Alberto Fernández incumplió su promesa de campaña. Había prometido una suba general del 20% a los jubilados y lo que asomaba como una reparación justa, se convirtió en una licuación histórica.

Los especialistas en derecho previsional coinciden en que los aumentos que anunció «son un engaño».

Aunque el Presidente se enoje con los medios, la movida oficial representa la foto de un ajuste encubierto, que le cae muy bien al FMI, pero que provocó enorme decepción en gran parte del electorado que apostó por un cambio.

Los 3 millones de jubilados que realizaron aportes en su etapa laboral activa y ayudaron con creces a mantener el sistema, ahora cobrarán en promedio un 37% menos de lo que les correspondería si se hubiese aplicado la ley de Movilidad para el trimestre marzo-mayo, con extremos como una ganancia del 11,7% para el haber mínimo y una quita del 57,2% para los superiores.

Significa lisa y llanamente, una reasignación de recursos que representará para el Estado nacional un ahorro mensual de $5.586,7 millones, lo cual representa unos 100 mil millones al año.

Los datos surgen de sendos análisis de la consultora Econométrica y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que manifestaron opiniones divergentes en relación con el anuncio de aumentos en las jubilaciones.

Al respecto, el director de Econométrica, Ramiro Castiñeira, sostuvo que las jubilaciones “no dependen del Poder Ejecutivo sino de una ley” y que con los incrementos anunciados “pasamos de la reparación histórica” a “la licuación histórica”.

Desde esta columna, en artículos anteriores habíamos advertido de una tormenta en puerta que iba a significar una catarata de juicios. Por lo pronto, en la Justicia ya hay un llamado de atención para la Casa Rosada. El juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio falló en contra de suspender la movilidad jubilatoria. «La garantía constitucional de movilidad establecida por la Constitución Nacional no se encuentra determinada por el período posterior al 23 de diciembre de 2019», puntualizó.

El letrado destacó que diferentes pactos internacionales ratificados por Argentina, entre ellos el que protege a las personas mayores, establecen el principio de progresividad o de prohibición de regresividad de los derechos económicos y sociales».

Además precisó que si prosiguiera aplicándose la movilidad jubilatoria, según estimaciones no oficiales, a marzo de 2020 correspondería un aumento del 11,56% y a junio de 2020, un incremento del 15%.

SE VIENE UNA AVALANCHA DE JUICIOS

Con este aumento, miles de pasivos se preparan para recorrer el camino de la litigiosidad por la pérdida de derechos adquiridos. Las quitas que sufrirán son sustanciales. Por ejemplo, de un haber de 50.000 pesos se pierde cerca de 3000 pesos. Y una jubilación de 100.000 pesos pierde cerca de 7600 pesos.

Luego del anuncio de Alberto Fernández con bombos y platillos, sobre una suba trimestral del 2,3% más una suma fija de $1500, representantes de los estudios más encumbrados coincidieron que si bien quienes cobran el haber mínimo tendrán un alza de 13%, el resto de los jubilados tendrán fuertes quitas, de entre 5% y 7%

Si bien con la medida el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social (lo que además de jubilaciones y pensiones incluye perceptores de la Asignación Universal por Hijo y otros planes sociales), unos 13,6 millones de personas, recibirán un incremento en su haber que superará el 11,56% que hubiesen percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017, el resto de los jubilados verán disminuido su haber respecto a lo que surgía del sistema anterior.

“Con este aumento que anunció el Gobierno para las jubilaciones, miles de personas van a ir a reclamar a la Justicia sin lugar a dudas. Son los que más acceso a abogados tienen”, remarcó Andrea Falcone, abogada del estudio jurídico Jubilarnos.com. Falcone, agregó que muchos de ellos tienen juicios en curso por lo cual tienen acceso a letrados que van a reclamar. “En mi caso ya tengo la demandas listas para presentar esta semana”.

VEINTE PUNTOS PERDIDOS EN 4 AÑOS

Facundo Fernández Pastor, especialista en derecho de la seguridad social, consideró que habría que derogar la ley aprobada en diciembre de 2017 y volver a la de 2018. Aseguró que en los últimos dos años los beneficiarios perdieron 14,5 por ciento y agregó: “Era una fórmula pro-cíclica que acompaña el crecimiento de la economía, mientras mejor le iba al país, más cobraban los beneficiarios”.

Según un cálculo realizado por Fernández Pastor, si no hubiera habido cambios en la movilidad en 2017, la jubilación mínima de marzo sería de 17.970 pesos y la máxima del régimen general de 131.600 pesos. En la actualidad, la mínima es de 14.068 y la máxima de 103.000 pesos.

El abogado previsionalista Adrián Troccoli, del estudio homónimo, advirtió que el aumento es menos de un 4% para las jubilaciones más altas. “En el caso de las más bajas no les recupera lo perdido siquiera el año pasado. Mucho menos los 20 puntos que le había prometido en campaña Alberto Fernández”, indicó.

