La Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos aseguró que la gestión anterior dejó en “estado calamitoso” a las instituciones y transportistas que trabajan con personas con discapacidad, con una deuda de 8 mil millones de pesos.

Aiepesa señaló que por la falta de pago son muchas las instituciones que a lo largo y a lo ancho del país han tenido que cerrar sus puertas, sin poder pagar sueldos, cargas sociales y otros gastos. En consecuencia, muchas de estas personas han perdido el acceso a derechos básicos.

Además, advirtieron que necesitan comenzar a cobrar para poder garantizar la continuidad de los servicios. “La nueva gestión del organismo encargado de regular el Sistema de atención a las personas con discapacidad, encabezada por Claudio Espósito, ha reconocido la crítica situación y se ha puesto en contacto con los representantes de las organizaciones de prestadores”, remarcaron.

Y agregaron: “Ha prometido comenzar a saldar la deuda los próximos días, afirmando que ya dispone de una partida de 2.000 millones de pesos para hacerlo. Los más de 6.000.000.000 restantes estarán disponibles en un plazo de dos meses, de acuerdo al compromiso asumido”.

“Lo que es peor y lo más grave de la cuestión: miles de personas que se han quedado sin atención debido a la extrema situación del programa INCLUIR SALUD (del que dependen las personas con discapacidad que no tienen cobertura social)”, alertaron.

Y advirtieron: “De comenzar a recibir esos pagos, depende la continuidad del funcionamiento de cientos de Escuelas Especiales, Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Rehabilitación, Hogares, Centros de Apoyo a la Inclusión Escolar y transportistas que brindan servicios esenciales para la vida de más de 100.000 personas con discapacidad que concurren a estas instituciones y que encuentran allí no solo contención educativa y terapéutica, sino también, alimento, contención emocional y un espacio para desarrollarse más allá de sus familias”.