La Suprema Corte de Justicia bonaerense admitió el recurso de queja presentado por el fiscal de Casación Penal de la provincia, Carlos Altuve. Suspendió provisionalmente el otorgamiento de aquí en más de prisiones domiciliarias a los detenidos que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus.

La Corte informó que aceptó tratar el recurso presentado ayer por Altuve para que se revoque el habeas corpus colectivo que habilita las prisiones domiciliarias, admitido por el juez Víctor Violini.

Asimismo, la Suprema Corte declaró que la resolución «suspende los efectos» de la decisión del Tribunal de Casación Penal impugnada.

Estableció también que, previo a la sentencia de fondo, se debe requerir por oficio al Tribunal de Casación Penal «la inmediata remisión del expediente».

La Corte además ordenó que el procurador Conte Grand emita un dictamen «en un término de 24 horas». Luego el defensor general, Mario Coriolano, tendrá que hacer su propio dictamen «también de un plazo de 24 horas».

En ese mismo plazo, se habilitó que otros interesados puedan presentar escritos, se aclaró desde el máximo tribunal.

Precisaron que «se busca resolver la cuestión de fondo con la mayor celeridad» posible. Por eso se dispuso «la abreviación de los plazos para el dictado de la decisión de mérito».

Altuve recurrió ayer a la queja, luego del rechazo del recurso de apelación interpuesto contra el fallo del juez Víctor Violini. El juez hizo lugar a un habeas corpus colectivo para que se otorgue la domiciliaria a presos en peligro de contraer coronavirus.

En ese fallo, Violini dijo que los que podrán acceder al beneficio deben ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas y detenidos con enfermedades preexistentes. Aclara que estén involucrados en delitos leves, aunque no hace mención a cuáles son los delitos a los que hace referencia.

Según las fuentes penitenciarias las prisiones preventivas alcanzaron en el primer mes de la cuarentena a unos 500 presos.

El recurso

Altuve consideró que la resolución de Casación configura un supuesto «de extrema gravedad institucional por las consecuencias directas que de él se derivan. Pone en jaque al sistema jurídico penal y afecta el orden público, por la incertidumbre que genera respecto de la implementación de las medidas».

Para el fiscal, «se vulneró la garantía del juez natural, que debe conocer en la situación de privación de libertad de las personas que se encuentren a su disposición, otorgando el arresto domiciliario a un número indeterminado de personas».

«No es mi objetivo alzar una barrera que obstaculice la toma de las medidas urgentes, para resguardar la vida de las personas privadas de libertad», sostuvo.

Pero advirtió que no se debe vulnerar «las leyes que ordenan el funcionamiento de la administración de justicia penal».

Liliana Lopez