“Lo más preocupante es que esto tenga carácter permanente. Lo que significa que no es que mientras que dure la emergencia económica les van a quitar este porcentaje y después nada. Digo bajar porque los jubilados tenían previsto un aumento de 11,56% según la ley de movilidad. Les van a estar dando una suba entre el 4 y el 6% si hablamos de las escalas medias. Y eso es muy poco”, reflexionó.

Troccoli sostuvo además que su estudio jurídico ya inició el reclamo en muchos casos por el retraso actual en los haberes luego de una pérdida de casi 20 puntos en los últimos cuatro años”.

En tanto, insistió con que con esta actualización vía decreto los jubilados que no cobran la mínima “tienen una pérdida que se acumula a la que ya había reconocido el mismo presidente Alberto Fernández”.

“Esto no solo no soluciona nada sino que al 75% de los que sí aportaron para jubilarse les produce una quita cuando ya venían con un atraso”, destacó.

UNA FORMULA SUSTENTABLE, SIN PERDER DERECHOS

Federico Bobrovsky, abogado del estudio Bobrovsky, agregó que el Gobierno se ampara en la declaración de Emergencia pero remarcó que el sistema previsional no es redistributivo.

“Esto tiene un sabor agridulce. Se celebra que cobren un aumento superior al previsto los que menos cobran pero no a costa del resto. Las jubilaciones están previstas para que cada jubilado cobre un haber similar al que tenía cuando estaba en actividad”, detalló.

Por último, consideró que hay que ir hacia una formula jubilatoria que sea sustentable en el tiempo pero que no sea a costa de perder derechos. “El sistema de seguridad no es asistencialismo. Eso no es así”, sentenció.

La fórmula de la movilidad en el mundo suele darse por algún índice de precios o salarios. “En Argentina toma mayor relevancia por la elevada inflación y la inestabilidad macroeconómica”, aseguró Sergio Rottenschweiler, economista especializado en seguridad social y finanzas públicas. Adelantó que colisionan dos objetivos contrapuestos.

Un ajuste por inflación asegura poder adquisitivo para los jubilados, pero se financia con impuestos del trabajo, sobre la base de salarios que no subieron al mismo ritmo que la inflación.

En cambio, si el ajuste se realiza por salarios, en caso de que se desacelere la inflación, los salarios reales ganarán y el aumento será mayor a la inflación. “La fórmula tiene que tratar de permitir cierto nivel de ingreso a los jubilados en términos de sus haberes, y a la vez cumplir con las restricciones fiscales actuales”, consideró.

En este sentido, opinó que la nueva fórmula debería combinar actualizaciones por salarios e inflación, como la actual, pero con algún tope anual.

PARA SEMINO ES UNA GRAN REGRESIÓN

Para el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Seminose, “se ratifica la regresión en término de los derechos de los adultos mayores. El sector más bajo se beneficia con los aumentos que anunció Alberto Fernández, pero solo con 197 pesos por mes”, sentenció.

“El segundo segmento cobrará $300 menos por mes”, continuó Eugenio Semino.

“Un tercer segmento cobraría menos de 4000 pesos”, detalló.

“Vamos a plantear la inconstitucionalidad“, aseguró el defensor de la Tercera Edad.

“Cuando hablo de regresividad, me refiero a que todos los beneficiarios están amparados en el derecho a la movilidad, y no solo el 8, o 10 por ciento de ellos”, explicó Eugenio Semino. “Además, Argentina se comprometió a no recortar derechos de los adultos mayores”, apuntó el defensor de los ‘abuelos‘.

“Un sistema jubilatorio se basa en dos elementos fundamentales: Proporcionalidad y Equidad”, indicó Semino. “El que gana $40.000 no es porque se trata de un privilegiado, sino porque tuvo aportes durante sus 30 años de trabajo que son más importantes que aquel que gana 20.000 pesos. No se puede achatar esa pirámide arbitrariamente”, consideró.

Desde la oposición, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri avivó el fuego: » Alberto Fernández prometió un aumento del 20 por ciento en campaña para los jubilados. Con el anuncio del viernes, los que cobran la mínima van a cobrar sólo 191 pesos más que con la fórmula que sancionó Cambiemos», reconoció el legislador. Sin embargo, sostuvo que «el resto va a perder entre el 15 y el 50 por ciento en relación con la fórmula de 2017».

Además el cordobés aseveró: «El Gobierno ratificó que el ajuste va por los jubilados, el campo y la clase media. La verdad que estamos preocupados”, señaló.

Patricia Bullrich también levantó olas en su momento : “Las 14 toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros por la reforma previsional se las tendrían que devolver una por una a ellos”, lanzó la dirigente del macrismo al recordar las protestas contra la reforma jubilatoria que fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas a su cargo.

La polémica promete nuevos capítulos y la justicia tiene la palabra.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.

Rodrigo Gauna