LA PLATA.- (De la corresponsalía de AGENHOY)).- Hoy se volverán a vivir horas de tensión frente al municipio platense, después de la represión del viernes por parte de la Infantería a manifestantes que reclamaban por la cesantía de 2.500 contratos. La situación seguramente se tornará dramática en horas del mediodía frente a una marcha de repudio por parte de ex trabajadores, el FpV y organizaciones peronistas.

Por la convocatoria, la seguridad en el palacio municipal se reforzó desde el sábado con un vallado especial de contención que evite un posible “intento de toma del edificio“ por parte de los integrantes de la protesta.

Ayer, el intendente, Julio Garro, volvió a referirse a los incidentes del viernes y llamó a la “reflexión” a los manifestantes para evitar nuevos episodios de violencia, luego de que denunciara que “fueron con piedras y palos directamente a lastimar policías y romper el edificio”.

Pero, al mismo tiempo, el jefe comunal se refirió al accionar de la Infantería, que en respuesta dejó un saldo de unos 20 heridos de balas de goma y gases lacrimógenos. En este punto, Garro celebró “la decisión del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, de investigar el procedimiento de la fuerza policial”. Y agregó: “No queremos violencia ni la justificamos”.

En ese marco, y adelantándose a la marcha convocada a través de las redes sociales para hoy, llamó a la “reflexión” a quienes “fueron en búsqueda de los incidentes, porque la agresión nunca es el camino hacia el diálogo, que debe hacerse a través del Concejo Deliberante y no arrojando piedras”.

Por otra parte, sobre el viernes, Garro remarcó que se encuentra recopilando pruebas para realizar una presentación en la Justicia por los presuntos delitos de “intimidación pública, asociación ilícita y atentado”, en el que dejará constancia de la presencia de ex funcionarios de la anterior gestión.

Por esos hechos ya hay una denuncia judicial presentada por familiares de manifestantes, que denuncian la “represión” por parte de la Policía dejando “más de 20 heridos” de distinta consideración.

INSTALAN UN VALLADO

Frente a la tensión, con una intención “preventiva”, la Comuna solicitó a la policía bonaerense la instalación de un vallado en los accesos al palacio municipal, a fin de evitar eventuales “desbordes” o la posible intención de algunos manifestantes de “tomar el edificio”.

Pero, además, para evitar que la Policía quede “cara a cara” con los integrantes de la protesta, que, luego de los hechos del viernes, facilitarían ocasionales choques.

Unas 50 agrupaciones políticas de origen peronista y de izquierda y organizaciones sociales convocaron para hoy a media mañana a una movilización en la plaza Moreno en contra de “los despidos injustos, la persecución ideológica” y en rechazó de “la represión de los compañeros” que protestaban el viernes.

Ayer, el diputado nacional de La Cámpora Andrés Larroque, quien asistió el viernes pasado a las puertas del municipio tras lo incidentes, renovó sus críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri en general y también por la medida de cesantía de contratos de Julio Garro.

“El modelo de ajuste y concentración económica sólo se puede implementar con represión y blindaje mediático”, lanzó y advirtió que “con estas acciones el gobierno busca amedrentar a los manifestantes”.

El legislador llamó además a “no dar el brazo a torcer y seguir reivindicando lo que es justo: la continuidad de la fuente de trabajo”.

En tanto, el secretario general de Canillitas e integrante de la CGT Azopardo, Omar Plaini, mostró preocupación y advirtió que “esto de (las denuncias por) los ñoquis lo que busca es achicar el Estado”.

INCIDENTES Y POLEMICA

Como viene publicando este diario, el 31 de diciembre quedaron sin efecto 4.500 contratos de la planta temporaria del municipio y el intendente, Julio Garro, anunció que no renovarían a 2.500 de ellos por ser “personas que cobraban sin ir a trabajar”:

La medida despertó críticas desde el Frente para la Victoria, que denunció que se estaban cometiendo “injusticias” con los trabajadores y que obedecía a un “achicamiento del Estado”.

Sin embargo, desde la nueva administración insistieron en que se está haciendo una revisión “caso por caso” y que esta semana se evaluarán en la Dirección de Personal que conduce Ileana Cid los contratos que quedaron afuera, por las dudas de que se hayan cometido probables injusticias.

El secretario general del municipio, Javier Mor Roig, denunció días atrás que sólo en el ámbito de su área encontró “más de 500 contratos de personas que cobraban pero no iban a trabajar”.

El funcionario había asegurado que esa cantidad de empleados que no prestan servicio “le cuestan a la Comuna unos 188 millones de pesos por año”.

Ezequiel Bértola