Las cifras duelen, pero son contundentes y requieren de una solución en el más corto plazo. La situación tiene que ver con que más del 35% de los niños y adolescentes del Conurbano redujeron su dieta alimentaria por el impacto de la situación económica en los sectores socialmente más postergados.


Las cifras forman parte del informe que dio a conocer el Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Buenos Aires (NNyA) de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
El titular de ese organismo, Walter Martello, advirtió que, pese a la magnitud de la crisis, aún no fue publicado en el Boletín Oficial el decreto presidencial que debería extender el mecanismo de reintegro del 15% del IVA por compras realizadas con tarjeta de débito lo cual podría llevar algo de alivio a los sectores más postergados.
Hasta el año pasado este régimen alcanzaba a más de 1,5 millones de personas, incluyendo beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo; jubilados/as y pensionados/as que cobran el haber mínimo, y personas que perciben pensiones no contributivas.
“El decreto 94/18 prorrogó hasta el 31 de diciembre pasado el sistema de reintegro del IVA. Como aún no fue prorrogado, este sistema de devolución podría dejar de realizarse. A su vez, el límite de 300 pesos de reintegro mensual, que estableció el gobierno nacional, ha quedado absolutamente desactualizado por los aumentos de precios”, explicó Martello.
También señaló que el monto promedio de devolución para los beneficiarios de planes sociales, según reconoció el Jefe de Gabinete en uno de los informes que elevó al congreso nacional, fue de apenas $38,30 durante 2018. “Es una cifra irrisoria. La AUH está perdiendo su poder de compra de forma acelerada, a punto tal que en el último año aumentó poco más del 28%, cuando el índice de inflación fue casi un 70% superior (47,6%)”, destacó Martello.
El pedido del Defensor del Pueblo Adjunto se produce en momentos en que se viene registrando un sostenido aumento de la inseguridad alimentaria (reducción involuntaria de la porción de comida) en niños, niñas y adolescentes, producto de los elevados índices de pobreza e indigencia, especialmente en el Conurbano profundo.
Según el INDEC, el Gran Buenos Aires es la región con el índice de indigencia más elevado del país (8% de la población) y durante el último año registró aumentos en los precios de distintos alimentos de la canasta básica que estuvieron muy por encima del 47,6% de inflación anual que fue informado por el INDEC. Por ejemplo, el precio del kilo de pan francés aumentó 96%, siendo el más caro del país, mientras que el paquete de 500 gramos de fideos secos tipo guiseros se incrementó en un 100,5%.
“Esto se traduce en una acelerada pérdida del poder adquisitivo. Mientras que en 2017 el monto de la AUH permitía comprar 34 kilos de pan en el Conurbano, ahora solo alcanza para 23 kilos”, dio cuenta el informe elaborado por el Observatorio de derechos de NNyA de la Defensoría.
Otro aspecto a tener en cuenta es el informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, elaborado por la Universidad Católica, que alertó sobre el impacto de la crisis en la situación de los NNyA del Conurbano, donde más de 3 de cada 10 chicos/as (35,8%) de hasta 17 años viven en hogares en los que, durante el año pasado, se redujo la dieta por razones económicas. A su vez, el 13% de los NNyA presentan una inseguridad alimentaria severa, es decir, expresaron haber experimentado “hambre” por falta de alimentos en los últimos 12 meses.

NG