En los últimos 5 años, se registró  en Buenos Aires, un aumento del 110% en el número de las instrucciones penales preparatorias vinculadas a la violación a la Ley de Estupefacientes. En el periodo 2017-2018, el incremento fue del 33%. De ese total, uno de cada cuatro causas, tiene que ver con tenencia para consumo personal.

Necochea es el departamento judicial donde este tipo de causas penales representan mayor porcentaje, seguido por San Nicolás, Trenque Lauquén y Azul.

Por otra parte, en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), por delitos relacionados al narcotráfico, la cantidad de presos procesados sin condena duplican a los que tienen sentencia: 3.300 contra 1.500.  A este panorama, se le suma un récord de deportaciones que, por general, involucran a personas de escasos recursos, que integran los eslabones más débiles del sistema de comercialización ilegal de estupefacientes.

El hostigamiento permanente y sistemático de integrantes de fuerzas de seguridad a consumidores de estupefacientes es una realidad concreta, que se registra a lo largo y ancho del país. Así lo viene denunciando, por ejemplo, el juez Mario Juliano, quien está a cargo del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea y actual presidente la Asociación de Pensamiento Penal.  Entre otras acciones, Juliano presentó un habeas corpus para que la población juvenil no sea acosada por la Policía por tenencia simple de marihuana. 

En el escrito, el magistrado bonaerense sostiene: “Hay tres conclusiones que se pueden elaborar a partir de un muestreo de esos procedimientos por tenencia para consumo personal: 1) que la casi totalidad de los procedimientos se encuentran relacionados con la marihuana; 2) que las personas interceptadas, en su inmensa mayoría, son menores de 25 años; y 3) que el promedio de sustancias secuestradas (marihuana) oscila en los 4 gramos. Una mera estimación de los recursos materiales públicos utilizados para llevar a cabo estos procedimientos (sueldos policiales, judiciales, papelería, combustible, reactivos) arroja un costo aproximado de $10.000 por procedimiento.”

Fuente: Walter Martello.

Melisa Delgado Niglia