Necesidad de avanzar hacia un acuerdo económico-social

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*Por Jorge Joury

El Gobierno evalúa la posibilidad de un ” fin de año caliente” en algunos puntos del país, principalmente en el Gran Buenos Aires, donde han crecido ostensiblemente los niveles de pobreza. Ve con preocupación que la protesta social cope las calles y puedan producirse desbordes fogoneados por grupos violentos. Los intendentes son el termómetro de todo esto y han disparado las alarmas. Observan que cada día son más las personas que concurren a sus sedes a pedir ayuda alimentaria y que los comedores están desbordados. Es la radiografía más acabada del ajuste. Los alcaldes que se reunieron en las últimas horas con la CGT lo plantearon como una de las urgencias más relevantes a la que hay que dar rápida respuesta. La central obrera también fue el receptáculo de las inquietudes de la Unión Industrial Argentina. Los empresarios pusieron sobre la mesa de discusiones las preocupaciones por la caída de la actividad productiva. Ambos sectores rechazaron la política oficial de apertura de las importaciones por su impacto en el empleo doméstico y enviaron señales al Gobierno para apurar un eventual llamado a un gran acuerdo económico y social. Hubo notables coincidencias y diagnósticos similares sobre la caída del empleo y de la actividad industrial, y se debatió sobre el rumbo económico de la gestión macrista. Gremialistas y empresarios se comprometieron a trabajar en una agenda común y aspiran a ser citados a una misma mesa por el Gobierno.

“Se habló de la administración del comercio del exterior y la necesidad de un perfil industrial mucho más ambicioso que el que vemos hasta el día de hoy”, dijo el portuario Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT. Y agregó: “Compartimos con la UIA la preocupación para que no se siga profundizando la caída del empleo y ver cómo podemos construir una agenda común para tener diagnósticos y una alternativa conjunta frente al trazado económico”.

En la misma dirección con lo que fue el encuentro con los empresarios, por otra vía, la Juventud Sindical y sus pares de la Unión de Jóvenes Empresarios (Unaje) avanzan en una inédita iniciativa para establecer una agenda temática común. La idea es sugerir con fuertes argumentos la necesidad de que el Gobierno convoque a un acuerdo económico y social. Los jóvenes empresarios y sindicalistas podrían cristalizar en los próximos días su buena sintonía y convivencia con una mesa panel en la CGT para debatir sobre los efectos positivos y negativos del proyecto legislativo del oficialismo para fomentar la creación de empleo joven. Impulsan este proyecto los sindicalistas Cristian Oliva y Luis Velázquez y los empresarios Alejandro Nasser y Eugenio Bonelli.La Comisión Episcopal Argentina, también se acercó a la CGT para dar su diagnóstico. En la misma línea le señalaron a los dirigentes que “cada vez más pobres se acercan a las iglesias a pedir ayuda”.

Frente a este cuadro de situación y la posibilidad de un paro general en puerta, en el Gobierno ya ha tomado nota y preparan un equipo de contención social, similar al que funcionó en diciembre pasado cuando el presidente Mauricio Macri recién desembarcaba en la Casa Rosada. Según trascendió, ese equipo estará integrado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; Acción Social, Carolina Stanley; Trabajo, Jorge Triaca; Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio y el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis. También articularán acciones con ese equipo el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien ya mandó a un grupo de hombres de su mayor confianza a monitorear las urgencias en los distritos más pobres.

Por lo que se sabe, los ministros trabajarán sobre una serie de zonas consideradas vulnerables: el Conurbano bonaerense y las ciudades de Mar del Plata, Bariloche y Rosario, parte de la geografía nacional donde el gobierno ya advierte el impacto de la crisis económica y social –especialmente en términos de pobreza y desempleo–, pero también en materia de narcotráfico.Tembién esta previsto el reenvío de efectivos de Gendarmería Nacional a las ciudades de Santa Fe y Rosario. Todo forma parte del capítulo en materia de seguridad que el Ejecutivo diseña para los últimos meses del año. En su rendición ante el Congreso, Peña habló del regreso a esos puntos de tres mil gendarmes, pero en el gobierno aclaran que ese número sería el máximo de un contingente integrado por uniformados de distintas fuerzas federales.

