A poco más de un mes de terminar el mandato presidencial de Mauricio Macri, los balances marcan un boiletín de calificaciones teñido de rojo. Son las consecuencias de un modelo orientado a privilegiar la especulación financiera por sobre la actividad productiva, un proceso de endeudamiento sin precedentes y una amplia gama de medidas de ajuste y liberalización, los resultados en materia económica y social.
Así se desprende de una compilación de datos oficiales elaborados por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) con la información disponible hasta hoy.
DEUDA, FUGA Y DEVALUACIONES
Sin dudas, la marca principal que dejarán los cuatro años de gestión Cambiemos es la crisis de deuda que estalló en 2018 y llevó al país al default ya consumado de las letras de corto plazo y a una pronta reestructuración de los pasivos de mediano y largo plazo.
Después de la aprobación en el Congreso del pago a los fondos buitre, el Gobierno inició un megaendeudamiento de un volumen y una velocidad sin precedentes. De acuerdo al reporte del Celag, entre 2016 y 2019 se emitieron US$98.000 millones de deuda en moneda extranjera y $1,4 billones en moneda local.
Con todas los controles a los movimientos cambiarios y de capitales eliminados, la contracara de ese ingreso de dólares vía deuda externa fue la financiación sistemática de la fuga de divisas, que desde noviembre de 2015 acumula US$84.100 millones, según datos del Banco Central.
El grifo del endeudamiento en los mercados internacionales se cerró a comienzos del año pasado, cuando los capitales especulativos consideraron que la dinámica financiera del país era insostenible en el tiempo e iniciaron una huida masiva del país, que terminó con la vuelta del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el préstamo stand by más grande de la historia (US$57.000 millones). Así, el riesgo país saltó de los 487 puntos del 10 de diciembre de 2015 a los 2.331 puntos de hoy.
Con un stock de pasivos en moneda extranjera casi duplicado, un dólar que se disparó 568% en casi cuatro años y una economía en recesión, el peso de la deuda pública bruta sobre el PBI pasó del 52,6% en 2015 al 98,2% en 2019.
INFLACIÓN Y SALARIOS
Como consecuencia de esas devaluaciones y de tarifazos acumulados que llegaron a superar el 3.000%, la inflación se aceleró. Lejos de bajarla fácilmente a un dígito, como prometió Macri en la campaña que lo llevó a ocupar el sillón de Rivadavia, pasó de viajar al 27,5% anual en 2015 al actual 54%, el número más alto desde la salida de híper en 1991. Así, en poco menos de cuatro años, la suba de precios ya acumuló 285%, según calculó el Celag.
Los ingresos de los trabajadores registrados no aumentaron al mismo ritmo. De acuerdo a los datos del IET, entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019 el salario real se desplomó 19,1%.
Lo propio ocurrió con los sectores más vulnerables. El Celag precisó que, medidos en dólares, el salario mínimo cayó 54% al pasar de US$580 a US$266 y la jubilación mínima, 56%.
LA RECESIÓN PEGO FUERTE
Una de las consecuencias de esta dinámica fue el deterioro de la capacidad de consumo de la población. Eso, sumado a la supertasa con la que el Gobierno buscó calmar el dólar y la inflación (por caso, la tasa de interés límite de las tarjetas de crédito pasó del 36,6% en 2015 al actual 101,1%, según el Celag) que frenó el crédito al consumo y a la producción, llevó a la parálisis de la actividad. De hecho, el mandato de Cambiemos cerrará con tres de los cuatro años en recesión.
El país se empobreció. El PBI per cápita en dólares cayó de US$14.884 en 2015 a US$9.912 en 2019, de acuerdo con el citado reporte.
La inversión en equipos durables bajó 19,8% entre 2016 y 2019. En ese lapso, cerraron 19.131 empresas. Y con una economía abierta a la importación y un mercado interno en caída libre, la actividad más golpeada fue la industria manufacturera. En ese mismo período, la sector fabril se derrumbó 12,8%. A su interior, las ramas más golpeadas fueron la textil, que se hundió 34,1%; la de maquinaria y equipos, 26%; y la automotriz, 24,4%.
DESEMPLEO Y POBREZA
Las otras grandes consecuencias fueron el aumento del desempleo y de la pobreza a los niveles más altos desde 2006 y 2008, respectivamente.
Por la caída del poder adquisitivo, cerca de un millón de personas salieron a buscar trabajo. Algunas lo consiguieron y muchas otras no. Con un nivel empleo sostenido por la creciente precarización en las modalidades de contratación, esa dinámica fue la que explicó que la desocupación pasara del 5,9% en 2015 al 10,6% en el segundo trimestre de 2019 (último dato disponible del Indec).
Mientras tanto, según los datos consignados por el Celag, unos 2,6 millones de argentinos ingresaron en la pobreza, que saltó del 29,7% en el segundo semestre de 2015 (sin datos oficiales por el apagón estadístico del Indec, otras series privadas la ubicaban en torno al 27%) al 54% de la primera mitad de 2019. Por el recrudecimiento de la crisis, los especialistas coinciden en que el número crecerá este semestre y se acercará al 40%.
La profundidad de la emergencia social es imposible de reflejar en estadísticas. Aunque hay una que, tal vez, logra acercarse un poco a eso. En los últimos tres años, el consumo por cada habitante de leche, el alimento básico para el desarrollo en la infancia, cayó 19%.
