Más allá de las preocupaciones que acarrea el coronavirus, que ha alterado nuestro sistema de vida, hay otra bomba que seguramente explotará tarde o temprano cuando la situación se amesete.
Ese será el momento en que el sistema judicial tendrá que ponerle el pecho a una serie de frentes conflictivos que ya empiezan a mostrar su peor cara.
Por lo pronto, ya hay más de 5 mil detenidos en todo el país por violar el aislamiento. La propia ministra de Justicia, Marcela Losardo, advirtió en las últimas horas que, si la tendencia se mantiene, "los fiscales no van a dar abasto" con las denuncias, aunque aclaró que "se va a aplicar la ley" con todos aquellos que hayan violado la medida.
El Presidente también se encargó de aclarar que si la orden no se acata, a los irresponsables les van a quitar los autos. Lo cierto es que las fuerzas de seguridad no dan abasto con la cantidad de vehículos y peatones que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. A su vez, cada vez son más los efectivos con temor a contagiarse de coronavirus en medio de los controles.
Hoy estamos frente a una suerte de olla a presión, en un amplio abanico de temas. Otras cuestiones jurídicas que ya están en la cola y se harán notar incluyen: demandas laborales por medidas contra trabajadores; denuncias por no respetar los precios máximos o la falta de readecuación de contratos como los alquileres, vencimientos de tarjetas, pagos de servicios, cuotas y pasajes. También hay que sumar las situaciones de violencia de género que en el contexto del encierro obligado han aumentado.
Por poner un ejemplo, el 20 de este mes, primer día de aislamiento obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández, hubo 41 mujeres que denunciaron situaciones de violencia sólo en la Ciudad de Buenos Aires. En los días siguientes, la cifra llegó a 93 denuncias hasta la actualidad. Además, la organización “La Casa del Encuentro”, pionera en la lucha contra el femicidio, también registró un aumento del 25% en las llamadas solicitando asesoramiento por violencia de género del 25% a partir del lunes 16 de marzo.
También se prevé el posible agravamiento de los pleitos familiares, de pareja y parejas separadas con hijos/as; reclamos de prisión domiciliaria de presos/as con posibles factores de riesgo; y ya se empezaron a judicializar pedidos de protección a las personas en situación de la calle, en especial en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la Corte, por estas horas todo el sistema deberá enfocarse en las “cuestiones sanitarias” y a las “sancionatorias” de quienes violan el sistema de “prevención y mitigación”. El alto organismo judicial enumeró además potenciales demandas que ya están en el radar de la justicia como “cuestiones vinculadas con la privación de la libertad de las personas, violencia urbana y doméstica, delitos contra la salud pública, delitos migratorios (frente a las actuales restricciones), interrupción de las comunicaciones (telefónicas, audiovisuales, internet), delitos vinculados con el aprovechamiento de la calamidad, habeas corpus, delitos contra las personas, contra la integridad sexual, contra la seguridad y el orden público”. También “asuntos de familia urgentes, resguardo de menores, violencia de género, amparos” sobre cuestiones de salud.
En lo que tiene que ver con los derechos laborales el gobierno ya tomó nota que varias empresas de distinto tamaño están suspendiendo a los trabajadores en lugar de licenciarlos, con el argumento de que es insostenible pagar salarios ante la paralización de la actividad. Hay que señalar que esto es absolutamente ilegal, ya que la licencia fue creada por DNU con goce de haberes. Las suspensiones por fuerza mayor, de la ley de contrato de trabajo, no.
Según los abogados laboralistas, “el decreto no dice nada sobre la Ley de Contrato de Trabajo, de donde surge la posibilidad de suspensión, pero los empresarios alegan que la emergencia corrobora la existencia de “fuerza mayor”. Entonces hay preguntas para hacerse como : “¿Quién paga esta paralización? ¿Y cuánto tiempo pasará? Porque generará una catarata de suspensiones”.Si los sindicatos y el Ministerio de Trabajo no intervienen de manera urgente, esta bomba judicial terminará explotando de manera altamente expansiva en tribunales. Otra tema a tener en cuenta son las actividades que no se detienen y que incluyen contacto con –por ejemplo—barcos de otros países que llegan u otras formas de riesgo ante el coronavirus. “¿Qué pasará si uno de esos trabajadores contrae el virus?”.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, coincide en que “las suspensiones por fuerza mayor son ilegales” y suma otros conflictos. “Ciertas empresas han comunicado a sus empleados y empleadas que no pagarán las licencias justificadas para el cuidado de niños y niñas cuyas escuelas cerraron. La resolución 207 del Ministerio de Trabajo estableció que las ausencias por ese motivo son ´justificadas´, pero no dice remuneradas. Es obvio que sí lo son. Si los sindicatos y el Ministerio de Trabajo no intervienen todo esto terminará siendo debatido en tribunales. Otra complicación que está apareciendo lamentablemente, son los especuladores de turno que aprovechan la emergencia para aumentar los precios.
El presidente ya anunció que está dispuesto a ordenar la clausura de negocios. Estas situaciones también se están dando en los barrios más pobres del conurbano.
En esta dirección, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció inspecciones y clausuras para quienes incumplan con las normas y los precios máximos de productos esenciales para “garantizar el abastecimiento y controlar abusos”.
Para los especuladores dijo que se aplicarán la llamada Ley de Abastecimiento 20.680 (incluso sobre las micro, pequeñas y medianas empresas el tiempo que dure la emergencia) y figuras del Código Penal, como los que estipulan fraudes al comercio y la industria (300 y 300 bis), con penas de hasta cuatro años de cárcel y multas. La ley de abastecimiento establece multas de hasta 10 millones de pesos o el triple de las ganancias producida por la maniobra, también dos años de clausura y hasta la prohibición de ejercer el comercio.
En los últimos días hubo actas labradas y clausuras, como la de una farmacia que puso un cartel que anunciaba la falta de alcohol en gel pero tenían un stock de botellas oculto y otra que vendía medio litro a 700 pesos.
La lista de todos los precios máximos de productos básicos está en www.argentina.gob.ar/preciosmaximos. Las denuncias se hacen en Defensa del Consumidor. Hay un mail: consultas@consumidor.gob.ar o por twitter @DNDConsumidor. Es probable que muchas de estas cuestiones también también terminen en los tribunales.
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.
