El presidente Mauricio Macri compartió ayer un almuerzo en la Casa Rosada con el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, y con la vicepresidenta del alto tribunal, Elena Highton de Nolasco. También participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Uno de los temas sensibles es la causa de Lucio Orlando Blanco. La Cámara de la Seguridad Social falló a favor del jubilado en su reclamo para aplicar el ISBIC (Indice de Salario Básico de la Industria y la Construcción) en lugar del RIPTE (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estatales), el expediente llegó a la Corte Suprema y si confirma ese criterio tendrá impacto en más de 150 mil juicios y un fuerte perjuicio para el Estado. “Sería un problema para el país y para los futuros jubilados, otra hipoteca para el sistema previsional”, advertía estos días uno de los funcionarios que sigue el expediente de cerca. “Eso tiene que ver con la agenda de la Corte y el Poder Ejecutivo no tiene conocimiento”, respondió Garavano, y aludió a una serie de temas generales tratados durante el almuerzo (arroz con langostinos y frutas o torta de chocolate de postre): “Se conversó en términos institucionales de la situación del país, del esfuerzo que se está haciendo en términos presupuestarios, la situación de la Justicia nacional y las provinciales, el G20”.

A su vez la Corte tendrá que resolver la pulseada sobre el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de jueces y otros funcionarios del Poder Judicial. La Asociación de Magistrados interpuso un amparo, apelado por el Gobierno, para evitar que el tributo alcance a los designados a partir del 1° de enero de 2017.

De acuerdo con la estimación del Ministerio de Hacienda, las exenciones en este rubro sumaron unos $7.000 millones este año y superarán los $10.000 millones en 2019. “No lo hablamos específicamente, sí probablemente sea de los temas que se aborden en las sucesivas reuniones que tengamos”, indicó el ministro sobre los próximos encuentros individuales con cada magistrado y junto con Peña con todos los miembros de la Corte.

Lo mismo sucederá con la discusión por el presupuesto: los integrantes del Tribunal firmaron el aumento para que los judiciales alcancen el 40%, para lo que pidieron -por intermedio de una carta a Peña- $1.605 millones al Gobierno para afrontarlo. En la Casa Rosada dijeron que lo tiene en estudio Hacienda aunque le adjudicaron pocas posibilidades de una respuesta positiva.