El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy al ex ministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich por administración fraudulenta. Es a raíz de la renegociación de los contratos de autopistas. Le trabó un embargo de 500 millones de pesos.

La medida se produjo luego de la indagatoria del viernes y en el día en que se le va a tomar indagatoria por videoconferencia al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne.

Este nuevo procesamiento se suma al que resolvió días atrás sobre el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel. Y también al ex Procurador del Tesoro durante el macrismo Bernardo Saravia Frías. A cada uno le fijó un embargo de 500 millones de pesos.

La denuncia tuvo origen en la investigación que hicieron los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau. Denunciaron no sólo las irregularidades de los contratos que vencían en 2030, sino también el pago de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas. Y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en la empresa Ausol a la firma Natal Inversiones.
La investigación es sobre los concesionarios de la autopista Panamericana y el Acceso Oeste.

El fallo

"Las pruebas resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes- públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso (tratativas para la renegociación del contrato) que tuvo como fin la firma de los Acuerdos de Renegociación Integral del Contrato de Concesión de Acceso Norte y de Acceso Oeste los que resultaron contrario a las normativas vigentes y perjudicial para la arcas del Estado", sostuvo el juez en su fallo.

Los acuerdos fueron suscriptos en 2018, entre Autopistas del Sol S.A, en Acceso Norte, y Grupo Concesionario Oeste S.A., de Acceso Oeste. Ambas representadas por Andres Barberis Martin y por el entonces Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Javier Dietrich.
"A todas luces, estos contratos transformaron el objeto por el cual , se iniciaron estas negociaciones, luego de la crisis del 2001. El fin era una reconversión del Plan Económico Financiero. Concluyeron en nuevos contratos de concesión con condiciones absolutamente favorables para las empresas concesionarias. Y dan cuenta de claras maniobras delictivas llevadas a cabo por los funcionarios públicos y empresarios intervinientes. Violando las leyes y normativas vigentes y persiguiendo fines de lucro, incumplieron el deber de resguardo y protección de los intereses del Estado Nacional. Esta función les competía a los funcionarios imputados, conforme el cargo público que desempeñaban", concluyó el magistrado.

Los funcionarios "fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes. Todas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios. Quebrando para ello la confianza depositada conforme la función pública que desempañaban y en palmario desmedro de las arcas del estado".