La medida convocada por kioskeros independientes se realizará el próximo miércoles, jueves y viernes. Es en contra de la prohibición de cobro adicional o una rentabilidad mínima del 15% por realizar el servicio de carga.

Los kioskos de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires que cargan las tarjetas SUBE cesarán esa actividad durante tres días esta semana en protesta contra la prohibición estatal para el cobro por la tarea.
La medida de fuerza de los kioskeros será llevada adelante entre el miércoles y el viernes, por lo que cientos de miles de personas podrían verse afectadas si se encuentran lejos de las estaciones terminales de subterráneos o trenes.
Es que la Cámara de Kiosqueros Unidos (CKU) convocó a un paro general en el sistema de recarga SUBE y VIRTUAL para exigir que deroguen o modifiquen la ley que prohíbe el cobro de adicional o permitan una rentabilidad "digna" del 15 %.
"Los kioscos son puntos de venta fijos necesarios para que funcione el sistema de transporte público y estos asumen un riesgo elevado al desarrollar esta tarea", dijeron los comerciantes en un comunicado.
El Estado había prohibido el cobro por la recarga cuando en 2011 la entonces presidenta Cristina Kirchner lanzó la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) por entender que esta actividad podría motivar ventas en los negocios. La administración de Mauricio Macri optó por respaldar esa prohibición.
La CKU reclama ahora que el Estado derogue o modifique la ley que prohíbe el cobro adicional, en el mismo sentido exige el ajuste de la rentabilidad a favor del kiosquero y el control del Estado a las empresas que cumplan con el pago correspondiente.
En el documento agregan que ellos optan por brindar este servicio SUBE de forma voluntaria para amortizar la crisis del rubro debido a la competencia desleal que enfrentan con los supermercados y estaciones de servicio, entre otros.
Esos comercios y hasta los de la cadena Farmacity venden golosinas al igual que un kiosco, no debiendo dedicarse a este tipo de mercadería, dijo la CKU en su comunicado de prensa difundido recientemente.
"Detrás de los más de 12.000 quioscos hay miles de familias, y su fuente de ingresos peligra por la persecución de denuncias impulsadas por una ley que culpa al último eslabón del sistema cuando nadie investiga quienes son los que se quedan con el dinero fruto del trabajo del kiosquero del sistema SUBE", se quejaron.