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Tomando distancia de las cifras del INDEC que hablan sobre la baja de la pobreza, basta con caminar ciudades y barrios para comprender que la situación de muchas familias es verdaderamente precaria, en donde ya hay necesidades urgentes como sostener la alimentación.


Esta vulnerabilidad trepa al 18% en la infancia pobre en términos monetarios, 14% en la población que recibe asistencia económica del Estado y 14% en el conurbano bonaerense.
El nuevo relevamiento del informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UC), muestra un rostro mucho más real del país y la provincia. En esa dirección la pobreza no baja, sino que sube y los más afectados son los niños y niñas.
Según el informe, entre 2016 y 2017 la pobreza infantil pasó del 60,4 al 62,5%, creciendo un 2,1%. Por fuera de las estadísticas, significan 8 millones de niños. En términos humanos, representan millones de pibes privados de alimento adecuado, salud, un entorno habitable y el acceso a la educación.
Difícilmente alguien podría dudar de que el estudio elaborado por la Universidad Católica tenga alguna postura política marcada, ya que de la misma, esta forma se encargó de denunciar el aumento de la pobreza y otras falencias, durante los 12 años del gobierno kirchnerista.
En este sentido, el informe explica que en un solo año, miles de niños y niñas que van de los 0 a los 17 años, cayeron en la pobreza.
Un golpe para una de las principales promesas de campaña del macrismo, la “pobreza cero”, que con el correr del tiempo se volvió en una auténtica quimera. La que sin ruborizarse después dieron a entender que representaba más bien una metáfora alentadora.
Es que nadie podía entender cómo desde un contexto económico de poca posibilidad de empleo, despidos, tarifazos y una inflación incesante, la pobreza pudiera bajar un poco.
El índice utilizado para medir este flagelo se calcula sobre la base de diferentes dimensiones, que muestran las privaciones “totales o severas” que los chicos tienen en torno a la alimentación, salud, educación y otros ítems.
Por ejemplo, si los menores pasan o no hambre, si en sus barrios tienen acceso a los servicios básicos, como agua corriente o cloacas, si las viviendas están hechas de madera, chapa o ladrillo, si tienen acceso a la salud y a la educación, así como también a servicios como teléfonos o internet.
Sobre este universo, la UCA demuestra que un 5,9% de los jóvenes durante 2017 estuvieron privados en cuatro dimensiones,12% en tres, 18,4%, en dos, y 28,7% en una dimensión.
Apuntando específicamente a la alimentación –un índice que lamentablemente comienza a preocupar cada vez más- el informe indica que durante el año pasado, uno de cada diez jóvenes vivió (y vive) en un hogar “vulnerable en términos de acceso a los alimentos”, es decir, de poca o muy escasa alimentación.
“Esta vulnerabilidad trepa al 18% en la infancia pobre en términos monetarios, 14% en la población que recibe asistencia económica del Estado y 14% en el conurbano bonaerense”, explica el estudio.
Por su parte, el déficit de alimentación entre 2016 y 2017 aumentó de 8,7% a 9,6%.
Respecto a los demás puntos, el sondeo realizado por la UCA muestra que hay al menos un 30% de jóvenes con viviendas “precarias”, es decir que viven en casas construidas con madera, chapa y nylons.
Así como también que un 23% de los mismos tienen problemas para acceder a la salud, y un 19% que no asisten o tienen problemas para ir a la escuela.
Si alguien quisiera restarle peso e importancia a lo que denuncia este informe, tampoco podría desligarse de la problemática, ya que para el propio INDEC la pobreza sigue siendo una de las principales emergencias del país.
Para el organismo estatal, la pobreza infantil es de un 39,7%, que ronda entre los niños recién nacidos hasta los de 14 años.

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