recorte de gastos por la Legislatura.
En cuanto a la reforma de la ley de Ministerios, que consta de 61 artículos, prevé la eliminación de 221 cargos políticos para ahorrar 600 millones de pesos.
Según explicó, se eliminan 14 subsecretarías de las 80 que existen actualmente; 82 direcciones provinciales de las actuales 277; y 125 direcciones de las 633 que hay.
El Ejecutivo provincial queda así con 14 ministerios: Jefatura de Gabinete de Ministros; Economía; Gobierno; Infraestructura y Servicios Públicos; Salud; Seguridad; Justicia; Agroindustria; Desarrollo Social; Producción; Ciencia, Trabajo; Tecnología e Innovación; Gestión Cultural y de Asuntos Públicos.
Las cuatro secretarías del Poder Ejecutivo que tienen rango ministerial son Secretaría General; Legal y Técnica; de Derechos Humanos y Medios.
Asimismo, se crea el Organismo Provincial de Integración Social (OLISU), que entre otras funciones, hará el diagnóstico y evaluación sobre el estado de las villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios.
Además, se jerarquiza la Dirección de Emergencias dándole el rango de Subsecretaría, dentro del ámbito del ministerio de Seguridad.
La política de registro de cooperativas pasa a incumbencia del ministerio de la Producción; fiscalización alimentaria a Agroindustria; para no replicar incumbencias, la Dirección Provincial de Agua y Cloacas absorbe tareas del Servicio Provincial de Saneamiento Rural, y lo mismo ocurre con la actual OCABA.
En tanto, el cambio ministerial contempla que el excedente que pueda originar el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) pueda ser usado por la Provincia para reforzar el sistema de salud pública, y no quede cautivo en la sede de la propia obra social.
Además, ambos cuerpos apoyaron en el debut de sus nuevas composiciones, y en la primera sesión extraordinaria, la ampliación de la obligación de la presentación de bienes en las declaraciones juradas.
En consonancia con el decreto 407/17 de la gobernadora Vidal que obligó a funcionarios bonaerenses a presentar las declaraciones, como también policías y penitenciarios, la iniciativa incluye a los funcionarios del sector público provincial y al Poder Legislativo, con acceso a los ciudadanos a través de la publicación en página web.
También invita a adherir a funcionarios del Poder Judicial y a los departamentos ejecutivos y deliberativos municipales, así como a hacerlo voluntariamente a sindicatos, colegios profesionales y otras entidades.
Además, en el paquete de leyes sancionadas se encuentra la prórroga de la ley de la Emergencia en Seguridad, en Policías y Servicio Penitenciario, que autoriza a los jefes de esas fuerzas reordenar estructuras y agilizar trámites para obras y compra de insumos.
Asimismo, también se sancionó la ley que creó el Registro Estadístico Provincial dentro del Ministerio de Economía; y se instituyó un nuevo Parque Nacional, bajo el nombre genérico de Parque Nacional Otamendi.
Por último, se sancionó el proyecto de ley que crea la Policía Judicial de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 166 de la Constitución provincial.
Además, se estableció un nuevo régimen regulatorio de los honorarios en los juicios de apremios.
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Incidentes durante la sesión, con denuncias incluidas.
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La sesión en la Legislatura bonaerense se vio interrumpida por militantes de la oposición que ingresaron al recinto, entre ellos el intendente de Ensenada, Mario Secco.
Por estos hechos, el jefe comunal fue denunciado penalmente por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca, quien lo acusó de atentado y resistencia a la autoridad.
Los alrededores de la Legislatura también fueron escenario de incidentes entre militantes de organizaciones sociales y gremiales y efectivos de la policía provincial.
Los manifestantes se apostaron sobre el vallado de la calle 7 y lograron derribarlo y se enfrentaron con los uniformados, quienes utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos.
La denuncia de Mosca se encuadraría en el artículo 241 del Código Penal, que establece una pena de prisión de quince días a seis meses al que “perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales”.
La investigación está a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí junto a la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires que se encuentran realizando un análisis sobre los destrozos que generaron los manifestantes que ingresaron al interior del edificio y al propio recinto junto al intendente Secco.
La policía científica está llamando a declarar al personal de seguridad que trabaja en la Cámara baja bonaerense y los peritos solicitaron los videos internos del parlamento bonaerense.
La Cámara de Diputados estaba en cuarto intermedio cuando un grupo de personas ingresó en el recinto a los gritos, entre otros individuos de vida pública, entre los que estaba Secco, quien reclamaba que se cayera la sesión por la represión.

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