La relación entre Macri y el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, no es la mejor, ya que tuvieron duros cruces. Pero en las últimas horas firmaron un acuerdo para crear un comité estratégico y polìtico contra el narcotráfico, además de coordinar acciones entre las fuerzas federales y la policía. El acuerdo finalizará a fines del 2017 y fue el corolario de semanas de disidencias en torno de la forma concreta que tendría este “trabajo en equipo”, como lo denominó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y que llevó a encontronazos públicos entre Lifschitz y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En las últimas semanas, el aumento en los casos de muertes violentas en Rosario llevaron a la ciudadanía a protagonizar dos marchas exigiendo mayor seguridad. Estos hechos aceleraron la puesta en marcha de un plan en común, aunque surgieron disidencias de fondo: Bullrich pretendía que el Ministerio de Seguridad tuviera potestad de “auditoría” sobre las fuerzas santafecinas, algo a lo que el socialismo santafecino se opuso. Según el artículo 3 del acuerdo firmado, Bullrich y el propio Lifschitz “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza, así como graduar la intensidad de la misma” en caso de ser necesario.

También hay que decir que el nivel de deterioro de las condiciones económicas que los funcionarios buscan eludir en público fueron expuestas por el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín. “En algunas parroquias aumentó la demanda social. En varias Cáritas hay alerta porque no estamos pasando los mejores tiempos. Hay preocupación, no sé si llegamos a una emergencia social. Es para estar muy atentos”, dijo el cura. “Todavía los gobernantes no han encontrado la vuelta para el crecimiento tan esperado”, completó. El diagnóstico tuvo como horizonte la masiva marcha contra la inseguridad del jueves 25 de agosto en Rosario.

Córdoba también pidió la presencia de Gendarmería. En el Ministerio del Interio admiten que desde los primeros días de este mes, parte del Gabinete recorre el Conurbano bonaerense. “Especialmente en las zonas más pobres”, contó un funcionario antes de emprender una visita al partido de Moreno, punto clave del oeste metropolitano.
Otras zonas que recibirán “un amplio despliegue” de programas oficiales, como “El Estado en tu Barrio” y el “Programa Nacional de Hábitat”, serán La Matanza, San Martín, Lanús, Jose C. Paz y una lista de distritos que se construye semana a semana a partir de las consultas que hace la gobernación bonaerense a cada intendente. El alcance de esos programas es especialmente coordinado por Peña, Stanley y Vidal.

En la provincia de Buenos Aires, el segundo punto caliente de atención es Mar del Plata. Según las últimas cifras de desempleo que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la ciudad balnearia registra una tasa de desocupación del 11,6%, debajo de Rosario que llega al 11,6% y un decimal por encima del Gran Córdoba, que tiene un 11,5%. En el cuarto lugar se ubican los partidos del Gran Buenos Aires (11,2%) y en el quinto, la ciudad cordobesa de Río Cuarto (10,5 por ciento).

En esas zonas calientes, la apuesta del gobierno central es multiplicar la agenda de visita de los programas federales de asistencia y los anuncios de obras, especialmente de conexiones cloacales, de gas y agua potable, tres de los principales ejes del “Programa Nacional de Hábitat”. En el caso de Mar del Plata, la CGT local estima la tasa de desocupación en el 19%, pero los planes oficiales no incluyen programas de generación de empleo, salvo los derivados de las obras públicas. En el sur del país la atención está centrada en la ciudad rionegrina de Bariloche. El gobierno admite que el impacto del tarifazo y la caída del empleo han deteriorado las condiciones de esa zona “inestable e impredecible”. Las urgencias asoman cada vez con más fuerza y se hace necesario un acuerdo económico social, para timonear una solución en el corto plazo que de alivio a los sectores más postergados.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP. Su correo electrónico es jorgejoury@gmail.com. Quienes quieran consultar su blogs, puden dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.

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